A tres años del inicio de la investigación por la megaestafa inmobiliaria atribuida al clan L’Abbate, la Justicia resolvió avanzar hacia una nueva etapa clave: la elevación a juicio oral y público de una parte de la causa. La decisión, que involucra 441 hechos con prueba de estafa y cinco imputados detenidos, abre un escenario de definiciones judiciales, pero también de fuertes cuestionamientos por parte de los damnificados, que denuncian que aún quedan cabos sueltos, especialmente en torno al destino de los fondos.

El caso, que fue revelado en sucesivas investigaciones y expuesto por Clarín, gira en torno a la familia encabezada por Vito Antonio L’Abbate, señalada como núcleo de una asociación ilícita que habría montado un esquema de comercialización de desarrollos inmobiliarios que nunca se concretaron o que presentaban irregularidades estructurales. Junto a él aparecen otros integrantes del clan L’abbate, sus hijos, y sociedades vinculadas, como Iwin e Iglass, bajo sospecha de haber participado en el presunto desvío millonario.

La causa acumuló centenares de denuncias y más de 500 víctimas que aseguran haber invertido sus ahorros en proyectos que no se entregaron o que quedaron paralizados. Se calcula que el perjuicio podría rondar los 40 millones de dólares. Tras un largo proceso de instrucción, con peritajes contables, testimonios y análisis de documentación comercial, la jueza y la fiscalía resolvieron cerrar esta etapa y elevar a juicio una parte del expediente.

Sin embargo, la decisión no fue recibida con alivio unánime. Para muchos damnificados, el pase a juicio oral llega cuando todavía restan medidas de prueba fundamentales. “La jueza y la fiscalía van a elevar a juicio oral. Los damnificados reclamamos que siga la instrucción dado que falta declarar gente que esclarecería el destino de nuestro dinero”, sostuvo Luz Vázquez, una de las víctimas. Según su testimonio, aún no declararon amigos, familiares, inmobiliarias ni escribanos que habrían intervenido en las operatorias.

La resolución judicial incluye a cinco detenidos y siete personas que prestaron declaración indagatoria (cinco presos y dos sobreseídos). Pero para las querellas, esa cifra es insuficiente frente a la magnitud del expediente. “Hay gente que formó parte de la asociación ilícita y no fue citada nunca”, advierten. El reclamo central apunta a la llamada “ruta del dinero”: adónde fueron a parar los fondos aportados por los compradores.

Fuentes judiciales señalaron que los querellantes, a través de sus abogados, solicitaron medidas de prueba vinculadas con organismos como la UIF, ARCA, el BCRA, la bolsa de valores y el análisis de cuentas bancarias. El objetivo es reconstruir el circuito financiero y determinar si existieron maniobras de lavado o desvío sistemático.

Yamil Castro, uno de los abogados de los damnificados, explicó a Clarín que el juzgado unificó a las víctimas en seis grupos de querellas, cada uno representado por un letrado. Aunque la acumulación tuvo un sentido práctico para la administración del expediente, sostuvo que en lo individual muchas personas sintieron que perdieron margen de impulso propio. “Nuestro objetivo ahora es atacar contra las inmobiliarias y contra los escribanos que intervinieron”, afirmó. También remarcó que todavía resta investigar por qué algunas inmobiliarias continuaron comercializando los proyectos cuando las irregularidades ya eran públicas.

Otro punto sensible es el sobreseimiento de la firma Predial por falta de mérito. Según la resolución, la prueba reunida (testimonios, documentos y pericias) determinó que esa empresa nunca firmó boletos ni elegía unidades. Sin embargo, los querellantes podrían apelar ante la Cámara si consideran que existen elementos para profundizar la imputación.

La elevación a juicio también está atravesada por tensiones procesales. Según denunciaron los damnificados, la defensa de Juan Ignacio L’abbate habría presionado para que se cierre la instrucción luego de que le fuera denegada la prisión domiciliaria. “Nos dicen que tenemos que estar contentos con cinco presos, que es suficiente. Pero de la plata nadie investigó nada”, cuestionan. Desde su perspectiva, el argumento de la complejidad del caso no puede justificar la falta de avance sobre los circuitos financieros.

El expediente, que comenzó a instruirse hace tres años, es voluminoso y técnicamente complejo. Incluye contratos, boletos de compraventa, transferencias, movimientos societarios y declaraciones cruzadas. Pero para las víctimas, el tiempo transcurrido no trajo claridad sobre el destino de sus ahorros. Algunos incluso denunciaron amenazas directas que, aseguran, no prosperaron en la Justicia.

La elevación a juicio oral marca, sin dudas, un hito. Implica que el tribunal consideró reunida la prueba suficiente para debatir en audiencia pública la responsabilidad penal de los imputados. Pero también deja abierta la discusión sobre el alcance de la investigación. Para las más de 500 personas que denuncian haber sido estafadas por el clan L’abbate, el juicio no debería ser un punto final, sino el inicio de una etapa en la que se esclarezca no sólo quiénes participaron, sino también cómo y dónde se evaporaron los millones invertidos.

Mientras tanto, el segundo tramo de la investigación (según explicaron fuentes vinculadas al expediente) podría profundizar en otras sociedades y en la actuación de escribanos y operadores inmobiliarios.

SC