Aquello fue un cóctel fatal para una democracia sostenida con alfileres. Tres factores operaban en simultáneo contra las instituciones de la República, ante una ciudadanía fatigada y un tejido social quebrado. La cruzada criminal del terrorismo de izquierda y derecha, que sembraba el país de asesinatos a diario; la crisis económica terminal, con inflación descontrolada, salarios pulverizados y protestas de un gremialismo en rebeldía; y la ineptitud del gobierno de María Estela Martínez, la viuda de Perón, incapaz de transmitir señales de gobernabilidad ante una oposición que tampoco mostraba coraje e ideas. Esa inoperancia y parálisis de la política pronto sería identificada por analistas y observadores como un “vacío de poder”, que alguien debería ocupar. Causas y consecuencias, la convergencia de estos tres aconteceres los transformaría en decisivos para la gestación del golpe del 24 de marzo de 1976, del que se están cumpliendo 50 años.

Al asomar aquel año, las calles eran un camposanto a cielo abierto. Bandas insurgentes de cuadros trotskistas y peronistas de izquierda guerreaban contra las patotas de la más oscura ultraderecha, ésta a buen cobijo del Estado: el anticipo de las razzias a domicilio de los Grupos de Tareas. La muerte era un lugar común y la política, un violento reñidero sin árbitro ni final. Ante ese escenario dramático, y a través de una batería de decretos (firmados en febrero y octubre de 1975), Isabel Perón lanzaría el Operativo Independencia el 5 de febrero de ese año, que autorizaba las expediciones punitivas de las FF.AA. para erradicar la subversión a cualquier precio, según algunas interpretaciones. Italo Luder complementaría en octubre esa decisión política como presidente provisional, con la jefa de Estado en licencia por problemas de salud. Ambos impulsaban a la guardia pretoriana militar al acecho para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos”.

En el libro Disposición final/La confesión de Videla sobre los desaparecidos, de Ceferino Reato, periodista, investigador y politólogo, experto en el repaso de ese turbulento período que alteraría para siempre la paz de la Nación, desde su prisión en Campo de Mayo Jorge Videla le diría al autor que los militares interpretarían esas normas como “una licencia para matar”. Escudados en la letra ambigua de la burocracia gubernamental, obrarían en consecuencia.

Con Perón aún en vida, los crímenes políticos ya laceraban la sociedad. El terrorismo no apuntaba sólo a los militares. Asesinaba empresarios o los secuestraba con fines extorsivos. Asaltaba bancos, vaciaba armerías o mataba policías y hasta conscriptos para quitarles sus piezas reglamentarias. Procuraba dinero para financiar sus proyectos y poder de fuego para concretarlos. Una manera de aproximarse a su utopía insurreccional.

En definitiva, los años de plomo, fuego y muerte no empezaron el 24 de marzo de 1976. Las expediciones terroristas de la guerrilla en los territorios castrenses fueron uno de los antecedentes, no el único, que azuzó la revancha de los cuarteles, ávidos de venganza desde que los comandantes de entonces fueran echados de la Plaza el 25 de mayo de 1973, en la asunción de Héctor Cámpora y su séquito de jóvenes militantes con borrachera revolucionaria, al grito de “¡se van, se van, se van y nunca volverán!” No se fueron. Volvieron. Y no estarían solos. Los dos terrorismos, de izquierda y derecha, a su manera, apurarían el golpe.

En esa cruenta disputa por la tutela ideológica de aquella Argentina errática, el peronismo isabelino elegiría dónde pararse en la lucha de cárteles políticos, y le daría un sigiloso aval a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), sicarios reclutados por López Rega entre los matones remanentes de las fuerzas policiales, militares de baja graduación, las cloacas de la peor Inteligencia y hasta delincuentes comunes con un prontuario de “alta calificación” en el mundo del delito.

Ese organismo paraestatal, claro antecesor del modo operativo del terrorismo de Estado, fue un escuadrón de la muerte amparado por la impunidad: secuestros y crímenes a sangre fría, y a la luz del día, viajaban en Falcon verde, emblema motorizado de la represión genocida posterior, que ya entonces circulaban por las calles. La banda elegiría víctimas calificadas, en una saga que pareció haberse potenciado luego de la muerte de Perón y el crecimiento en el poder de José López Rega, guía político y mentor esotérico de la presidenta, bajo la misteriosa nomenclatura de “Hermano Daniel”.

El diputado Rodolfo Ortega Peña, el sindicalista y político cordobés Atilio López, el militante Julio Troxler y el intelectual Silvio Frondizi encabezaron la nómina de una secuencia fue aterradora.

