Después del fallido intento de Cristina Kirchner de suspender las audiencias ante la Cámara de Casación, que se ocupará de analizar la condena que recibió a seis años de prisión en el caso Vialidad, este jueves la jornada comenzó con la ex posición del abogado Carlos Beraldi, quien reiteró el pedido de absolución de la ex vice.

El 6 de diciembre pasado, el Tribunal dispuso condenar a Cristina Kirchner a seis años de prisión por encontrarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Tras conocerse los fundamentos del Tribunal, el abogado Beraldi dijo que los argumentos “incurren en gravísimas irregularidades desde el punto de vista de la aplicación del derecho procesal y violaron todo tipo de garantías procesales”.

En ese contexto, la sentencia condenatoria fue calificada por el letrado de la ex mandataria como un “acto de arbitrariedad monumental”. \'Lo que pedimos a la Cámara de Casación, “es que corrija todos esos vicios porque es una sentencia arbitraria, y pedimos que absuelva a Cristina Kirchner”, indicó Beraldi.

La novedad de las últimas horas (y como anticipó CFK en sus redes sociales) fue la presentación de un \'dictamen\' que realizó el jurista Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro de Javier Milei, que justificaría su falta de responsabilidad respecto de los posibles delitos cometidos por funcionarios de su gobierno.

La audiencia de este jueves, es la tercera de las seis que fijó la Sala IV de la Casación Federal, al término de las cuales estará en condiciones de pronunciarse sobre la sentencia que en diciembre de 2022 dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), y que le valió a la ex presidenta y vicepresidenta su primera condena en un caso de corrupción. Por unanimidad los jueces le atribuyeron el delito de administración fraudulenta con una pena de prisión de seis años y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

En este caso se analizaron las 51 licitaciones viales que entre 2003 y 2015 recibió Lázaro Báez, convirtiéndose en el adjudicatario del 86% de los contratos que el gobierno nacional volcó en suelo santacruceño. Los mecanismos se reiteraron durante los doce años: direccionamiento de las licitaciones, pagos anticipados indebidos, modificación de los plazos de obra incrementando los costos, sumado a un circuito de pagos exclusivos y una permanente omisión de los organismos de control.

Para Cristina Kirchner , los fundamentos de la sentencia son “absolutamente arbitrarios y desprovistos del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”. Su abogado defensor manifestó a través de la apelación que la ex vice es “la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina”.

Entre los argumentos expuestos por Beraldi y anticipados por la ex vicepresidenta en sus redes a horas del inicio de la audiencia, se encuentra el Dictamen Experto Legal que solicitó al Dr. Rodolfo Carlos Barra sobre las responsabilidades de la Presidencia de la Nación en materia de control o supervisión en los procesos licitatorios de obras públicas de la Dirección Nacional de Vialidad, así como también sobre la legalidad del decreto 54/2009”.

Esta normativa, según la acusación durante el juicio oral, fue dictada por Cristina Kirchner incorporando a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 “pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez”.

La fiscalía a cargo de Diego Luciani expuso en su alegato, que de allí se destinaron fondos bajo un sistema irregular para financiar obras que el Grupo Austral no concluyó, sumando a la maniobra defraudatoria que ocasionó un perjuicio al Estado, según la sentencia condenatoria, de 80.000 millones de pesos.

Para la ex presidenta y vicepresidenta, responden a “supuestos de la sentencia que me proscribió en 2022\'.

En el anticipo que realizó en sus redes sociales, Cristina Kirchner recordó que Barra fue designado por el presidente Javier Milei como Procurador del Tesoro de la Nación, es decir: el jefe de todos los abogados del Estado y el responsable de velar por los intereses del mismo. “Es tal vez el mayor experto en materia de Derecho Administrativo del país y, además, ha participado y participa de espacios políticos de los que siempre he sido opositora\', señaló la ex vice.

En lo que Cristina Kirchner califica como \'una verdadera pieza del derecho\'; Barra atribuye al Jefe de Gabinete \'la competencia constitucional para ejercer la administración general del país y ejecutar el presupuesto nacional,\' recuerda que la Dirección Nacional de Vialidad \'es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucciones directas del Presidente\', y concluye que \'no hay responsabilidad penal objetiva del Presidente por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras\', ya que \'el Congreso y la Auditoría General de la Nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión, respaldando la legalidad\'.

Por eso concluyó que “el Presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso, ya que es ajeno a la administración general, función a cargo del Jefe de Gabinete\'.