En una intervención que se asemeja a un conflicto de poderes, la Cámara de Diputados bonaerense -con la firma de todas las autoridades y los titulares de los bloques- calificó de “inadmisible” una denuncia de un juez penal que acusa -a los responsables del cuerpo- por presunto ocultamiento en la investigación del caso de Julio “Chocolate” Rigau.

En un comunicado que se difundió luego de la sesión de este martes, el cuerpo legislativo advirtió que “considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo”. Y los responsables de la cámara agregaron que “resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”.

Aclararon que el artículo 96 de la Constitución de la Provincia establece la “protección constitucional de las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras en el ejercicio de sus cargos”.

Toda esta controversia institucional es una derivación de las novedades que trascendieron del escándalo de “Chocolate”, el puntero político de La Plata que fue detenido mientras recaudaba plata de 43 tarjetas de débito de supuestos “ñoquis” de la Legislatura.

La semana pasada trascendió que Diputados archivó los pedidos que hizo la fiscal Betina Lacki, para conocer la “trazabilidad” de las contrataciones de esos agentes que dejaban que Rigau les cobrara el sueldo.

Como consecuencia de esa determinación, el juez de Garantías, Guillermo Atencio, quien supervisa el proceso, denunció a “todas las autoridades de Diputados” para que se determine si esa decisión (archivar los pedidos de la fiscal) no constituye un delito de “entorpecimiento de la Justicia”. La presentación ingresó a la fiscalía 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, según pudo confirmar Clarín.

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