El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió citar a declaración indagatoria a la Asociación del Fútbol Argentino, a su presidente, Claudio Fabián Tapia, y a su tesorero Pablo Toviggino, en la causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones que denunció ARCA.

La citación se dio después de que, al mediodía, el ente recaudador solicitara que cite a declaración indagatoria a las máximas autoridades de AFA.

"En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente; a Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, a las audiencias que se fijan para el día 6 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente; y a Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Ariel Malaspina, a las audiencias que se fijan para el día 9 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente (confr. artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación)", dispuso Amarante en su resolución.

Además, destaca que "en atención a la gravedad de los hechos investigados, la severidad de la pena en expectativa vinculada tanto a la eventual calificación jurídica que a aquéllos pudiera corresponderle como a la aplicación de las reglas del artículo 55 del Código Penal, y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan, corresponde decretar la prohibición de salida del país de los nombrados".

El pedido, por un global que supera los $ 19.000 millones, alcanza al presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia; al tesorero, Pablo Toviggino; al actual secretario general, Cristian Ariel Malaspina; al director general, Gustavo Roberto Lorenzo; y al ex secretario general Víctor Blanco.También se pidió indagar formalmente a la propia AFA como persona jurídica.

Según la denuncia presentada en diciembre de 2025, la entidad habría retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 que luego no fueron depositados dentro de los plazos legales. En total, se investigan 69 hechos independientes por un monto acumulado de $19.353.546.843,85.

Los delitos encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no ingresen al fisco los montos retenidos, cuando superan los mínimos establecidos por ley.

En su presentación, ARCA sostuvo que existen elementos de prueba suficientes para acreditar un “grado de sospecha suficiente” y avanzar con las indagatorias. Entre otros puntos, señaló que la AFA registró importantes acreditaciones bancarias durante el período investigado y que las decisiones de pago impositivo dependían de la mesa directiva, con intervención directa del tesorero en la instrucción de los pagos.

El organismo recaudador remarcó además que la falta de ingreso de los fondos retenidos se habría extendido durante 19 meses consecutivos, lo que -según su planteo- descarta que se trate de un incumplimiento aislado o meramente administrativo.

Ahora será el juez Amarante quien deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a los dirigentes a prestar declaración indagatoria.

En el escrito, el organismo recaudador detalló el circuito interno de liquidación y pago de impuestos dentro de la AFA, en base a declaraciones testimoniales de personal administrativo.

Según esos testimonios, la gerencia contable confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la instrucción de pago. Luego se generaban los VEP (Volantes Electrónicos de Pago) y se coordinaba con el área de Finanzas.

ARCA sostuvo que las decisiones finales estaban concentradas en la mesa directiva, integrada por el presidente, el secretario general y el tesorero, quienes además firmaban los estados contables de la entidad.

En ese sentido, el organismo consideró “difícil suponer” que una omisión prolongada durante 19 meses pudiera haber ocurrido sin conocimiento de las máximas autoridades.

También destacó que, durante el período investigado, la AFA registró acreditaciones bancarias por montos significativos e incluso constituyó plazos fijos en pesos y dólares, lo que -según la querella- demostraría capacidad económica para cumplir con las obligaciones fiscales.