La lista de delitos a investigar es larga pero vale la pena transcribirla para entender cómo funcionaba la trama de funcionarios policiales y judiciales corruptos que operó durante más de una década desde el centro de poder de los Tribunales de San Isidro: asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, sustracción de estupefacientes con fines de comercialización, allanamiento ilegal, amenazas, falsedad ideológica, extorsión, privación ilegal de la libertad, uso de estupefacientes para cometer otro delito, hurto agravado, robo agravado, daño, falso testimonio.

Impresiona. Pero más impresiona la historia que hay detrás y que empezó hace una década cuando las primeras denuncias comenzaron a caer sobre el entonces poderoso fiscal de San Isidro Claudio Scapolan (56), uno de los preferidos del fiscal general de San Isidro Julio Novo (72), hoy ya fuera de la Justicia.

Tras resistir con éxito durante años las evidencias en su contra, Scapolan fue destituido en abril de 2023. Resultó una derrota a medias, ya que en la Justicia sólo le quedó un delito muy menor por responder: "falsedad ideológica de instrumento público" en el caso "Anacona". Este ultimo es conocido como "Leones Blancos" y apunta al robo, por parte de policías de Quilmes, de media tonelada de cocaína a una banda narco para luego comercializar la droga en la Costa y en el exterior.

Es precisamente en la etapa de alegatos del debate oral contra los policías de "Leones Blancos" -y otros de la DDI de San Isidro por otros tres casos armados- que el fiscal de juicio, Marcelo García Berro, acaba de pedir que Scapolan sea investigado por su actuación no sólo por esa causa sino en otros 10 expedientes en los que trabajó particularmente con una brigada de San Isidro.

"La actuación del entonces fiscal Claudio Scapolan en los casos traídos a estudio en este juicio fue escandalosa y no admite una lectura acotada ni fragmentaria. La investigación de su responsabilidad no puede ni debe reducirse a su intervención en el caso Leones Blancos, aun cuando ese episodio resulte paradigmático y esencial para comprender el funcionamiento del entramado delictivo que aquí se acreditó", subrayó García Berro en su alegato. A partir de ahí fue una piña tras otra:

El juicio, que se inició en 2024 en el Tribunal Oral federal N° 1 de San Martin, no registra antecedentes: 32 acusados, entre ellos 24 policías bonaerenses (algunos de alto rango), dos abogados y media docena de testigos truchos comenzaron a ser juzgados por integrar una inmensa maquinaria de corrupción que se alimentaba del vínculo con narcotraficantes.

Y la conclusión de García Berro llegó con el pedido de pena de hasta 17 años de cárcel para los jefes policiales involucrados. Eso fue en diciembre pero no terminó allí. La semana pasada, al retomar el debate luego de la feria judicial de enero, pidió que se abrieran nuevas investigaciones sobre nuevos delitos descubiertos durante las audiencias. En este anexo de su alegato menciono al ex fiscal Scapolan, 21 veces.

Entre los acusados del juicio oral -cuyos abogados ahora comenzaran a alegar- está Adrián Baeta (55 alias "Palermo"), que trabajaba en la DDI de Quilmes. Él aparece como el cerebro del robo de media tonelada de cocaína de "Leones Blancos" (año 2013) y tenía contactos con Diego Xavier Guastini (45) un financista narco al que, se sospecha, mandó a matar en 2019 tras declarar en varias causas como arrepentido.

Preso en el Complejo Penitenciario II de Ezeiza, Baeta escuchó todo por Zoom, cuidando no aparecer en las imágenes de las cámaras del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

A Baeta -y a otros dos oficiales jefes de la DDI de Quilmes- el fiscal los consideró coautores de los delitos de "uso de documento público falso", "falsedad ideológica", "peculado" (coimas) y "tenencia de estupefacientes para su comercialización agravado por ser funcionarios públicos".

El requerimiento de penas fue menos severo para cuatro arrepentidos que declararon en la causa. Eso sí, un testigo falso implicado en el caso más grave en el juicio ("Leones Blancos") recibió un pedido de pena de 15 años y medio de prisión.

Por otro lado, a los policías de la DDI de San Isidro se los acusó de formar una "asociación ilícita" dedicada a manejar el negocio del narcomenudeo en su zona -robándoles la droga a los propios narcos- y para uno de sus jefes García Berro solicitó 17 años de prisión. Ahora García Berro sumo acusaciones

La primera audiencia del juicio fue a fines de octubre de 2024 y comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de una investigación difícil, que logró sacar adelante pese va innumerables presiones políticas.

Aunque pueda parecer tedioso, leer de corrido la acusación contra los policías impresiona:

“Haber formado parte de una organización destinada -en apariencia- a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada por los imputados -mayormente funcionarios judiciales y policiales-".

Los acusados "utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que –muchos de ellos, en razón de sus funciones– estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin".

"Se trató, en definitiva, de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos".

La causa que llegará a veredicto en unas semanas explotó a mediados de 2020, en plena cuarentena por el Covid-19. Por entonces se hicieron decenas de allanamientos en comisarías, delegaciones y hasta la oficina de Scapolan. Cuando hay policías y funcionarios judiciales involucrados todo lleva años.

El panorama que planteó en su alegato García Berro y su equipo -integrado por Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly- es terrorífico: "Estos grupos continúan operativos lo que otorga al presente juicio una relevancia especial. No se trata sólo de asegurar que los imputados reciban la sanción que les corresponde, sino de reparar el profundo daño que estos hechos de corrupción y narcotráfico producen en el entramado social".

MG