Después de una semana con dos triunfos consecutivos en el Palacio Legislativo que reflejó un camino desmalezado de obstáculos políticos, el presidente Javier Milei se ubica en un sitial al que muy pocos han accedido, pero que la mayoría no supo capitalizar y, aturdidos por el poder, optaron por aventuras personalistas.

Las experiencias con finales truncos como la búsqueda ciega de la re-reelección de Carlos Menem, el “vamos por todo” de Cristina Kirchner tras la contundente victoria electoral de 2011 o la lectura equivocada del escenario político por parte de Mauricio Macri luego del triunfo sobre el kirchnerismo en 2017, tienen un denominador común: ninguno de ellos, en una inmejorable posición de poder, pudieron, quisieron o supieron lograr un consenso para rediseñar el modelo de país por las próximas décadas.

“La diferencia con Macri es que Milei no se la cree”, sentenció un miembro del gabinete. Hay conciencia en varios funcionarios que, como nunca, el éxito o el fracaso de la gestión solo depende del oficialismo.

Reconocen también que, a diferencia de anteriores oportunidades, esta vez la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo no boicoteó las propias iniciativas como la reforma laboral ni el de baja de la edad de imputabilidad.

En la Casa Rosada aseguran tener los votos en Diputados para convertir en ley la reforma laboral. “El problema más que los votos es el quórum, asegurarnos que no haya uno o dos que a último momento se den vuelta”, deslizan. No descartan que, pese a que crecieron los cuestionamientos por algunos artículos del proyecto, podrían intentar sacar dictamen y tratarlo en el recinto esta semana. Dejan en claro, de todas maneras, que si no está asegurado el quórum y los votos, pasa para la semana entrante.

Lo que ha escalado fuerte en las discusiones mediáticas y, en particular, en las redes sociales, son algunos puntos polémicos de la reforma laboral. Uno de ellos, el pago del trabajo en “especies” como alimentos o el de las “enfermedades o accidentes inculpables”, aquéllas que impiden la prestación de las tareas laborales y no son causadas por el trabajo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los cerebros de la reforma, se ocupó de plantear como ejemplo el del partido de fútbol, que termina en una lesión del trabajador que afectará su desempeño, por lo cual el empleador podrá abonarle solo el 50% del salario mientras dure su inasistencia. En otros casos como una gripe, se le abonará el 75% del salario. Sin embargo, se ha esparcido un contraejemplo que nadie aclara: ¿Qué pasa con quien contrae una enfermedad como el cáncer, no generado por su trabajo? ¿Se le pagará el 75% y el resto del costoso tratamiento correrá por su cuenta?

Es tal la confusión, incluso en el propio oficialismo, que luego de crecer la polémica la senadora libertaria Carmen Alvarez Rivero propuso crear "un fondo para gente que se enferma de cáncer". Muy poco serio.

Ante ese panorama, la senadora Patricia Bullrich tuvo que anunciar que se corregirá ese artículo de la reforma. Y anunció que para el caso de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, no habrá ningún recorte salarial.

Quizás Sturzenegger no sea el mejor divulgador anti-Estado del mileísmo, frente a una audaz reforma laboral. Trabaja hace más de 30 años en el Estado, desde 1995 cuando era economista en la YPF de Carlos Menem; luego fue Secretario de Política Económica de Fernando de la Rúa; y titular del Banco Ciudad, diputado y presidente del Banco Central con Mauricio Macri. ¿Aceptaría cobrar su sueldo en alimentos? A veces hay que tener respuestas cuando el mensaje es poco claro.

Estas incongruencias generaron alguna crítica de parte de los aliados del PRO y la UCR en Diputados. Desde el Gobierno sostienen que hace falta aclarar algunos puntos como el de las enfermedades, lo que podría hacerse en la reglamentación, para que el proyecto no tenga que volver al Senado si se lo modifica y no esté aprobado antes del 1 de marzo, cuando Milei inaugure las sesiones ordinarias. Suena difícil que los diputados le otorguen un cheque en blanco.

Está escrito que, ante la imposibilidad de reunir los votos para rechazar la reforma laboral, el peronismo/kirchnerismo va a recurrir al fuero federal para frenarla. El Gobierno había avanzado el año pasado con la Ciudad, a través de consultas con especialistas y abogados, en el traspaso de la justicia nacional al distrito porteño, lo que implicaba la licuación de ese fuero laboral que ya no sería el reaseguro de los intereses de la CGT.

Ese traspaso es un convenio entre los ejecutivos de Nación y Ciudad, Milei y Jorge Macri. Pero debe ser refrendado por el Congreso y por la Legislatura porteña. Sin embargo, con la modificación del artículo 91 de la reforma que preveía esos pasos, el oficialismo tomó un atajo y planteó la aprobación directa del acuerdo y la transferencia de los fondos necesarios.

De allí la pelea entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en la sesión del Senado. La vicepresidente argumenta que por tratarse del traspaso de un fuero a otro no cumple con la reglamentación necesaria -debería tratarse por separado, como otro proyecto de ley- lo que habilita a unos dos mil funcionarios judiciales que no quieren pasar de Nación a Ciudad a judicializar este artículo. Una ola de amparos y medidas cautelares por parte de sindicalistas y funcionarios judiciales, es lo que menos le conviene al Gobierno.

En medio del desierto opositor que naufraga en las arenas del peronismo, que no sale del estigma kirchnerista con un discurso prehistórico, algunos movimientos apuntan hacia otra dirección. Como en el caso de Leonel Chiarella, el treinteañero presidente de la UCR nacional e intendente de Venado Tuerto.

Chiarella ha comenzado a hacer lo que el manual no escrito de la política aconseja: recorrer las provincias y emplear horas de charlas con sectores de la política y de la sociedad civil. Así, por un lado, en la semana que transcurrió buscó hablar con gobernadores y legisladores radicales -los que están en la UCR y los de Provincias Unidas- en busca de una “unidad partidaria” que no es sencilla, habida cuenta de los intereses que cruzan a las provincias y a los dirigentes. Visitó cinco provincias y mantuvo un largo encuentro con miembros de la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas).

La dupla entre Chiarella de 37 años y su segunda en el partido, la secretaria general Piera Fernández, de 28 años y militante de Franja Morada, marca una apuesta que el radicalismo hace por la renovación y la juventud de sus nuevos líderes. Un camino que ni siquiera ha indagado -y mucho menos emprendido- lo que queda del peronismo, que sigue referenciándose en Cristina Fernández de Kirchner.