El Gobierno consiguió este jueves que el Senado apruebe la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal, que modifica la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y apuesta a atraer los dólares que están fuera del sistema financiero.

La propuesta fue aprobada con 44 votos a favor y 23 en contra. En esta votación, Patricia Bullrich, la jefa del oficialismo, recuperó la mayoría que había conseguido el año pasado al contar con el acompañamiento de los habituales aliados de la UCR, del PRO y las fuerzas provinciales, incluyendo a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano que venían votando en contra de las propuestas del Gobierno.

El peronismo votó en contra en forma unificada con el acompañamiento de los snatiagueños Gerardo Zamora y Elia Esther Moreno.

Con esta ley, el Gobierno amplió la norma aprobada en diciembre del año pasado. Puntualmente, Inocencia Fiscal II libera el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Es que con la actual legislación quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.

Otra de las modificaciones tiene que ver con las condiciones que deberá cumplir ARCA para impugnar una declaración, ya que con la nueva ley se incorpora el concepto de "discrepancia significativa". Así se fija que el ente recaudador podrá intervenir cuando detecte una inconsistencia que implique una diferencia del 15% en el impuesto que debería pagar el contribuyente.

Durante el debate, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero (LLA) defendió la iniciativa y se focalizó en los ahorros que están bajo el colchón. "¿Vamos a seguir tratando a los contribuyentes como sospechosos de por vida?", planteó el senador, para fundamentar a continuación que el objetivo de la norma es que esos dólares sean blanqueados "sin temor a que los vayan a perseguir".

"La plata escondida es plata muerta. Este proyecto es para resucitar esos dólares que hoy están fuera del sistema bancario", completó el senador durante la sesión.

Por su parte, desde el peronismo, Jorge Capitanich, aclaró que si bien la media sanción aprobada por Diputados deja afuera del beneficio a los funcionarios y políticos, la norma es incompleta respecto de parientes y organizaciones. Por eso, el puntano Fernando Salino, pidió que la prohibición también alcance a cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado de los funcionarios.

En tanto, José Mayans, jefe del bloque Justicialista, aseguró que la ley "está hecha para (Manuel) Adorni", el ex jefe de Gabinete, que renunció al cargo en medio del escándalo generado por la investigación que se le inició por presunto enriquecimiento ilícito.

“Milei dice que los impuestos son un robo, pero con la hermana son los nuevos ricos de la Argentina y necesitan esta ley para blanquearlo. Esta ley es para proteger la corrupción y las mafias”, remató el formoseño para fundamentar el rechazo del peronismo.

Patricia Bullrich, la jefa del bloque oficialista, salió al cruce del peronismo, negó que los funcionarios y legisladores puedan acceder a los beneficios, y resaltó que "es un paso importante hacia una Argentina simple, previsible y más segura jurídicamente".

En la misma sesión, el Senado aprobó con 44 votos a favor y 21 en contra los acuerdos de transferencia de la justicia de menores y de competencias penales a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.