Unas cincuenta personas (cuarenta mayores de edad y diez menores) fueron desalojadas este lunes de un edificio en construcción de 14 pisos ubicado en la avenida Olazábal al 3400, en el barrio de Belgrano, por orden judicial y luego de haber usurpado el inmueble y sin tener los servicios básicos de luz y agua.

Agentes de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo la medida desde las primeras horas de la mañana en el marco de una causa por usurpación iniciada en 2022 que tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo de Maximiliano Vence, luego de recibirse denuncias de los vecinos.

El relevamiento en el lugar del personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), el Ministerio de Espacio Público y del programa Buenos Aires Presente (BAP) determinó que allí había 40 personas mayores de edad y 10 menores.

El edificio tiene doce pisos, con ocho departamentos por cada planta, y se encontraba ocupado desde el primero hasta el quinto.

El secretario de Seguridad de la Ciudad, Ezequiel Daglio, celebró el desalojo en sus redes sociales y compartió fotos de los elementos retirados del edificio y de las personas dejando el inmueble.

El operativo se realizó sin graves incidentes y las personas, las cuales fueron censadas e hicieron acuerdos particulares con los dueños, tuvieron la oportunidad de retirar sus pertenencias.

El edificio, denominado por los vecinos como el "Elefante Blanco de Belgrano", comenzó a construirse en 1962, pero con el correr de los años, la empresa constructora se quedó sin fondos y la obra se detuvo.

Fue así que con el edificio abandonado, comenzaron a llegar las familias y a usurparlo, en un punto neurálgico de la Ciudad. “Vino un hombre que era el sereno, cuando la empresa quebró, llamó a su familia y de a poco fue viniendo cada vez más gente y lo habitaron de a poco”, dijo Salvador, un vecino de la zona, por C5N.

Por su parte, Guido, otro vecino de Belgrano, comentó: "Esto se agravó cuando se hizo el puente que une Olazábal con Superí, que antes estaba cerrado. Eso permitió que pasaran y aumentaran las situaciones de robos o hurtos que se producían en la zona".

En 1972, el Estado adquirió la propiedad para destinarla a viviendas sociales, pero el proyecto volvió a quedar inconcluso.

Y ya en 2022, otra empresa constructora, con el boom inmobiliario en la zona, lo compró y realizó una presentación judicial para iniciar el desalojo de las familias, que recién tuvo su definición tres años más tarde.

La empresa Edenor hizo una inspección recientemente y la misma determinó que las conexiones internas del edificio eran precarias y realizadas de manera irregular, por lo que por precaución se cortó el suministro eléctrico.

Los técnicos observaron que las familias vivían a partir de no tener luz con los grupos electrógenos dentro de los departamentos, un riesgo por la emanación de los equipos de monóxido de carbono.

"Es algo muy peligroso, teniendo en cuenta que habían menores y gente mayor. El monóxido de carbono adentro de las casas puede ser mortal", puntualizaron desde la Justicia al recibir el informe de la empresa de luz, que procedió a desconectar las instalaciones ilegales.

DS