El oficialismo sigue con el pie en el acelerador y este jueves sumó otra victoria en el Congreso al alzarse con la media sanción de la reforma del Régimen Penal Juvenil. Sin embargo, el Gobierno tuvo que ceder a las presiones de los aliados y la edad de imputabilidad se bajará de los 16 a los 14 años y no a los 13 que pretendía Javier Milei .

La propuesta, que es parte de la agenda dura de La Libertad Avanza, consiguió la media sanción con 149 votos a favor y 100 en contra, gracias al apoyo de sus socios del PRO y la UCR, Innovación Federal y algunos provinciales.

El peronismo rechazó la propuesta en general aunque en la votación en particular hubo algunas divisiones por el apoyo del massismo a la baja de la edad de imputabilidad, que no quedó registrada porque fue a mano alzada. Incluso, el diputado Ramiro Gutiérrez colaboró con el oficialismo a conseguir el quórum. También rechazaron el proyecto los diputados de la izquierda y la cordobesa Natalia De la Sota.

Tras la media sanción de Diputados, la reforma del Régimen Penal Juvenil pasará al Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley en una sesión que será convocada para el 26 de febrero, en la que también se incluirá la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo del Mercosur-Unión Europea.

Lo cierto es que con la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad, el Gobierno dio un nuevo paso en su agenda de seguridad aunque fracasó en su intento de llevar la edad punible a los 13 años como proponía en la propuesta original que envió al Congreso en 2024.

Las presiones de los aliados, principalmente del PRO y la UCR, obligó a la Casa Rosada a aceptar el acuerdo celebrado el año pasado cuando se firmó un dictamen consensuado que fijaba la edad en los 14 años. Vale aclarar que ese despacho se cayó al concluir el período ordinario.

El debate del Régimen Penal Juvenil lo sumó al Gobierno cuando ya había instalado el temario para extraordinarias en medio de la conmoción por el asesinato de Jeremías Monzón, el chico que fue asesinado a puñaladas en Santa Fe.

La discusión estaba trabada porque desde la oposición cuestionaban la falta de precisiones sobre los fondos para la infraestructura y servicios, como la figura del supervisor que se crea con esta ley. En el dictamen firmado otorgaba a la jefatura de Gabinete la facultad para reasignar partidas del presupuesto para financiar las obras y el sistema.

Para destrabar el debate, el oficialismo acordó con los dialoguistas incorporar un artículo que formaliza una partida presupuestaria de más de $ 23.000 millones para financiar la aplicación del sistema y habilitaba a las provincias a firmar convenios con el Gobierno.

Durante el debate en la Cámara baja, Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal) activó los alertas al advertir que las partidas anunciadas por el Gobierno son “recursos insignificantes”. "El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”, precisó.

En este contexto, Pichetto reclamó la incorporación de "una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.

El reclamo presupuestario también fue repetido por la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, quien responde al gobernador Maximiliano Pullaro. "Si bien estamos de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y con tener un sistema para reeducar y resocializar a los menores, no puede ser que todo el costo deban pagarlo los gobernadores", quien desconfía que la Casa Rosada cumpla con la parte presupuestaria.

Oscar Herrera, de Innovación Federal, también hizo referencia al presupuesto. "Este proyecto conlleva un gran gasto para las provincias, que es un gasto social y no en infraestructura solamente. Y se propone que se gaste lo menos posible pero que las provincias se encarguen de la salud, la educación, la seguridad y de la obra pública, con una coparticipación más baja y presión para bajar los impuestos", reclamó el misionero.

Otro de los ejes de conflicto lo instaló el massista Ramiro Gutierrez, quien en forma sorpresiva colaboró con el quórum para que el oficialismo abra la sesión, quien pidió a la libertaria Laura Rodríguez Machado, miembro informante de la ley, que el régimen penal juvenil esté "fondeado" en el Código Penal.

Es decir, el diputado pedía modificar el código para que se incorpore que no son punibles todas aquellas personas que no hayan cumplido los 14 años de edad. De acuerdo a lo interpretado por Gutiérrez, sin esa modificación, "la ley va a terminar judicializada". "Una ley de comprensión de la criminalidad del acto debe estar fijado en el Código Penal y no en una ley complementaria”, completó.

Sin embargo, desde el oficialismo, desestimaron la oferta al remarcar que la reforma aprobada en Diputados "no choca con el Código Penal porque es una ley que va por otro lado".

Durante el debate, Pamela Verasay, jefa del bloque de la UCR, rechazó que la propuesta haya sido tratada en forma exprés, ya que la discusión se inició en 2024. "La política salió de su confort y legisla sobre la cruda realidad que vive la sociedad", agregó la diputada que responde a Alfredo Cornejo y que cargó duro contra el "garantismo".

Por su parte, Cristian Ritondo defendió la decisión de bajar la edad a los 14 años argumentando que "nohay consenso científico" de que un chico de 12 o 13 años tenga conciencia de un delito.

Desde el peronismo, Eduardo Valdés señaló que "castigar y perseguir a un menor no protege a la sociedad: la embrutece".

Además de la baja en la edad de imputabilidad, la propuesta incluye también medidas complementarias como programas educativos, laborales, recreativos.

Para los casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se aplicarían las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas. Asimismo se reducen las penas máximas de 20 a 15 años.