El operativo de traslado de presos de Villa Devoto al nuevo módulo en el penal de Marcos Paz ya está en marcha. Son más de 300 los presos que fueron llevados hasta el momento en medio de un estricto dispositivo de seguridad.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) interpuso un habeas corpus para que se cumpla con los protocolos establecidos, pero en una audiencia realizada el domingo a la noche el juez Santiago Bignone solicitó informes al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Servicio Penitenciario Federal (SPF), a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a los juzgados de ejecución penal.

Este lunes continuaron mudando detenidos al nuevo penal y Clarín accedió a imágenes de los primeros pabellones vacíos.

Camionetas de traslados y operativos de seguridad rodearon el edificio y empezaron a mudar a los presos en operativos que incluyeron a quienes estudian en el Centro Universitario de Devoto (CUD), algo que generó los primeros cuestionamientos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación lo calificaron como un "operativo histórico y de gran magnitud", que fue preparado por el SPF "bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación".

Según la información oficial, la "logística y trazabilidad" incluyó "3000 bolsones precintados para efectos personales, monitoreo por GPS en los vehículos de traslado, un sistema de triaje médico e identificación mediante pulseras con código QR, la instalación de 224 teléfonos públicos y un canal de consultas informativas por WhatsApp".

Además, oficialmente, explicaron que seleccionaron presos con problemas de salud para encabezar los traslados.

Según pudo saber Clarín, primero mudaron a los internos de los pabellones de conducta 50 y 52.

"Están sin elementos de higiene, les dieron tres papeles higiénicos, tampoco les dieron sus cosas. No les permiten ingresar al patio, están encerrados en un pabellón colectivo porque dicen que no encuentran las llaves. Sin elementos de abrigo, la situación y las condiciones son graves", denunció Solange Carballes, abogada de uno de los trasladados.

Organismos de derechos humanos y de monitoreo penitenciario advirtieron que el procedimiento comenzó de forma "intempestiva" y "sin ningún tipo de aviso previo a los familiares, a las defensas oficiales ni a los magistrados a cargo de las causas".

La controversia alcanzó el plano judicial a partir de una presentación de habeas corpus colectivo realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la que se advierte sobre la violación directa del Protocolo de Traslados del propio Servicio Penitenciario Federal.

Además, otros detenidos organizan la presentación de un escrito colectivo reclamando que se cumplan las condiciones acordadas por los juzgados de ejecución penal.

Entre algunas de las críticas, los presos trasladados el domingo se quejaron de que no se encontraron aún con sus pertenencias, que no hay elementos de higiene ni ropa en el nuevo penal y que no recibieron información sobre cuándo podrán recibir visitas o a sus familiares.

"El protocolo exige notificar a los juzgados y defensas con un mínimo de 72 horas de anticipación y prohíbe el traslado de personas con salidas transitorias y de estudiantes universitarios cuando no se garantice la continuidad de sus carreras", expresaron a Clarín desde la PPN.

"También prohíbe trasladar, entre otros, a estudiantes universitarios cuando no se pueda garantizar que sigan sus estudios, y a quienes tienen salidas transitorias. Sin embargo, y paradójicamente, se iniciaron los traslados con estudiantes del Centro Universitario Devoto y personas con salidas transitorias", agregaron.

Según trascendió, los juzgados de ejecución penal también habían solicitado que los estudiantes fueran los últimos en ser trasladados para terminar el ciclo y que fueran llevados a Ezeiza, donde hay un centro universitario.

Además, advirtieron que un funcionario de la PPN intentó ingresar a Devoto a entrevistar a los internos, pero que no se les permitió.

La cárcel de Devoto alojaba a 1.500 personas . Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a diciembre 2024 (la última actualización), había 930 detenidos -el 61,5%- estaban procesados y 583 -el 38,5%- estaban condenados.

La población carcelaria iba de los 21 a los 70 años, con un promedio de 35 años. Eran 630 los internos de entre 25 y 34 años, el 41,6% del total. Otros 452 detenidos tenían entre 35 y 44 años.

De acuerdo al mismo informe, entre los 583 condenados, 287 tenían penas impuestas de hasta tres años; 150, de más de tres y hasta cinco; 90, de más de cinco y hasta 10; 17, de más de 10 y hasta 15; 12, de más de 15 y hasta 20, y 11, superiores a 20 años. Otros 16 estaban registrados con prisión o reclusión perpetua.

EMJ