Un cocktail de improvisación y negación suele ser temible porque puede embriagar a cualquier funcionario. En especial, cuando quien organiza el evento es el Gobierno de Estados Unidos, con un alto expertise a la hora de defender los intereses de sus empresas, más allá de lo estrecha que pueda ser una relación bilateral como la que alimentan Donald Trump y Javier Milei.

“Falso. Operadores operados”. Esa fue la reacción del canciller Pablo Quirno en su cuenta X a la tapa de Clarín del domingo pasado que informaba que “Estados Unidos reclama que la Ley Malvinas no afecte a sus empresas”.

Tan solo cuadro días después en una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores debió escuchar de boca de Christopher Landau, el funcionario número 2 de Departamento de Estado que preside Marco Rubio, que era real la preocupación de la administración Trump por sus empresas, ante la ampliación de sanciones previstas en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo proyecto fue enviado al Congreso.

“Nosotros estamos, obviamente, viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso", admitió con absoluta naturalidad Landau. ¿Qué esperaban? Es algo que siempre ha hecho la Casa Blanca.

Ocurre que las penalidades propuestas en el proyecto de la Casa Rosada alcanzan no solo a las firmas que operan en el Atlántico Sur sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas. Una empresa norteamericana con acciones de otra que desarrolle proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, podía ser multada.

¿A quién se le ocurre legislar agravando penalidades, sin percatarse antes que la medida no afecte a las empresas de Estados Unidos e Israel, los principales aliados de la Argentina proclamados por Milei? Improvisación. Tal vez la estrategia comunicacional del Gobierno para apuntalar la figura presidencial les haya jugado una mala pasada: cada vez que el líder libertario hace anuncios sobre el reclamo de la soberanía de las islas, su imagen gana algunos puntos.

Clarín recogió en Washington planteos de funcionarios estadounidenses de que algunas de sus compañías ya habían recibido notificaciones al respecto. Y también advertencias, como cuando señalaron que ese tipo de medidas podrían levantar una barrera al comercio y a las inversiones, cuando hay una larga lista de ellas aguardando ser anuncias para el sector energético.

De allí que se iniciaran contactos al más alto nivel, en el análisis de dos opciones: congelar el proyecto de ley y que quede stand by, sin ningún avance; o modificar el texto para acotar el abanico de “sancionados”, y que las firmas norteamericanas queden fuera de alcance.

La novedad del reclamo de Washington había generado esta semana una nueva grieta en el seno del gabinete, entre quienes promueven el proyecto de ley como el asesor Santiago Caputo, y quienes cuestionaban no haber tenido en cuenta el efecto sobre las firmas norteamericanas. ¿Karina Milei? ¿Martín Menem? ¿Luis Caputo?

Lo que desnuda la prioridad de la Casa Blanca por las penalidades de la Ley Malvinas es también el desinterés por el reclamo de soberanía de Buenos Aires a Londres por el Atlántico Sur. La hipótesis sobre una posible mediación o intervención de Trump ante el Reino Unidos, así como el interés geopolítico de Estados Unidos por las islas en medio de su disputa global con China, no estaría en la agenda del líder republicano.

Los mismos funcionarios que reclamaron por sus empresas dejaron en claro que la posición de Estados Unidos respecto de la cuestión Malvinas seguirá siendo la neutralidad. ¿Usó Trump esto ante el premier británico Andy Burns para fortalecer su estrategia en Medio Oriente? Es muy posible.