Una nueva maniobra de corrupción fue detectada por el fiscal federal Franco Picardi en el marco de la investigación por las compras direccionadas, con sobreprecios y sobornos que se realizaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la conducción de Diego Spagnuolo. Los hechos ahora detectados comprometieron una erogación de 75,5 millones de pesos. Los cuadernos de Miguel Ángel Calvete volvieron a ser una prueba reveladora y nuevos audios se sumaron al caso.

El Ministerio Público Fiscal determinó que los actos de corrupción investigados se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios de la ANDIS “direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole”.

Hasta el momento, los nuevos hallazgos demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Los hechos descubiertos por la fiscalía ponen de manifiesto la relevancia pública del caso ANDIS: los insumos que se “comercializaron de manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud”. Se trata de: prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas o sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas, se explicó desde la fiscalía.

Entre la documentación física secuestrada en el domicilio de Miguel Ángel Calvete se encontraron seis cuadernos con diversas anotaciones que “dan cuenta de un sinnúmero de situaciones, que van desde el modo en que debían realizarse las reuniones en su vivienda, hasta lo atinente a pagos a personas físicas y jurídicas, como así también quienes conformaban su círculo de allegados”.

Calvete ya está procesado junto a Diego Spagnuolo en la primera parte de esta investigación, donde se analizaron 21 compras de medicamentos que comprometieron más de 30.000 millones de pesos. Las pruebas, calificadas por la fiscalía como “contundentes”, vuelven a complicar la situación de 27 personas.

Por ejemplo, en el cuaderno individualizado bajo el Nro. 2, se encontraron anotaciones vinculadas al círculo de Miguel Ángel Calvete, conformado por personas que cumplen distintos roles.

Figuran como parte de ese círculo Christian y Mariano Sagués, del Laboratorio Ortopédico Sagués a Mariano”, relata el dictamen. El cuaderno al que se le asignó el número 3, cuenta con imágenes que ilustran las menciones a las firmas vinculadas a la familia Sagués y su “participación en los negocios ilícitos”. El fiscal Picardi observó que “en la primera de ellas se puede observar que se consigna al lado de las firmas Probock y Prolite cifras millonarias y luego, entre paréntesis, un número más pequeño”.

Para la fiscalía, las anotaciones de los cuadernos permiten detectar “porcentajes que deben ser entregados a Miguel Ángel Calvete o terceras personas. Esas cifras menores representan el 20% de los números totales, porcentaje similar que Calvete solía recibir de cada firma a la cual le garantizaba adjudicaciones por parte de ANDIS”.

Párrafo aparte, dijo el fiscal Franco Picardi, “merece Resposane Salud, ya que es una de las firmas que participaba en la categoría amputaciones, vinculada a Calvete pero en cuyos registros figuran otras personas como sus titulares”. Esa empresa fue invitada 28 veces y presentó cotizaciones sólo en dos oportunidades.

Si bien su conformación accionaria cuenta con otros nombres, un testigo cuya identidad fue reservada declaró que esta firma pertenece a Miguel Ángel Calvete.

Esa declaración testimonial sostuvo: “Calvete (…) quería reactivar algunas empresas que había tenido y que estaban inactivas y que pretendía usar para nuevos negocios». Entre las cuales, mencionó a Indecom S.R.L., Finfox S.R.L., Resposane Salud S.A”.

También dijo: “Resposane vendía instrumental médico, sillas de ruedas, el cliente más grande era ANDIS y también le vendía principalmente a Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L., a Ortopedia Bernat, Laboratorio Ortopédica Sagués S.R.L. En Indecom sí está Calvete formalmente como socio, igual que creo Ruth Lozano”.

De los cuadernos hallados en el domicilio de Calvete en la calle Defensa, los investigadores lograron identificar varias anotaciones manuscritas referidas a otra firma favorecida por la maniobra: Artrobone Ortopedia S.A, y en uno de esos cuadernos se encontraron unas planillas que contenían información de tres sociedades: Artrobone, Expo Trauma e Imnova.

El fiscal Picardi explicó que esas tres firmas se “beneficiaron del esquema de direccionamiento y de cartelización", que existen varios elementos que conectan a dichas sociedades y que Evangelina García era una de las personas que negociaba a favor de ellas y de Imeco S.A, tal como la tiene agendada Miguel Ángel Calvete. Esta última firma casi nunca cotizaba, por lo que "su participación era aparente”.

En el cuaderno de Calvete, rotulado como el número cuatro, la justicia encontró unas planillas en las que se observa el nombre de las firmas Expo Trauma S.A. e Imnova S.A. En las diversas columnas del documento, se consigna: nombre y apellido del beneficiario de la prestación, otros datos personales y de trámite; en las columnas subsiguientes se consignan con montos dinerarios.

Las últimas cuatro columnas se vuelcan montos agrupados por: Costos (con dos columnas, la primera con una cifra superior a la segunda), Diferencia (que es el resultado de la resta entre la primera y la segunda columna de costos), y ⅔ Partes (con una cifra que representaría los dos tercios de la columna anterior “Diferencia”). Asimismo, se indica en estos cuadros “menos el 20%”, porcentaje que coincide con lo que Miguel Ángel Calvete recibiría.

Para Picardi, Calvete “registraba diversos montos vinculados a prestaciones PACBI, y entre ellos distribuciones de las diferencias entre los costos reales y los costos por lo que efectivamente se vendía”.

Asimismo, resulta relevante que de esos listados se desprenden datos de “beneficiarios de ANDIS, con anotaciones donde se adjudica el 20%, así como también la imagen en la cual hay cifras de la Ortopedia Bernat S.R.L. respecto de las que solicita se emita factura por el 20% de determinados montos”.

Entre las anotaciones halladas en los cuadernos se observan horarios y la mención a diversas personas que podrían referirse a “reuniones o acciones que emprendería, como es el caso de Lautaro y la calle Defensa; “ver Patricio”, y luego “Alan/Guada” en alusión a Alan Pocovi y Guadalupe Muñoz. Esto cobra relevancia en torno a que Alan Pocovi recibe dinero de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, era quien en general, la retiraba”.

El Programa Incluir Salud, que depende de la ANDIS, fue creado para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a esta población especialmente vulnerable. Sin embargo, el fiscal Picardi sostuvo que en vez de cumplir con sus objetivos institucionales, “los jefes de la organización criminal montaron allí un servicio ilícito de pagos permanentes para un determinado grupo empresarial, en perjuicio de las arcas del Estado y de la población destinataria de las políticas públicas de ANDIS”.

Este servicio “ilícito implicó discrecionalidad en la autorización para comercializar con ANDIS; la remisión de información privilegiada para facilitar las adjudicaciones de compras y la coordinación de la cartelización empresarial; y la participación directa de empresarios en las decisiones institucionales”.

Por ejemplo, en la contratación del personal; en la concreción de determinadas compulsas de precios; y, en la determinación de las empresas que resultarían adjudicatarias de dichas compulsas de precios.

La investigación que lleva siete meses, ha dejado en descubierto que la ANDIS “funcionó como una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal”.

El caso expone -señaló el fiscal Picardi- “una enorme trama de corrupción que, en la actualidad, cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 personas sobre las cuales la Fiscalía ahora solicita su llamado a indagatoria”.