El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar denunció que la causa por la mansión en Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pasó a la justicia federal de Campana de una manera "sorprendente" que "sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad" del proceso.

Villar presentó este lunes un escrito en el que pidió que la causa salga del juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y sea investigada por el juez federal Daniel Rafecas, el primer magistrado del caso y que en diciembre pasado allanó la propiedad.

El fiscal general planteó varios argumentos. Uno de ellos fue cómo se inició el proceso para que el expediente vaya al juzgado de Campana. Explicó que la defensa de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte -formalmente los dueños de la propiedades pero sospechados de ser testaferros- envió un correo electrónico al juzgado de Campana.

"Es decir, no existía una causa previa a ese correo electrónico, donde se ha visto que una causa se inicie de esta forma, que dicho sea de paso no es ninguna de las formas de iniciación del Libro II, Título I del CPPN, no es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia", resaltó Villar.

El correo fue enviado por el abogado Mariano Morán el lunes 29 de diciembre del año pasado a las 08:14 horas junto con dos documentos, uno de ellos el pedido para que la causa pase al juzgado de Campana. A las 8:24 y a las 9:45 el juez González Charvay firmó el ingreso del planteo para darle trámite.

El fiscal Villar señaló que ese pedido debió ser presentado ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien entonces tenía la causa y avanzaba sobre la AFA y la hipótesis de que la propiedad de Pilar -valuada en 17 millones de dólares- se compró con fondos de la entidad.

"Es por esto que se postula la invalidez de la decisión recurrida por carecer de sustento legal y por afectar el principio de juez natural y atentar contra una recta e igualitaria administración de justicia", señaló para pedir que la investigación salga del juzgado de Campana.

Si la causa continúa en ese tribunal "sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad de la atribución de causas poniendo en jaque un principio constitucional como es el del juez natural", dijo el fiscal y agregó que las reglas de la competencia de una causa son "para asegurar la objetividad y transparencia y, sobre todo, para evitar cualquier apariencia de arbitrariedad, manipulación o direccionamiento en la asignación particular de casos a los jueces".

"Resulta tan sorprendente comenzar una causa con un correo electrónico proveniente de una persona sindicada, prima facie como testaferro, para así poder canalizar una cuestión de competencia en esa sede y querer con ello absorber la causa de otra jurisdicción territorial donde realmente había una causa penal en curso y avanzando con medidas de prueba trascendentes, que amerita volver a destacarlo", concluyó Villar.

La causa pasó a Campana con el argumento de que ese juzgado tiene jurisdicción en Pilar, donde está la propiedad. También que la AFA alega que tiene su sede en ese municipio pero asentada en un baldío y todavía no reconocida oficialmente.

La discusión por donde debe investigarse el caso llegó a Casación. Villar presentó este lunes un escrito donde sostuvo ese argumento pero también que hay otros elementos para señalar que el caso corresponde a la justicia de la ciudad de Buenos Aires y concretamente al fuero federal. Por eso planteó que debe ser el juez Rafecas quien tenga el expediente. En caso contrario, solicitó que vuelva al magistrado Aguinsky.

El escrito se presentó en el marco de una audiencia que Casación suspendió hasta tanto resuelva la recusación de una de las integrantes de la Sala I del tribunal que debe resolver el planteo, la jueza Ángela Ledesma.