Manuel Adorni se convirtió en el tema central del Congreso y luego de que el Senado acordara este miércoles convocar a una sesión para la próxima semana con la decisión, casi sellada, de avanzar con el pedido de interpelación del jefe de Gabinete; en Diputados comienzan a aparecer los primeros interrogantes entre las fuerzas aliadas, que pueden ser decisivas para definir la continuidad o no del funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La oposición en general coincide en que Adorni tiene que dejar el cargo, pero no sólo por las propiedades y los viajes que se le están investigando sino porque le mintió al Congreso. Es que en su exposición del 29 de abril en Cámara baja, cuando presentó su primer informe de gestión, el ministro coordinador hizo referencia a su declaración patrimonial pero omitió mencionar los más de US$ 500 mil que incorporó en su declaración jurada que habría conseguido mediante operaciones en bitcoin.

Además, tanto la oposición amiga como la más dura entienden que el caso Adorni es un problema político que tiene que resolver el Gobierno lo más pronto posible. Y acusan a Javier Milei de querer transferirle al parlamento el costo de la salida del jefe de Gabinete para "victimizarse" e instalar que le quieren "voltear funcionarios".

La avanzada del Senado de convocar a una sesión para el 25 de junio con el pedido de interpelación con moción de censura, que será uno de los tres test que deberá soportar Adorni, desconcertó un poco a los diputados, sobre todo del oficialismo y los dialoguistas, que machacan con que el escándalo del ministro coordinador no sólo está paralizando al parlamento.

Esta lectura se choca de frente con la decisión del Presidente de mantener al exvocero en el cargo. Incluso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, bajó línea a sus legisladores para prohibirles que hagan declaraciones sobre el tema Adorni.

Pero, la suerte de Adorni podría comenzar a definirse el martes cuando el peronismo junto a un sector de Provincias Unidas, la izquierda, la Coalición Cívica y algunos monobloques intenten en Diputados avanzar con un paquete de proyectos que van desde el pedido de informes hasta la interpelación con moción de censura del jefe de Gabinete.

Aún no está asegurado el número para el quórum, pero lo máximo a lo que pueden aspirar es a emplazar el tratamiento en comisión de las iniciativas, ya que al no tener despacho, el oficialismo exigirá los dos tercios de los votos para el tratamiento sobre tablas.

Con mayoría simple, la oposición podría avanzar con los emplazamientos a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza.

Aquí surge la diferencia con el Senado, donde José Mayans, jefe del peronismo, impuso su interpretación de la Constitución que fija mayoría absoluta de ambas cámaras para la interpelación y la moción de censura (37 Senado y 129 Diputados), y argumentó que por tratarse de una cuestión de extrema urgencia no pueden ser dilatadas por un trámite legislativo.

En resumen, el proyecto de resolución de su bancada podrá ser aprobado con 37 votos pese a que no tiene despacho de comisión.

En la Cámara baja, el PRO de Cristian Ritondo aún no dio una señal de cómo se posicionará si avanza la moción de censura en el Senado. El jefe de bancada amarilla mantendrá una reunión la próxima semana con la titular de la UCR, la mendocina Pamela Verasay, para definir una estrategia común.

Ambos aliados buscarán ganar tiempo y esperarán el resultado de la sesión del jueves en el Senado, mientras comienzan las conversaciones con Martín Menem, quien no estuvo esta semana en el Congreso por una visita oficial que hizo a Israel.  

Ritondo hizo llamados a la Casa Rosada, pero ni Karina Milei, ni Eduardo "Lule" Menem, dieron respuesta al jefe del PRO, que hace equilibrio para cumplir con los compromisos asumidos con el Gobierno.

La escudería amarilla quedó dividida. Mauricio Macri pide la salida de Adorni, pero el ex presidente tiene pocos fieles en Diputados. Fernando De Andreis y Antonella Giampieri, que responde a Darío Nieto, son los más visibles. A lo sumó se podría sumar Álvaro González, quien prefiere ir primero por la interpelación y después si existen los votos y los fundamentos avanzar con una moción de censura.

En Provincias Unidas hay una mayoría dispuesta a bajar el próximo martes a la sesión convocada por el peronismo y los díscolos, pero el número se puede diluir con los llamados de los gobernadores. Incluso ya comienzan a pensar si es conveniente ir detrás de los K. "Usan un pin de Cristina libre y piden condena a Adorni", apuntó una legisladora marcando la contradicción del momento.

Los bloques provinciales parecen posicionarse detrás del Gobierno, lo que permite especular que Adorni tendría un poquito más de aire.

Aunque, un día después, el miércoles 24, el oficialismo quiere abrir el recinto para aprobar el acuerdo con los fondos buitre (se podría caer si no se firma antes del 30 de junio) y el proyecto de Súper RIGI. Menem evaluaba la posibilidad de bajar la sesión ante el temor de que el peronismo quiera apurar el pedido de interpelación de Adorni.

Serán días de máximo estrés para el oficialismo en el Congreso, ya que si se aprueba el pedido de interpelación, Adorni deberá presentarse el 2 de julio a dar respuestas a los senadores. Será una especie de interrogatorio sin la posibilidad de que el ministro coordinador acumule las consultas para que luego un equipo de funcionarios le prepare la respuestas. Y si los senadores no quedan convencidos podrán votar la moción de censura con la destitución, algo que sería inédito desde la reforma constitucional de 1994.