En 40 páginas el fiscal general, Diego Luciani, volcó el extenso listado de propiedades y bienes de Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad. Son bienes que están embargados y serán parte del Legajo Patrimonial que se iniciará para ejecutar la pena y poder recuperar los 500 millones de dólares que robaron al Estado Nacional en el caso de Vialidad.

En la lista que armó Luciani hay seis cajas de ahorro en pesos y dólares en el Banco Galicia a nombre de Cristina Kirchner. Además, cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones.

Luciani también menciona 26 propiedades vinculadas a los Kirchner entre la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. Muchas de ellas fueron cedidas por Cristina Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia tras la muerte de Néstor Kirchner. En ese listado aparece el departamento de Recoleta, donde vivía la ex presidenta antes de mudarse a su actual departamento en la zona de Constitución.

También aparece la casa de Río Gallegos y la residencia de El Calafate, entre otras.

Además, el fiscal menciona un auto y tres sociedades emblemáticas de la familia Kirchner: Los Sauces SA, Hotesur SA y COMA SA. Esas empresas fueron cedidas a los hijos y están todas embargadas y bajo investigación judicial en diversos expedientes de corrupción. De hecho, por el caso Hotesur la ex presidente y su hijo esperan el arranque del juicio oral.

“La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”, sostiene Luciani en ese documento que le envió al juez Gorini, encargado de ejecutar la pena. .

Desde el martes, tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Kirchner, el procedimiento para el decomiso y recupero de los fondos se aceleró. Junto con la privación de libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta, la Justicia quiere recuperar unos 85.000 millones de pesos, que al tipo de cambio actual podría representar cerca de 500 millones de dólares.

El valor debe terminar de actualizarse y representa el daño ocasionado al Estado a través de las maniobras irregulares alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas a Lázaro Báez desde 2003 a 2015, las tres administraciones kirchneristas.

En lo que concierne a la ex vicepresidenta, antes del fallo de la Corte ya se había pedido que se mantenga el embargo sobre el dinero cedido por Cristina a Florencia Kirchner por una suma de U$S 4.664.000 que se encontró en una caja de seguridad en un allanamiento. También otro monto de U$S 1.032.144 que estaban depositados en una caja de ahorro en U$S y $ 53.280 de una caja de ahorro en pesos.

Luciani también incorporó los bienes de Báez y los otros condenados entre los que figuran Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

En el caso de Báez, el listado de bienes es impactante y refleja cómo logró crecer gracias a los fondos que recibía de la obra pública K.

Solo en la Ciudad de Buenos Aires acumuló 37 propiedades. Además tenía 4 en la provincia de Buenos Aires, 1 en Chubut y 132 en la provincia de Santa Cruz distribuidas entre Río Gallegos y El Calafate como focos centrales.