La sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York, Estados Unidos, que revirtió la condena a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses por la supuesta violación del estatuto de YPF al momento de su expropiación representa tres victorias aisladas que se anotan el Estado nacional, la petrolera y los partidos políticos que gobernaron el país en los últimos 14 años.

El fallo de segunda instancia, histórico, dejó atrás algo que parecía imposible. La espada de Damocles caía sobre el Estado con el fallo de primera instancia de Loretta Preska, en septiembre 2023. Estaba en riesgo que la Argentina cayera en desacato por no pagar el juicio.

Más allá del ahorro que tienen las arcas públicas -el equivalente a unos 4 años de retenciones al campo- al evitar pagarle a los demandantes, financiados por Burford Capital, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, gozan de un nuevo beneficio a largo plazo.

Es que los negociadores que había mandado Burford, al encontrar cerradas las oficinas del Estado, intentaban presionar internacionalmente para embargar los activos como las propias acciones de YPF, el oro de las reservas del Banco Central (BCRA), los satélites de Arsat, los aviones de Aerolíneas Argentinas y las centrales energéticas de Enarsa.

Su presión más fuerte, sin embargo, estaba en un mercado que conocen bien tanto Caputo como los exejecutivos del HSBC que tenían a cargo el caso: las emisiones de deuda internacional. Con esta sentencia, la Argentina podrá volver a emitir deuda en dólares en el exterior sin este riesgo de bloqueo y posiblemente a menor costo.

Otra victoria es la de la petrolera YPF. Además de que el fallo ratificó que la empresa no estaba directamente involucrada en el juicio, ni sus acciones ni sus activos -campos petroleros, ductos, refinerías y estaciones de servicio- serán embargados por la Justicia.

Asimismo, se despeja el ruido que sacudía a Vaca Muerta, principalmente en materia de costo de financiamiento. Si bien YPF estaba afuera de los efectos del juicio desde marzo 2023, estaba el peligro de que volviera a entrar y se ralentizara el desarrollo del shale oil y gas.

Si cae el riesgo país por este fallo, bajará el costo para la producción y la construcción de infraestructura, lo que acelerará las inversiones.

"Miren lo que hacemos y no lo que decimos", podrían decir los principales líderes políticos de la Argentina. Porque más allá de la grieta entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof -cerebro de la estatización-, Mauricio Macri y Javier Milei, con acusaciones mediáticas, hubo una "política de Estado jurídica".

Desde el momento de la expropiación de YPF en 2012 por mayoría en el Congreso, el argumento del sistema institucional argentino fue que el derecho local está por encima del estatuto de la petrolera, algo que fue cuestionado en Estados Unidos hasta el viernes.

Por la expropiación, Argentina pagó US$ 5.000 millones a Repsol como capital y otro tanto en intereses, además de todos los costos de este juicio.

Pese a las diferencias de concepción ideológica entre el kirchnerismo, el macrismo y los libertarios, en los tribunales internacionales la defensa argentina sostuvo en el tiempo los mismos argumentos centrales, que finalmente triunfaron en Nueva York.

NE