La confirmación por parte de la Cámara de Casación de la condena contra Cristina Kirchner por hechos de corrupción podrá ser apelada por las defensas y también por el Ministerio Público Fiscal. El primer plazo vencía esta semana, más precisamente, el 28 de noviembre. Sin embargo, un pedido de Lázaro Báez y otros acusados terminó favoreciendo a la ex vicepresidenta: se concedió una prórroga hasta el 17 de febrero como fecha límite. Eso retrasa la llegada del caso ante la Corte Suprema, donde se comenzará a analizar el caso después de junio, cuando el año electoral ya esté en curso.

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, informó en Comodoro Py que apelará el fallo del máximo tribunal penal que confirmó la acusación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado con una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Antes de que formule su presentación, Báez condenado en este expediente con la pena máxima como su ex socia comercial, pidió una prórroga para presentar apelar la resolución.

La Sala IV que analizó la sentencia de juicio y por unanimidad confirmó la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), resolvió conceder una prórroga de 30 días hábiles. Eso coloca en el calendario judicial el 17 de febrero como última instancia para que las once defensas de los imputados y el Ministerio Público Fiscal, representado por Mario Villar, presenten sus recursos de apelación.

“Atento a lo expresamente solicitado por las defensas particulares de Nelson Periotti, Raúl Gilberto Pavesi, Lázaro Antonio Báez, Juan C. Villafañe, José Santibañez y Raúl Osvaldo Daurich, considerando las particularidades del caso y con el objeto de garantizar de la mejor manera el derecho de defensa en juicio, concédase a todas las partes una prórroga por el término de 30 días hábiles a contar desde su vencimiento original”, sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

Cuando se concede una prórroga la misma corre para todas las partes, por eso, al ser requerida por Lázaro Báez -y otros cuatro acusados más-, los nuevos plazos comenzaron a correr tras las resolución firmada por el camarista Gustavo Hornos, quien presidió el acuerdo en la Cámara de Casación que confirmó la sentencia acusatoria.

Los treinta días hábiles vencen a mediados de febrero y eso dilata aún más los plazos para que este expediente ingrese a la Corte Suprema de Justicia, que es la única instancia que dará firmeza -o no-, al fallo, lo que significa su cumplimiento efectivo.

Si bien las apelaciones obtuvieron un nuevo plazo, lo que será impostergable es el planteo de la Sala IV para que este lunes Cristina Kirchner se presente en Comodoro Py para notificarse del fallo que confirma la sentencia acusatoria. Así lo resolvió el máximo tribunal penal en la extensa resolución de 1.542 páginas: en el último artículo se dispuso notificar a todas las partes de forma presencial. A la ex vice le dieron 72 horas para que cumpla con lo mencionado.

En cuanto al nuevo calendario que rige en la causa Vialidad, si se presentan todos los recursos extraordinarios en febrero, considerando que la Sala IV integrada por los jueces Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, podría rechazarlos. Eso significa que correrán nuevos plazos para ir en queja ante el máximo tribunal.

“Si esa instancia se concede teniendo en cuenta los nuevos plazos, las presentaciones ante la Corte Suprema serán en junio cuando se esté ingresando a la feria judicial de invierno”, explicó una fuente judicial a Clarín. Eso determina que hasta agosto no comenzará a circular entre las vocalías del máximo tribunal la confirmación de la condena por corrupción que pesa sobre Cristina Kirchner.

Al respecto, el primer interrogante que varios exponen en Comodoro Py, es ¿qué Corte analizará el caso? Para el 2025 se sabe que el ministro Carlos Maqueda ya no estará en su despacho, puesto que se jubila en diciembre de este año. Es esa vacante la que el presidente Javier Milei pretende cubrir con la nominación de Manuel García - Mansilla.

Sin embargo, en el Congreso las negociaciones son amplias entre el kirchnerismo y los libertarios para que se obtengan los dos tercios que se requieren para aprobar el pliego de un integrante para la Corte. En este caso, son dos: García-Mansilla y Ariel Lijo el más discutido por ciertos sectores de la oposición.

Si la cuenta no da -esto es, la mayoría especial-, Milei no descarta una designación por decreto de los miembros del máximo tribunal. La otra posibilidad es una negociación en la que el kirchnerismo no descarta una ampliación de la Corte, lo que implica la designación de cortesanos afines a ese espacio político.

Mientras ese debate está latente, los plazos judiciales corren -por ahora- a favor de Cristina Kirchner. En caso de que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúen vigentes como sistema electoral para el próximo año, donde se renuevan 24 bancas en el Senado de la Nación y 127 en la Cámara de Diputados, en mayo vencen los plazos para la presentación de la lista de precandidatos ante la Junta Electoral Partidaria.

Antes de esa fecha no hay posibilidades materiales de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la sentencia condenatoria que señala a Cristina como responsable de haber defraudado al Estado en 85.000 millones de pesos, al haber “priorizado el interés personal sobre el resguardo de los intereses” que le fueron conferidos al asumir la presidencia de la Nación.

Hasta que el fallo no tenga la confirmación por parte del máximo tribunal, el mismo no comienza a ejecutarse, es decir, no es de cumplimiento efectivo. En este expediente se le otorgaron seis años de cárcel a la ex Presidenta y una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Con la prórroga concedida por la Cámara de Casación, el calendario electoral juega a favor de Cristina siempre y cuando el Congreso no convierta en ley el proyecto de Ficha Limpia, que sostiene que una persona con una condena por corrupción con doble conforme (la sentencia de justicia y una confirmación por la instancia superior que es la Casación) no puede ser candidata a cargos públicos.

Así, el calendario judicial puso como fecha límite el 17 de febrero. La prórroga es algo que el Código Procesal Penal contempla, sobre todo en expedientes de gran envergadura, como los es la causa Vialidad. De allí en más, el avance de los plazos no interrumpen ninguna pretensión que la ex vicepresidenta posea de participar en los próximos comicios. Esa decisión irrumpe en su teoría sobre un fallo judicial dictado para proscribirla.

La sentencia fue revisada por la Cámara de Casación que confirmó que con “grado de certeza, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

En otros términos, los magistrados indicaron ex funcionarios de Vialidad nacional como la agencia provincial, “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”.

El voto unánime fue para confirmar las penas sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los acusados. Por ese motivo, la Cámara de Casación revisará la sentencia condenatoria. El voto minoritario del camarista Gustavo Hornos, al igual que el juez Andrés Basso -integrante del TOF 2-, consideró que la ex vice debía ser acusada como jefa de una asociación ilícita.

La fiscalía, representada ante el máximo tribunal penal por Mario Villar, está convencida que durante el período en el que -a criterio de la Cámara de Casación-, operó una “maquinaria de corrupción”, funcionó “una asociación ilícita”. Así lo manifestó cuando sostuvo los argumentos de su par de juicio, Diego Luciani.