La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, se pronunció sobre el caso Hotesur-Los Sauces y confirmó lo dicho por la instancia anterior: Cristina y Máximo Kirchner deben ir a juicio oral, acusados de operaciones de lavado de dinero a través de las empresas familiares, en las que intervino -entre otros- Lázaro Báez. El máximo tribunal rechazó los planteos con los que la ex vicepresidenta pretendía evitar estar sentada, una vez más, en el banquillo de los acusados. Durante la instrucción del caso, la Justicia dijo que tanto la firma hotelera como la inmobiliaria sólo fueron “pantallas para el blanqueo de activos”.

En la cuenta regresiva para el inicio de la feria judicial de verano y el cambio de conformación de la Corte, Cristina Kirchner recibió otro adverso fallo.

El 18 de septiembre de 2023, la Casación Federal ordenó reabrir los casos Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (firma inmobiliaria) que se tramitan unificados, lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner a afrontar el juicio oral por los delitos de asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero. La única sobreseída en estos expedientes fue Florencia Kirchner.

En medio de esa discusión, el abogado Carlos Beraldi llegó ante la Corte Suprema para revertir la decisión que obligaba a Cristina Kirchner a afrontar un nuevo juicio oral y público por presuntos hechos de corrupción.

Al igual que en el caso conocido como Pacto con Irán, el máximo tribunal integrado por su presidente, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que no se está ante una sentencia definitiva, motivo por el cual el recurso extraordinario que se presentó fue rechazado.

Con la firma de los cuatro miembros del máximo tribunal, el fallo al que accedió Clarín sostiene: “La defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes".

Bajo ese criterio, los jueces señalaron que la sentencia apelada "no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”.

Para llegar a esa conclusión, se recordó que la apelación para ser considerada, debe contar con un "relato prolijo de los hechos de la causa", con una "crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna”, nada de eso logró la presentación de Cristina y Máximo Kirchner.

Esa determinación deja firme lo manifestado por la Sala I de la Casación -conformada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña-: Hotesur-Los Sauces debe reabrirse y todos los acusados comparecer ante un Tribunal de juicio.

Pero por sobre todos los planteos se cuestionó que la Sala I haya firmado las resoluciones sólo con los votos de Petrone y Barroetaveña, en referencia a la ex jueza Ana María Figueroa, quien cumplió la edad límite que fija la Constitución el 9 de agosto de 2023, cuando resolvió dejar de firmar sentencias pero no abandonó su cargo. El 6 de septiembre de ese año, la Corte ordenó el escenario: en una acordada indicó que Figueroa había cesado en sus funciones el día de su cumpleaños.

Sin embargo, una semana después el kirchnerismo en el Senado desafió a la Corte y aprobó un nuevo pliego para la ex jueza. Eso fue planteado en la apelación de Beraldi para que no se haga el juicio de Hotesur-Los Sauces.

Dichos argumentos fueron desestimados por la Corte Suprema, que consideró que no se cumplían con los requisitos impuestos en el Código Procesal Penal para interponer el recurso en ésta instancia.

En duros términos el máximo tribunal se refirió a los argumentos de la defensa de Cristina Kirchner, sostuvo que los agravios expuestos se realizaron bajo "una aseveración genérica sin referencias concretas a este trámite que permitan su consideración". Además, señalaron, que la apelación no fue formulada en "forma independiente y concreta sino articulado como una mera consecuencia que naturalmente se sigue de lo resuelto, esto es, la continuación del proceso", de cara al juicio oral.

Por otro lado, se hizo referencia a la queja de Cristina Kirchner sobre la presunta "gravedad institucional" cometida en la decisión de reabrir la causa y realizar el juicio oral. La Corte le recordó que "no toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional".

En este caso, se indicó que el abogado Beraldi no "elaboró prolijamente por qué la decisión" de revocar el sobreseimiento "y continuar con el proceso tendría un efecto que excedería el interés de las partes y alcanzaría a la comunidad toda o afectaría las instituciones básicas de la Nación, tal como exige la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia".

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) pero sin la intervención de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, quienes habían sobreseído a la ex vicepresidenta sin hacer el juicio. Sólo se mantuvo a la jueza Adriana Pallioti y fueron sorteados los magistrados José Michilini (que sobreseyó a Cristina en el Pacto con Irán) y Nicolás Toselli.

El fiscal general Diego Velasco será el acusador en el juicio. Fue resultado de su apelación sostenida ante la Casación por su par Mario Villar, lo que condujo a la reapertura del expediente.

El expediente investiga una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación, tanto la inmobiliaria Los Sauces como la firma hotelera Hotesur nunca tuvieron un giro comercial genuino sino que se utilizaron como “pantallas societarias”, para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.

En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la Justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos, valores al año 2015.

La acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para "devolver" a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuya sentencia condenatoria contra Cristina, Báez y los demás acusados fue confirmada este año por la Cámara de Casación.

Cristina y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas. El año pasado, la Casación sobreseyó a la joven.

A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de un intercambio cuestionable entre un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.

Entre los imputados que comparten ambas investigaciones, ademas de Báez, se encuentran Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.