“Hace mucho tiempo tengo ganas de decir esto, los fiscales nos vimos sometidos a todo tipo de operaciones siniestras. Se desató un verdadero espionaje de las actividades sociales, académicas, personal, familiares, de todos los magistrados”, dijo el fiscal general Diego Luciani al referirse a los tres años que demandó el juicio contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad y que derivó en su primera condena por corrupción.

Habló ante medio centenar de fiscales y del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, sobre el caso. También se refirió a “los esquemas corruptos” que “prevalecieron desde el Estado”, los “mecanismos de impunidad pretendidos”, entre otros conceptos relacionados al expediente. Fue durante un encuentro con colegas, por el fin de año.

Por unanimidad, el 13 de noviembre la Sala IV de la Cámara de Casación confirmó las condenas de Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Daruich y Mauricio Collareda, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El máximo tribunal penal refrendó la hipótesis trazada desde la instrucción del expediente (realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques), hasta los alegatos del juicio a cargo del fiscal Diego Luciani: que los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de Báez en forma irregular, además tuvieron procesos direccionados hacia él, con simulación de concursos y sobrecostos. El amigo de la familia Kirchner se quedó con el 86% de las obras nacionales licitadas en Santa Cruz, la mitad de las cuales quedaron inconclusas pero igual se cobraron.

Los hechos juzgados refieren a los procesos licitatorios de las 51 obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, "en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional". Las obras fueron otorgadas sistemáticamente al Grupo Austral propiedad de Lázaro Báez: "Se puso el Estado en beneficio de un grupo económico con fuertes lazos comerciales con la entonces presidenta de la Nación", se indicó.

El funcionamiento de esa estructura, posibilitó que el grupo empresarial de Báez tuviera un "crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción". Austral Construcciones tuvo como único ingreso económico los fondos del Estado nacional y realizó, durante ese período, millonarios negocios privados con Néstor y Cristina Kirchner.

El dinero que se habría sustraído de las arcas públicas como resultado de la maniobra fraudulenta asciende a 84.835.227.378,04 pesos.

Toda esa estructura fue recordada por el fiscal general, Diego Luciani, responsable de intervenir en el juicio y solicitar la condena de la flamante presidenta del PJ Nacional. Habló durante el encuentro organizado por la Asociación de Fiscales, que convocó a medio centenar de fiscales y que tenía como eje principal, la lucha del Ministerio Público contra la corrupción.

Ante una auditorio encabezado por el Procurador Casal, jefe de todos los fiscales, Luciani manifestó un primer concepto: “La gran corrupción es uno de los grandes flagelos que sufre la Argentina, que erosionan instituciones democráticas desde hace por lo menos treinta años. Esto mientras los gobernantes corruptos se enriquecen a costa del sacrificio de las sociedades. Porque hay que decirlo muy claro: La gran corrupción es un atentado contra la democracia”.

En pocas ocasiones el fiscal general prestó atención a las anotaciones que tenía en frente. Puntualizó su exposición en lo que denominó “un caso emblemático de corrupción pública", y contó las dificultades afrontadas junto a su par, Sergio Mola, cuando se llevó a cabo el debate oral que se extendió durante más de tres años.

“Con la particularidad de este caso es que se desarrolló mientras la máxima responsable de la colosal defraudación al Estado era vicepresidente de la Nación. Es decir, con todo el poder político a su favor y obviamente en contra de nosotros”, expresó Luciani.

Frente a las autoridades de la Asociación, presidida por Ricardo Toranzos, y otros integrantes del Ministerio Público, Luciani señaló que en la acusación formulada, como en la sentencia del tribunal oral y también en la sentencia confirmada por la Casación “quedó demostrado que los condenados crearon un sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública en la provincia de Santa Cruz en la que se resquebrajaron y se violentaron todos los principios esenciales de la contratación pública”.

En ese momento indicó que en función de la “cuantiosa prueba analizada” tuvieron la certeza “de que los máximos responsables políticos del país crearon y mantuvieron durante doce años una estructura sistemática de corrupción”. Concatenó ese concepto a otro: “El fracaso del sistema corrupto en busca de impunidad provocó que el poder político utilizara otros medios inimaginados en democracia”.