Un relevamiento que circuló en los medios de la época adjudicaría a la manada lopezrreguista más de dos mil muertes en sólo treinta meses de operatividad. El diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, un fogonero de las usinas del golpismo, quien luego terminaría siendo una víctima de la dictadura, sometido a secuestro y tortura, escrutaba con prolijidad cada día los episodios violentos y llegó a afirmar que cada cinco horas ocurría en el país un asesinato político y cada tres estallaba una bomba. El periodista Andrew Graham-Yool, del Buenos Aires Herald, llevaría el registro de la violencia de entonces, según el cual sólo en 1975 hubo 1.065 víctimas, casi tres asesinatos por día, de izquierda, derecha, centro o sin pertenencia ideológica específica. Tremendo.

En términos parecidos, el licenciado en Historia, investigador y periodista Marcelo Larraquy aportaría en el libro Los días salvajes/Historias olvidadas de una década crucial 1971-1982 datos que estremecen: “En enero de 1976, una oleada de secuestros en la provincia de Córdoba conmueve a todo el país. Hay alrededor de sesenta víctimas que no aparecen. No se sabe si están vivas o muertas. La cacería urbana no se detiene”.

Un cable de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires, informaría a la Casa Blanca el 9 de marzo de 1976 que “durante los últimos tres años (cuando se sucedieron cuatro gobiernos constitucionales del peronismo) más de dos mil argentinos han muerto como resultado de la violencia política. Lejos, el mayor número de esos muertos fue causado por los terroristas de izquierda y de derecha”.

Como corolario de su impronta vandálica, la Triple A apuntaría además al mundo de la cultura y obligaría al exilio a artistas, intelectuales y periodistas, en un listado que, entre muchos más, y sólo por mencionar a los más notorios, comprendió a Héctor Alterio, Nacha Guevara, Norman Briski, Alfredo Alcón, Luis Brandoni, Susana Rinaldi, Carlos Carella, María Rosa Gallo, Carlos Somigliana, Osvaldo Soriano, David Stivel, Ricardo Halac, Robert Cox.

Para colmo de males, la vida cotidiana de las familias era un tormento y no sólo por el azote de la violencia. Los precios subían todos los días, los reclamos sindicales cercaban al gobierno, los salarios se evaporaban apenas cobrados. Reato recuerda que la inflación de marzo de 1976 había llegado al 38% y en ese primer trimestre del verano ya trepaba al 98.1%. Argentina se había vuelto un país tóxico.

En el momento del golpe aún se sufrían las secuelas del “Rodrigazo”, virulento ajuste de la economía lanzado el 4 de junio de 1975 por el ministro lopezrreguista Celestino Rodrigo, que devaluaría la moneda casi un 100% y aumentaría alrededor del 75% combustibles y tarifas. También se liberarían los precios, hasta entonces bajo moderado control. Las negociaciones salariales serían anuladas y postergadas hasta 1977. Veneno puro para la clase media y los trabajadores fabriles. Observadores y analistas lo considerarían como el primer indicador estructural en materia económica del golpe de 1976. Emilio Mondelli, el último de los seis ministros de Economía que usaría la viuda de Perón en apenas 21 meses de gestión, lanzaría sólo 15 días antes de la intervención militar otro fuerte ajuste, pero sin espaldas políticas para aguantarlo.

Isabel estaba estresada, consumida. Pesaba 45 kilos y se la veía domesticada por sedantes y ansiolíticos. La rodeaba un entorno que respondía más a López Rega, activo desde el exterior, que a ella misma. Había estado de licencia entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre y sufriría una internación de diez días aquejada por dolores abdominales, en noviembre, recién regresada de su descanso. Su cuerpo no daba más. Un paper de circulación reservada, pero leído en los escritorios del poder de entonces, aseguraba que “en los 308 días de 1975 que transcurren desde el 1º de enero hasta el 4 de noviembre, (la presidenta) trabajó 138 días y descansó 170.”

No era un texto destinado a mostrar preocupación por su salud. Algo de eso había percibido poco antes Robert Hill, embajador de EE.UU. en la Argentina, quien en un cable secreto del 10 de septiembre de 1975 informaba a sus jefes de Washington: “El poder político no reside más en la presidente... Hay un vacío de poder y no será ella quién lo llene. El problema es que la señora de Perón puede no darse cuenta de que el juego está terminado.”

