La denominada Causa Vialidad tuvo su desenlace este martes con el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a Cristina Kirchner, quien deberá cumplir una pena de seis años de prisión y no podrá volver a ejercer cargos públicos. La expresidenta fue acusada y encontrada culpable de los delitos de corrupción y malversación de fondos públicos en un proceso judicial que en sus inicios no la tuvo como protagonista, sino que apuntaba a su esposo y también expresidente. Todo comenzó hace 17 años, con un Fiat Palio lleno de pruebas.

El proceso judicial que concluyó con la condena de la exvicepresidenta y principal referente de la oposición al gobierno de Javier Milei tuvo un extenso recorrido en juzgados y tribunales, se inició a raíz de una denuncia de Elisa Carrió, quien en noviembre de 2008 presentó una acusación contra Néstor Kirchner y funcionarios de su gobierno -que se extendió entre 2003 y 2007- por presunta asociación ilícita, así como contra empresarios beneficiados por la obra pública durante ese período.

La denuncia, que en ese momento quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita fue el resultado de un análisis que había comenzado tres años antes sobre artículos periodísticos, publicaciones en el Boletín Oficial e informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"En 2005 hicimos el primer informe de obra pública, era un trabajo artesanal, peinábamos los boletines oficiales y había determinadas licitaciones del Plan Federal de Vivienda y de Vialidad, tratábamos de ubicar los pliegos, hacíamos un análisis jurídico de las empresas sobre cómo estaban constituidas las que ganaban esas licitaciones y veíamos que casi siempre eran las mismas”, relató a Clarín el actual legislador porteño Facundo Del Gaiso, uno de los convocados por Paula Oliveto para la investigación coordinada por Carrió.

Ese material constituyó la base de la acusación a la administración de Néstor Kirchner, que se concretó el 12 de noviembre de 2008 cuando la referente de la CC-ARI llegó a los tribunales de Comodoro Py con "un montón de cajas" que guardaban la documentación recolectada, cada una de las cuales estaba rotulada con los nombres de todos los denunciados.

Fue Del Gaiso -por entonces a punto de cumplir 35 años- quien cargó en el baúl de su auto, un Fiat Palio blanco, las primeras pruebas que llegaron a la Justica y que fueron la base de un procedimiento judicial que tardaría casi dos décadas en encontrar una definición.

“La noche anterior -el 11 de noviembre de 2008- nos juntamos con Paula y Lilita para ultimar detalles. Me dijeron que me llevara las cajas, eran como 15 cajas de plástico azul, llenas de documentación”, recordó.

Al día siguiente, contó, fue a buscar a Oliveto y a Carrió. La idea era que salieran inmediatamente hacia su destino, pero hubo un imprevisto que demoró la partida. Y en el chofer designado surgió el temor de que todo se echara a perder.

“Había quedado en que les tocaba el timbre y bajaban, pero me dijeron que subiera porque no estaban listas. Yo subí con el miedo de que al bajar el auto no estuviera, que la grúa se lo hubiera llevado con las pruebas del mayor choreo de Argentina”, rememoró, con humor. "Pensaba 'Carrió me mata'", bromeó.

Finalmente, los tres llegaron a Comodoro Py, donde los esperaban diputados nacionales y medios de comunicación para la conferencia de prensa en la que darían los detalles de la iniciativa. “Llegó Lilta y expuso todo lo que veníamos a traer con la matriz de corrupción más grande de la Argentina. Después fuimos al quinto piso, donde se hacía el sorteo, y ahí nos dijeron que la causa era de Ercolini”, detalló.

La presentación inicial, también respaldada por legisladores de la CC, alcanzaba al ministro de Planificación, Julio De Vido; al secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al ex titular del Occovi Claudio Uberti; y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa Igor. Sin embargo, no incluía a Cristina Kirchner, que recién estaba llegando a su primer año en la Presidencia de la Nación.

"No creo en la Justicia argentina pero creo en el imperio de la prueba y mantener viva la causa. Lo peor que nos podría pasar es que algún día alguien se quiera ir del país y no tenga una causa abierta después de haberse robado tanto", dijo Carrió al llegar a los tribunales de Comodoro Py, según publicó este diario tras la presentación en la Justicia.

Si bien la denuncia inicial data de 2008, la investigación llevaba ya tres años. El primer informe, titulado "La distribución de la obra pública-clientelismo o política de Estado", cumplirá 20 años en noviembre.

La directora era Oliveto, la coordinadora era Carrió y los redactores eran Adrián Pérez y Fabiana Ríos. Pero había otros, como Del Gaiso, que cruzaban datos de manera artesanal.

Entre sus conclusiones, ese informe apuntaba que la "concentración empresaria y económica asegura el acuerdo de precios que repercute negativamente en los costos de la Obra Pública". Este mecanismo, añadió el reporte, "atenta contra la concurrencia en las licitaciones, debilitando la posición del pequeño y mediano empresario que antes estas reglas de juego queda evidentemente relegado".

Cerraba con dos pedidos: cambios en la normativa de contrataciones del Estado y, además, constituir "una Comisión Investigadora que se avoque al seguimiento y control de las Obras Públicas a cargo del Estado Nacional".

En 2016, ocho años después de la primera denuncia, la investigación tomó impulso durante el Gobierno de Mauricio Macri. Fue Javier Iguacel, que por entonces estaba al frente de Vialidad Nacional, quien habló de obras de Austral Construcciones con "un enorme sobreprecio digitadas" desde el Ministerio de Planificación que encabezaba Julio de Vido en tiempos de Cristina.

Luego de muchos cambios, testigos y audiencias, en diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- condenó por unanimidad a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad, y dispuso para una pena de 6 años de prisión.

Más de dos años después, el tribunal supremo confirmó la condena y la expresidenta, que tenía previsto competir en las próximas elecciones legislativas, quedó fuera de la pelea.

AGE