Desde China, donde acompaña a su esposo en una visita oficial, la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se enteró este lunes de que el juez que la investiga la procesa por cuatro delitos.

Juan Carlos Peinado, al frente del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, postula sentar a la esposa del jefe del gobierno frente a un jurado popular en un juicio oral por presunta malversación y sospechas de tráfico de influencia, corrupción en los negocios y apropiación de marca.

Peinado investiga a Begoña Gómez desde hace dos años, cuando una denuncia basada en recortes periodísticos que realizó una asociación de derecha puso en la mira la cátedra que la mujer de Sánchez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Según el juez, “Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público”.

Y a pesar de que no le atribuye a Pedro Sánchez ninguna responsabilidad en las posibles faltas de su mujer, el juez Peinado cree que “su relación de parentesco, con el actual presidente del gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y como consecuencia de ellos, los restantes delitos”.

La denuncia inicial, lanzada por la asociación Manos Limpias -conocida en España por su pirotecnia judicial de causas que luego se archivan-, sembraba dudas sobre los méritos académicos de la esposa de Sánchez para estar al frente de una cátedra universitaria.

A partir de allí, el juez fue diversificando su instrucción hasta investigar si Begoña Gómez había patentado a su nombre el software -financiado por varias empresas- que utilizaba en la Complutense.

También le apuntó a una posible malversación en la contratación de la asesora Cristina Alvarez. El juez Peinado sondeó si la primera dama española solicitaba a su asistente, contratada con fondos públicos, que se ocupara de cuestiones privadas, como los asuntos vinculados a la cátedra que co-dirigía.

Investigó además las cartas de recomendación para participar en concursos públicos que la mujer del presidente firmó a favor del empresario Carlos Barrabés, su co-director en la cátedra del máster.

Por otra parte, el juez Peinado deja sin efecto otra de las posibles acusaciones contra Begoña Gómez que indagaba: el intrusismo.

“Al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales, y sólidos, y existiendo contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego, por la investigada, deben sobreseerse las actuaciones respecto de ese delito de intrusismo”, señala la resolución judicial.

La mujer de Sánchez y la acusación tendrán ahora cinco días para pronunciarse antes de que se abra el juicio oral para el cual el juez postula un jurado popular, es decir, integrado por ciudadanos.

El juez instructor avanza también contra la asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, Cristina Alvarez, y contra el empresario Barrabés.

Sánchez cerró un 2025 favorable en la gestión económica pero sombrío en lo político. A los malabares que se somete para lograr los apoyos mínimos indispensables que necesita, se sumaron las investigaciones judiciales a su esposa, su hermano, al Fiscal General del Estado y a ex cargos de su partido, el PSOE. La mayoría de esos procesos penales se concretarán este año.

La semana pasada comenzó el juicio a su ex ministro de Transportes, José Luis Abalos, por corrupción. Abalos, que también fue secretario de organización del PSOE, está preso desde noviembre del año pasado.

Se lo acusa de haber cobrado coimas en la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia y, en otra causa, haber recibido comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas mientras era ministro de Transportes.