El hábito no se ha alterado desde que la Argentina recuperó la democracia: el funcionario que se instala en Balcarce 50 de la mano de una nueva administración suele colgar en la pared, detrás de su sillón, un cuadro con el retrato del Presidente del día de la asunción. Pasó con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, incluso algunos llegaron a poner la foto de Duhalde durante su corta estadía en el poder, y la costumbre continuó con Kirchner, Cristina, Macri y Alberto Fernández. Quizá Milei termine siendo la excepción. En los despachos de la Casa Rosada aún no se ve su foto con la banda presidencial. Algunos ministros pidieron la foto enmarcada de Alberdi y otros la de Sarmiento. Por ahora, esperan: los despachos prescinden de decoración y resuena el eco de las voces. “Todavía nos estamos acomodando. Esto es un huracán permanente y solo tenemos una prioridad”, dice uno de los integrantes del Gabinete.

Veintiún días pasaron desde el adiós de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. La prioridad, según el primer mandamiento de Milei -que todos los ministros repiten, aun con micrófonos apagados-, pasa por impedir que la herencia inflacionaria, que desde el 10 de diciembre se agudizó por el fin del control de precios y de la inflación reprimida, derive en una hiperinflación. Ese fantasma cruel se mantiene. Por momentos, cuando se caminan los pasillos, hay optimismo; en otros, se viven tiempos de incertidumbre. Solo se oye: no hay plata, no hay otra alternativa, no hay financiamiento, no se va a emitir para financiar el déficit y habrá responsabilidad monetaria y cambiaria.

“Ni aun con todo esto que estamos haciendo sabemos si va a alcanzar para frenar la híper”, se sinceran en la cúspide de la Casa de Gobierno. La inflación de diciembre se prevé entre 27 y 30%; la de enero podría ser mayor y febrero asoma como un enigma; si no hubiera un respiro en marzo o abril, la situación podría volverse dramática. Los sueldos quedarían demasiado rezagados y las calles podrían ser una pesadilla.

El primer mandatario irrumpió en la escena con una fortaleza importante que obtuvo de las urnas y una debilidad notable, inédita, en el Congreso. Su respuesta fueron tres medidas de shock que apuntan a mostrar un cambio de régimen, ya no de gobierno, y a la construcción de un liderazgo potente, cuasi desafiante para las instituciones.

Primero fue el anuncio económico de Luis Caputo: entre otras medidas, se achicaron los ministerios y las secretarías, se determinó el fin de la obra pública y del envío de fondos discrecionales a las provincias, se devaluó el peso a 800 por dólar y se redujeron los subsidios a la energía y al transporte. Segundo, el Decreto de Necesidad y Urgencia: son 366 artículos a través de los cuales se anularon normativas como la Ley de Alquileres y la Ley de Abastecimiento, se liberó el precio de las prepagas y se habilitaron las privatizaciones de empresas estatales. Tercero, el paquete de leyes, que acaba de llegar al Congreso: el Ejecutivo propone un blanqueo, retenciones al campo, un nuevo sistema electoral con la eliminación de las PASO y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Las tres iniciativas apuntan a desregular por completo la economía, pero a la vez impulsan un fenomenal ajuste del gasto, estimado en 5 puntos del PBI, unos 25 mil millones de dólares, que podrían generar una recesión acaso letal para los 44,7% de argentinos pobres -según el Observatorio de la UCA- y para un alto porcentaje que hace malabares para no caerse del sistema. La oposición, la CGT, la CTA y los piqueteros de izquierda se preparan para la resistencia. Ya empezaron: la semana pasada hicieron marchas en el Microcentro y, el miércoles último, hubo una movilización a Tribunales para exigir un fallo en contra del DNU.

La medida más extrema se anunció para el 24 de enero: un paro nacional, el más veloz frente a una nueva administración (se cumplirán 44 días cuando ocurra), que enciende muchas alarmas sobre cómo será la convivencia entre los gremios y una gestión liderada por La Libertad Avanza, una fuerza sin experiencia, que no es peronista ni radical y que ni siquiera quiso integrar el PRO.

Los antecedentes no ayudan. En los últimos 40 años hubo 42 paros: 16 durante mandatos peronistas, que transcurrieron durante 27 años, y 26 huelgas en períodos no peronistas, que se desarrollaron en el curso de 12 años.

En la intimidad de un almuerzo, el viernes, Milei calificó la medida de la CGT como irracional. Dijo que los conductores de la central sindical no estudiaron los alcances del DNU y vaticinó que quedarán expuestos frente a la sociedad. Aun así, deja la puerta abierta al diálogo con los sindicalistas y sostiene que el decreto pasará el filtro del Congreso, que la mayoría lo dejará correr para que quede firme. ¿Y si no? Amenaza con un plebiscito, aunque en el encuentro del viernes intentó quitarle dramatismo a su advertencia mediática.

El almuerzo terminó de manera abrupta cuando entró Karina Milei y le preguntó a su hermano si tenía el DNI encima para viajar en avión de línea a Mar del Plata. Milei abandonó la comida para ir a buscarlo al hotel Libertador. “Además, me quiero ir a poner un traje para ver a Fátima”, dijo.

En el entorno presidencial sostienen que los gestos de autoridad deben darse todos juntos y al principio. Que hay que aprovechar la popularidad que aún mantiene su jefe, pese a que muchas iniciativas oficiales ya impactan en los bolsillos. En la reunión de Gabinete del martes se dijo, al pasar, que en las mediciones que tiene en poder Santiago Caputo, el gurú mileísta, la imagen positiva está cercana al 70 %. Remarcan que al Parlamento se le hará difícil ir en contra y que a ningún presidente le han objetado los DNU. ¿Y si al decreto lo frenara, al final del camino, la Corte Suprema? Por ahora, no hay alusiones. Solo silencio.

El máximo Tribunal del país no habilitó la feria judicial para tratar el caso, pero giró el tema al procurador general provisorio de la Nación, Eduardo Casal, antes de decidir si aborda la cuestión. El peronismo y los gremios van a machacar sobre la inconstitucionalidad del DNU mientras dure la feria judicial. La marcha a Tribunales fue solo una muestra. Aquella movilización contó con la presencia de un nutrido grupo de diputados y senadores del PJ. Posaron para la foto con un cartel que decía: Patria-SI, Colonia-NO. Varios de ellos se preguntaron por qué no estaban Máximo Kirchner, que presidente el PJ bonaerense, ni Mariano Recalde, jefe partidario en territorio porteño.

También estuvieron ausentes muchos legisladores camporistas y varios massistas, como Cecilia Moreau. “Cristina dio la orden para que no fueran”, revelaron en el bloque kirchnerista. La ex presidenta pretende darle aire a Milei. Sospecha que la realidad será pronto tan acuciante que no es necesario empujar más la crisis.

Estrategia y especulación, pero no solo eso. Cristina siente algo parecido al agradecimiento con el Presidente por dos motivos. Uno: ella pidió tener la última palabra sobre su custodia personal y que la decisión no quede a tiro del dedo de Patricia Bullrich. Dos: Cristina celebró que, en su discurso inaugural, el jefe de Estado dijera que la corrupción era un tema de la Justicia y que él no venía a perseguir a nadie. No es mucho, pero es más de lo que habría obtenido, por ejemplo, si Bullrich hubiera ganado las elecciones.

A diferencia de Alberto Fernández, que fue retratado el miércoles en un banco de Madrid mientras abría una cuenta, la ex presidenta no se muda, no piensa en viajes y no abandona la política. La jubilación puede esperar.