El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia que había interpuesto Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF.

Ese proceso al que el país busca ponerle freno es el que presentaron los demandantes, encabezados por la británica Burford, para conocer qué bienes argentinos pueden embargar para cobrarse el juicio que ganaron por US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF.

En su moción de emergencia, presentada el 6 de marzo pasado, Argentina había solicitado la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

Según explicó la Procuración del Tesoro de la Nación, el Departamento de Justicia norteamericano sostiene en su presentación que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.

Señala que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Asimismo, destaca que, al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.

En consecuencia, el memorándum solicita que, al resolver la moción presentada por Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.

Argentina había presentado la moción de emergencia para pedir la suspensión inmediata del proceso de discovery (búsqueda de documentación) mientras se resuelve la apelación de fondo (el fallo por el que el país debe abonar US$ 16.000 millones).

Burford quería chats y emails de funcionarios, para demostrar que la petrolera YPF y los activos en el exterior del Banco Central (como el oro) son propiedad de Argentina.

En el Gobierno señalaron que la Argentina cumplió "ampliamente" con las órdenes dictadas en el proceso, ya que produjo más de 115.000 páginas de documentación y facilitó aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango.

Además, en cumplimiento de la orden emitida por la jueza Loretta Preska respecto de los dispositivos personales, se entregaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz.

Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera "improcedentes y desproporcionadas".

Esta no es la primera ayuda del gobierno de Donald Trump en los diferentes frentes que tiene este juicio. En el caso del Discovery, ya el pasado 26 de febrero, el Departamento de Justicia había presentado un escrito en respaldo de la posición argentina, con el mismo argumento: que era excesivamente intrusivo y que podía afectar principios de reciprocidad internacional.

demás, el Departamento de Justicia ya había solicitado participar oralmente en la audiencia del 16 de abril relativa a la apelación de la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF para saldar el juicio de fondo.