Sin embargo, poco antes del 24 de marzo, el país republicano aún respiraba y miraba al radicalismo. Ricardo Balbín, su jefe histórico, accedería a hablar por cadena nacional el 16 de febrero. Ya no era el Balbín del abrazo histórico con Perón, su enemigo del ayer. Su retórica pareció más un resignado pésame en los funerales de la democracia que una defensa republicana. Diría que “algunos suponen que yo he venido a dar soluciones, y no las tengo. Pero las hay... para que todos juntos, los argentinos, aunque sea con muletas, pero lleguemos” a las elecciones presidenciales ya convocadas por la jefa de Estado para el 17 de octubre de ese año. Sólo faltaban poco más de siete meses.

El país real, el del terrorismo cotidiano, el del ajuste brutal y la sensación de ingobernabilidad flotando en el aire, tenía presente un discurso anterior. El que había dado Videla en Famaillá, en la espesura del monte tucumano, en la Nochebuena de 1975, un día después del ataque del ERP en Monte Chingolo, y una semana más tarde del misterioso ensayo golpista del brigadier Jesús Capellini, del 18 de diciembre, que tuvo un error de cálculo. Se anticipó al 24 de marzo, por eso ni el Ejército ni la Armada lo apoyaron. En la víspera navideña, Videla había decidido acompañar a los soldados en ese acecho continuo al terrorismo del ERP. No tuvo la poesía de Balbín, tendría el frío cinismo de un mesiánico ungido como presunto salvador de la Patria, que en verdad encubría un amenazador mensaje a la sociedad civil sobre lo que vendría luego del aparente alivio que llegaría con la intervención armada.

En medio de una retórica engañosa, dejaría frases que la Historia y la Justicia condenarían con cárcel perpetua una década después: “ el Ejército Argentino en operaciones, aquí en el corazón del monte tucumano, como en todo el ámbito del país, lucha armas en mano para lograr esa felicidad y esa paz que mi mensaje clama... Tenga presente el Ejército, y compréndalo la Nación, que la delincuencia subversiva, si bien se nutre de una falsa ideología, actúa favorecida por el amparo que le brinda una pasividad cómplice... Frente a estas tinieblas la hora del despertar del pueblo argentino ha llegado. La paz no sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera, sino que también se ganan”.

En las dramáticas horas finales también resonarían palabras políticas extraviadas. “No me lo silben mucho al pobre Mondelli”, diría la presidenta Isabel en la CGT el 20 de marzo, luego de que el ministro detonara un nuevo terremoto en los bolsillos con una batería de medidas impopulares, que ya en dictadura continuaría por cinco años José Alfredo Martínez de Hoz, con su apertura de la economía, estímulo a las importaciones, dólar barato y auge financiero en detrimento del país fabril y productivo. El 22 de marzo, al regresar a la Argentina, el empresario Jorge Antonio, viejo amigo de Perón y principal financista de su destierro, diría: “Si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean”. Ese mismo día, del otro lado del charco, en Montevideo, Casildo Herreras, secretario general de la CGT, sorprendería con aquello de “Yo ya me borré”. Penosas frases residuales de un peronismo agónico.

El 24 de marzo, a las 0:50, al descender del helicóptero presidencial en Aeroparque por falsos “problemas técnicos”, Isabel sería notificada por el general Villarreal que ya no gobernaba al país y que estaba a disposición de las Fuerzas Armadas, A las 3:30 el comunicado número uno de los golpistas diría que “a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas…”

Videla, Massera y Agosti pasaban a constituir la Junta de Comandantes, órgano supremo del Estado: cesaba la Constitución, se clausuraba el Congreso, se prohibía la actividad política y sindical, se impondría una severa censura, sólo sonaba la cadena nacional para emitir comunicados, con pantalla negra y el escudo nacional de fondo. Sorpresivamente, ya pasado el mediodía, se transmitió en directo desde Chorzow, Polonia, el triunfo de Argentina por 2-1 ante la Selección local. El fútbol ya se perfilaba como un fabuloso negocio y una herramienta de todas las políticas.

Transcurrido medio siglo de la mayor tragedia política argentina, es oportuno recordar que la deuda externa saltó de US$ 6.000 millones al momento de derrocar a Isabel a US$ 45.000 millones al momento en que Bignone colocó la banda presidencial a Alfonsín.

-Han pasado cuatro generaciones, pero hay dolores que sólo cesarán cuando ya no queden testigos presenciales de aquellos días de espanto. Quedarán, en cambio por siempre y para siempre, las palabras del fiscal Julio César Strassera, en el juicio a las Juntas de Comandantes responsables del genocidio, que cambiarían para siempre la impunidad del golpismo nacional: “Señores jueces, Nunca Más”.