El Gobierno de Javier Milei expresó su "enérgico rechazo" a la reciente publicación de la guía "Haciendo negocios con las Islas Malvinas", un documento que el Reino Unido difundió con un fuerte respaldo a las empresas que operan en el archipiélago. La Cancillería reiteró que esas "actividades comerciales e hidrocarburíferas" son "ilegítimas" y dijo que "ninguna guía gubernamental extranjera" puede ubicarse por encima del derecho.

El comunicado del ministerio que encabeza Pablo Quirno señala que la República Argentina “reafirma categóricamente" que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur "forman parte del territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados” por la administración británica.

En el escrito apuntaron en particular contra "las licenciatarias ilegítimas" Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Lp (de origen israelí) sobre el proyecto "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte. Sobre las sanciones anunciadas en los últimos días, remarcaron que el Gobierno Nacional "profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos".

En esa línea, indicaron que la Cancillería citó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para entregarles notas de protesta formal “tras la pretendida Decisión Final de Inversión” por parte de las firmas involucradas en la operatoria.

"Tal como fue ratificado por el Presidente de la Nación, Javier Milei", siguió el comunicado, "el Estado argentino advierte con absoluta claridad que la legislación nacional se aplicará con todo su rigor".

Y añadió: "Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".

En tanto, ratificaron la "disposición al diálogo constructivo y sustantivo" para reanudar las negociaciones y avanzar hacia el fin de "la anacrónica situación colonial" que permita resolver el conflicto sobre los espacios en disputa.

En esa sintonía, recordaron que el Gobierno "agotará todas las instancias para defender sus derechos soberanos y asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal los recursos naturales respondan ante la ley".

El documento que el Reino Unido difundió este martes sostiene que "el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas y celebra el interés y la participación continuos del sector privado” en el archipiélago.

“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sentencia.

Además, reafirma que las islas "son un Territorio Británico de Ultramar" y que no tienen "ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes".

"No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen", indica el texto, donde insisten en que están "comprometidos con apoyar el derecho de los habitantes de las Islas a la autodeterminación”.

La Cancillería argentina manifiesta su más enérgico rechazo a la reciente publicación de la guía británica "Haciendo negocios con las Islas Malvinas", mediante la cual el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido.

Asimismo, en consonancia con los continuos anuncios de las licenciatarias ilegítimas Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Lp (de origen israelí) sobre el proyecto "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte, el Gobierno Nacional profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos.

Tras la pretendida "Decisión Final de Inversión" por parte de las ilegítimas licenciatarias, la Cancillería argentina citó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacer entrega en mano de notas de protesta formal. En dichos encuentros se repudió enfáticamente el avance del proyecto "Sea Lion" y la totalidad de los actos conexos, incluyendo la emisión de normativas ilegítimas, las pretendidas licencias unilaterales, los llamados a contratar proveedores y las guías o incentivos comerciales por parte del Gobierno británico.

Estas acciones unilaterales británicas vulneran abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la República Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas mientras esté pendiente la solución pacífica de la disputa de soberanía. Se trata, además, de actos de efectos futuros potencialmente irreversibles que comprometen recursos no renovables que pertenecen a la Nación Argentina.

Tal como fue ratificado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, en su mensaje por Cadena Nacional y formalizado a través del Decreto N° 868/2026 y los Comunicados Oficiales N° 158, 160, 161, 162 y 163 de la Oficina del Presidente, el Estado argentino advierte con absoluta claridad que la legislación nacional se aplicará con todo su rigor.

El marco normativo vigente en particular las Leyes N° 26.659 y 26.915, reforzadas por el Decreto N° 868/2026- sanciona de manera severa a cualquier empresa, inversionista o proveedor que directa o indirectamente intervenga en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Gobierno nacional en la Plataforma Continental Argentina. Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En esa línea, la Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas localizadas en 30 países, ha iniciado 60 procedimientos administrativos, así como también el Sr. Canciller ha realizado tres denuncias penales que abarcan a 10 compañías y a sus directivos.

La República Argentina reitera su disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con la Resolución 2065 (XX) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU.

Finalmente, se le recuerda a todas aquellas empresas e individuos que persistan en entablar vinculos comerciales con las Islas Malvinas en ausencia de las correspondientes autorizaciones por parte de la autoridad argentina competente, que el Gobierno de la República Argentina agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales a su alcance para defender sus derechos soberanos y asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal nuestros recursos naturales respondan ante la ley.

Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas.