Un total de 191 coimas se leyeron este martes, en la audiencia del Juicio Cuadernos, atribuidas a Cristina Kirchner en el marco del expediente conocido como la “Camarita”, donde se investigó la cartelización de la obra pública vial. A lo largo del octavo encuentro, siempre de forma virtual, se dio lectura a las acusaciones en este tramo donde una de las confesiones clave fue la de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción. Detalles de los porcentajes, el circuito de cobro, las órdenes de los Kirchner, a cuánto ascendían los cobros ilegales, son parte de los aspectos centrales de la estructura criminal.

Este martes se reanudó el juicio de los Cuadernos que hasta el 18 de diciembre continuará bajo la modalidad virtual. Se estima que para entonces, concluirá esta primera etapa de lectura de los requerimientos de elevación a juicio: la maniobra investigada y el rol de cada uno de los 86 imputados.

Las acusaciones que se comenzaron a escuchar en el transcurso de la octava audiencia, refieren al tramo conocido como la “Camarita”, es decir: el mecanismo que posibilitó la cartelización de la obra pública vial, que estiman llegó a mover más de 30 millones de dólares.

En este expediente que cuenta con 51 imputados y 191 hechos de cohecho activo y pasivo investigados, hubo tres pilares que posibilitaron desentrañar el circuito de sobornos alrededor de la Cámara de la Construcción. Se trata de los aportes del ex secretario de Obras Públicas, José López, el financista K, Ernesto Clarens y esencialmente, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner.

El dueño de ESUCO SA dio detalles respecto a contó a cuánto ascendían los retornos que pedía el gobierno kirchnerista.

El caso conocido como “Camarita” se inició el 22 de agosto de 2018 como un desprendimiento del expediente principal n° 9.608/2018, “tras reunirse elementos que sustentaran que la asociación ilícita también había operado en los rubros específicos de obra pública civil, energía y transporte”.

A raíz de esa identificación, se formaron distintos legajos con el objeto de “profundizar la investigación respecto de cada una de esas hipótesis fácticas”. Todo lo investigado de forma conexa guarda relación con la “causa madre”, que es la estructura y funcionamiento de la asociación ilícita que, encabezada por Cristina Kirchner, operó desde 2003 y 2015 dedicándose al cobro de fondos ilegales.

Bautizada por los imputados colaboradores como la “Camarita”, el expediente se formó en tenor de la obra pública civil y la maniobra de corrupción se pudo reconstruir gracias a los aportes realizados por distintos imputados colaboradores, “quienes hicieron referencia al modo implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector”.

Las voces de los arrepentidos coincidieron a la hora de describir la existencia de un circuito de sobornos desde la Cámara de la Construcción. “Refirieron que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra”, se escuchó a lo largo de la audiencia.

Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que el anticipo financiero era “normalmente del 10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno. A veces, el 3% si la obra no tenía anticipo financiero contra los certificados de obra”.

Cuando ese valor se fijaba, el presidente de la Cámara se lo pasaba a José López y él, a su vez, “se la pasaba a la gente de vialidad para que lo incluyan en el listado del próximo mes. El listado que me pasaba la gente de la DNV era un listado de certificados de obra ejecutado por las empresas y que se adeudaba. El porcentaje del 3% era un acuerdo que tenían con Clarens”.

Según la confesión de Carlos Wagner, uno de los pilares de este expediente, “la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador de la licitación”.

En la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se escucharon más detalles sobre el mecanismo de recaudación de fondos ilegales instaurado. Se explicó, entonces, por qué el nombre de la “Camarita”.

Se reunía un grupo reducido de empresarios en un lugar determinado, “entre esos lugares estaba la Cámara de Empresas Viales”. Clarens dijo que consistía en un “sistema de cartelización de obras donde se acordaba con los empresarios los proyectos a adjudicar y el monto y porcentaje que debía abonarse al respecto”.

En función de los datos aportados y las medidas de prueba impulsados, la justicia federal determinó que “existió un sistema por medio del cual la organización criminal recaudó dinero de modo ilegítimo mediante la cartelización de la obra pública”.

Se acusó a Wagner de haber sido el responsable de “diagramar el funcionamiento y poner en práctica el sistema de recolección ilegal en el ámbito de la Cámara Argentina de Empresas Viales”. El esquema consistía en nominar a las empresas postulantes que podían llegar a ganar una licitación aun sin contar con los requisitos legales establecidos.

En ese marco, se le imputó al ex presidente de la Cámara de la Construcción, “participar y orquestar la estructura para facilitar la selección directa de determinadas empresas, dejando de lado las vías administrativas que debían cumplirse”. El procedimiento era garantizado por Wagener y con ese mecanismo también se determinaban los pagos ilegales que las empresas debían hacer.

Un rol clave fue el que desempeñó el financista K, Ernesto Clarens. Era quien recibía directamente los pagos provenientes de empresas del rubro de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para poder girarlos luego a los destinatarios finales.

En su confesión Clarens manifestó: “las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”.

Una de las veces en la que declaró Ernesto Clarence, sostuvo que “La Camarita, es decir la Cámara Argentina de Empresas Viales, mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las obras licitadas, en cada renglón consta una obra, de allí surge la fecha, el número de licitación, la obra licitada, el presupuesto oficial, la empresa adjudicataria y el monto ofertado, en la columna siguiente el porcentaje de sobreprecio, los renglones que tienen un símbolo azul es porque esas obras se adjudicaron competentemente”.

Había un segundo listado correspondiente al “ranking de las empresas cartelizadas. Los funcionarios no controlaban mucho salvo que hubiera un adelanto financiero. Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del 20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a la empresa ese porcentaje en cuotas”, leyó el secretario del TOF 7.

Con el devenir de la audiencia los acusados comenzaron a escuchar, en primer término, la lectura de los cohechos activos. Es decir: los sobornos que pagaron los diferentes empresarios vinculados a la “Camarita”.

Para finalmente, dar lugar a la lectura de la siguiente acusación: los cohechos pasivos, esto es, las coimas que recibieron los funcionarios públicos.

Una misma expresión se reitera a lo largo del requerimiento de elevación y se observa en 60 páginas: “Se ha acreditado en autos que Cristina Fernández, por entonces Presidente de la República Argentina; Julio De Vido, otrora Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, intervinieron, en carácter de coautores, en la recepción de una suma de dinero que fue entregada a Ernesto Clarens, como interpósita persona, por…”, y allí durante varios minutos iba variando el nombre del empresario.

La finalidad de los sobornos que pagaban los dueños de diversas compañías, tenía como finalidad que “los funcionarios que integraron la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa”.

A la ex Presidenta, en este expediente, se le atribuyen 191 hechos de cohecho pasivo al igual que a De Vido y a José López.