Aunque ya pasaron 25 años, el default de la deuda argentina de 2001 sigue teniendo consecuencias y costos. Se sucedieron mandatos de diferente signo político y cada gobierno tuvo que armar estrategias para resolverlo: canjes de bonos, pagos millonarios, negociaciones extrajudiciales.

A Javier Milei, que se adjudicó la reciente victoria en la apelación ante los tribunales de Nueva York en la demanda por US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF, ahora le toca cerrar otro frente, pero esta vez pagando.

Argentina enfrentaba sucesivos pedidos de embargo (habilitados por la Corte Suprema norteamericana) de parte de dos grupos que no habían querido entrar a ninguno de los tres canjes de deuda que se hicieron desde el default y que tenían sentencias firmes inapelables a su favor.

Uno, el más voluminoso, liderado por Attestor pero que nucleaba a otros fondos, como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, e involucraba unos US$ 500 millones; y otro encabezado por Bainbridge, por cerca de US$ 95 millones.

Ahora, el estudio de abogados que representa a la Argentina le envió una carta a la jueza Loretta Preska, que centraliza los juicios contra el país en la Corte de Nueva York, para informarle que el 1 de abril pasado el Gobierno firmó un acuerdo definitivo con los fondos, que está sujeto a la aprobación del Congreso de la Nación y que se espera que sea enviado para su tratamiento la semana que viene.

La información fue dada a conocer por Sebastián Maril, consultor que sigue de cerca los juicios contra el país en Estados Unidos y confirmada por fuentes oficiales.

Habrá que esperar hasta la presentación del acuerdo en el Congreso para saber cuánto deberá pagar Argentina y de qué forma lo hará. Pero no será por el total de la deuda.

El año pasado, ambos grupos ya habían logrado embargar US$ 310 millones que el país tenía depositados en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York como colateral de los bonos Brady, que vencían en 2023.

De los US$ 310 millones, Attestor se quedó con US$ 210 millones y US$ 100 fueron bloqueados por Preska porque eran fondos que también disputaba Bainbridge. Así, el acuerdo que se enviará al Congreso debería ser por menos de US$ 200 millones.

Un año después de ese revés para la Argentina, en marzo pasado, el Gobierno cerró un acuerdo con los fondos, que es el que ahora debe ser refrendado por el Congreso. A partir de ese convenio, las partes le solicitaron a Preska suspender la causa, lo que en la práctica implicaba congelar los pedidos para que el país entregara acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF para terminar de pagar la deuda.

En abril de 2016, el gobierno de Mauricio Macri pagó US$ 9.300 millones a un grupo de holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para eso, se emitieron los bonos Globales que en 2020, bajo la gestión de Alberto Fernández, el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.

El pago de 2016 permitió que la justicia de Estados Unidos levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en el canje de 2005 de Néstor Kirchner. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York.

Sin embargo, quedó un remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina, pese a que el país había logrado en los sucesivos canjes más de 95% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001.

NE