Ante la sorpresa de algunos de los presentes, Luciani dijo: “Hace mucho tiempo que tengo ganas de decir todo esto. Hace mucho tiempo. Los fiscales nos vimos sometidos a todo tipo de operaciones siniestras. Se desató un verdadero espionaje de las actividades sociales, académicas, personal familiares, de todos los magistrados. Incluso hubo un diputado oficialista que apenas comenzó nuestro alegato, el mismo día, solicitó nuestras declaraciones juradas de bienes. Al parecer sólo encontró deudas porque no hizo nada con eso”, reveló.

Entonces, recordó otros hechos que transcurrieron durante el debate oral: “Parece que las declaraciones juradas eran algo importantes, porque se robaron declaraciones juradas de jueces. Vamos a recordarlo, hay que recordar estas cosas. Esto pasó hace poquito. Se hackearon teléfonos de magistrados y de fiscales. Se inició un juicio bochornoso contra los jueces de la Corte y algo similar se intentó hacer Procurador General de la Nación. Los ataques fueron tan graves que varios organismos internacionales alertaron sobre la hostilidad de ese gobierno contra el Poder Judicial, los fiscales y la prensa independiente”.

De forma enfática, el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) manifestó en el auditorio que esos no fueron los únicos acontecimientos que padecieron quienes llevaron el juicio de Vialidad adelante. "Los atropellos continuaron", señaló.

Amplió su planteo y contó que a principio de 2023 ocurrió un acontecimiento inédito la Secretaría de Derechos Humanos "que debiera concentrar todos sus esfuerzos en constatar cómo la corrupción se lleva puesta en los Derechos Humanos con el dinero de todos los argentinos, elaboró y distribuyó un folletín, un pasquín, no sé cómo llamarlo difundir esta mentira del para descalificar investigaciones y condenas por hechos graves de corrupción. Esto se trató ni más ni menos de una propaganda financiada por el Estado para defender a los corruptos. Algo nefasto. Todo el Estado todo puesto al servicio de la corrupción”.

Las acusaciones contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner continuaron. Luciani indicó que junto a Mola padecieron “intervenciones sistemáticas del presidente de la Nación, de sus ministros, entre ellos me acuerdo, el ministro (Martín) Soria, ministro de justicia, algunos gobernadores, jefes de gabinete que hoy son ministros en la provincia. Y otros funcionarios, una vergüenza. En especial durante los alegatos, yo, mi familia, el doctor Mola fuimos sometidos a todo tipo de operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos”.

En ese momento recordó las palabras del ex jefe de Estado que 48 horas después de los alegatos de la fiscalía, en un programa de televisión, “nos pegó donde más nos duele. Dijo que Nisman se suicidó, y espero que Luciani no se suicide”. La hipótesis investigativa es que a Nisman lo mataron. Cada uno saque sus conclusiones”.

Al avanzar en su exposición, remarcó que a pesar del escenario adverso, algo que calificó como “presiones (del poder político), operaciones mediáticas vergonzosas, intromisiones indebidas, presiones impensadas en democracia, yo tengo la necesidad de decirles que con mi equipo de trabajo nunca dudamos de lo que debíamos hacer. Nos mantuvimos firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones, nos aferramos a la prueba, nos aferramos a la ley, nos aferramos a la Constitución Nacional y no pudieron doblegarnos”.

Antes de concluir, se refirió a algunos de los eslabones del expediente penal. Señaló que, si bien en el proceso de juicio el Ministerio Público Fiscal se dirige al Tribunal y a las partes, dijo que “también le hablamos a la sociedad” y explicó que por ese motivo, lo hicieron con “un lenguaje claro” porque “queremos que la sociedad entienda lo que había sucedido durante doce años”.

Luciani ahondó en ese concepto y relató que era importante “mostrar las 24 rutas abandonadas, así mostramos el fabuloso perjuicio, las colosales ganancias de los corruptos que para dar una dimensión solamente, Lázaro Báez era un monotributista cuando terminó la gestión que le daba protección, cobijo impunidad había adquirido en tierras 420.000 hectáreas, eso es veinte veces la Ciudad de Buenos Aires, siete ciudades de Madrid, ahí vemos el colosal de fraude y el perjuicio para el Estado. Esto, sin contar más de mil bienes muebles, aviones, camiones, más de trescientos inmuebles. Esto de la corrupción”.