La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina por YPF y revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de la petrolera de bandera. Además, rechazó los reclamos por incumplimiento de contrato contra el país, confirmó otros puntos a favor del Estado y ordenó que el caso siga su curso. "Ganamos el juicio", festejó el presidente Javier Milei tras conocerse la noticia.

Es un fallo histórico para el país: la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia en un juicio que llevaba más de una década y en el que la Argentina había sido condenada por la jueza Loretta Preska. De esta forma, el país evitará pagar más de US$16.000 millones.

El tribunal de apelaciones revocó parte del fallo anterior y dispuso que la causa vuelva a instancias inferiores para continuar el proceso bajo los nuevos criterios fijados. La Corte de Apelaciones, en su fallo, sostiene que "las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del tribunal de distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos".

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que el Estado argentino incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En ese marco, dispuso que el país debía pagar una compensación, aunque liberó de responsabilidad a la petrolera.

El tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera. La demanda había sido impulsada por el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con una parte significativa de la indemnización.

El fallo representa un fuerte respaldo para el gobierno de Javier Milei y mejora las perspectivas del país de volver a los mercados internacionales, tras un litigio que complicaba eventuales emisiones de deuda. “Ganamos en el juicio por YPF”, celebró el Presidente en redes sociales y acto seguido el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni continuaron con los festejos virtuales.

El fallo fue apelado por todas las partes y, en octubre de 2025, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito realizó una audiencia en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford, este último titular de los derechos para litigar tras la quiebra de las empresas Petersen.

En esa instancia, la defensa argentina planteó tres argumentos para revertir la sentencia o, al menos, reducir el monto de la eventual indemnización. El principal —presentado por tercera vez ante la Justicia estadounidense— sostuvo que el caso debía tramitarse en la Argentina. Según esa posición, corresponde a tribunales locales definir qué norma prevalece: la ley de expropiación que habilitó la estatización del 51% de YPF en 2012 o el estatuto de la compañía, que obliga a lanzar una oferta pública de adquisición al superar el 15% de las acciones.

Se trataba del mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y de la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano, en un contexto en el que incluso el Departamento de Justicia norteamericano se había pronunciado en las últimas semanas a favor del país.

El principal perjudicado por el fallo es el fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos a litigar por unos 15 millones de euros y ya había recaudado más de US$300 millones al vender participaciones en la demanda.

Tras la decisión, las acciones de Burford en Estados Unidos llegaron a desplomarse hasta 54%. Aunque los demandantes aún pueden recurrir a la Corte Suprema, el fallo frena por ahora cualquier intento de cobro y pone en duda que puedan efectivamente percibir la indemnización.

La sentencia original había sido dictada en 2023 por Preska, quien entendió que la estatización violó el estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito concluyó que esa interpretación no se ajustaba al derecho argentino.

SN