La Ciudad decidió dar de baja la licitación para instalar un gift shop en una bóveda del Cementerio de la Recoleta. "La medida responde a la judicialización de la caducidad del permiso de la bóveda, que se iba a usar para avanzar con la concesión", dijeron a Clarín fuentes del Gobierno porteño.

La noticia se conoce casi en simultáneo con que la Justicia decidiera frenar el proyecto a través de una cautelar, debido a un pedido de amparo presentado hace una semana por la familia dueña de la bóveda en la que se iba construir el emprendimiento.

El espacio se ubica en la Sección 17, Tablón 201, con una superficie cubierta aproximada de 24,55 metros cuadrados. "Es una antigua bóveda que, tras completarse el procedimiento administrativo establecido por la Ley, fue restituida al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explicaron las fuentes oficiales.

Y agregaron que "los 30 propietarios de la bóveda no pagan el mantenimiento desde hace 20 años y deben $22.215.070 por el período 2007/2026. También deben la obra de reparación de la bóveda, que hizo la Ciudad: $15.587.653. Se enviaron cartas documento y se publicaron edictos desde 2025 y nadie se ocupó del pago de la suma adeudada".

Aclararon que "el procedimiento de expropiar bóvedas es el mismo de siempre, en todos los cementerios: se notifica a los titulares y si no se presentan el expediente judicial avanza".

Ante la publicación de la licitación, los propietarios se presentaron y plantearon un recurso de amparo en la Justicia porteña (Girado Lucía contra GCBA sobre amparo, Expte 193444/2026-0. Juzgado CAyT N° 6, Lopez Vergara), que solicitó la nulidad del procedimiento de caducidad de la concesión de la bóveda familiar.

El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad, dispuso al Gobierno de la Ciudad "abstenerse de dictar la caducidad de la concesión del terreno formado por las sepulturas 1 a 12 y demasía del n° 201, Sección 17 del Cementerio de la Recoleta, así como de disponer su eventual licitación o remate público".

En otro párrafo de la cautelar, "requirió que se suspenda y se abstenga de realizar la Licitación Pública n° 10002-1251-LPU26 para la concesión comercial de la bóveda vinculada con las sepulturas antes referidas, que tiene por objeto la concesión de uso y explotación comercial onerosa por el término de cinco años para tienda de recuerdos y local gastronómico".

El juez Gallardo "hizo hincapié en que, a raíz de la declaración de caducidad, el Gobierno habría iniciado una segunda etapa de su accionar, dirigida esta vez a emprender una explotación comercial onerosa y lucrativa en un lugar que se encontraría fuera del comercio".

En ese sentido, señaló que "el cementerio, como bien jurídico, constituiría un lugar de paz y descanso para los deudos, y no un centro comercial, como pretendería convertirlo el Gobierno de la Ciudad. Por ello solicitó que se haga lugar a la acción de amparo, se declare oportunamente la nulidad pretendida y se ordene al Gobierno porteño abstenerse de continuar con el proceso licitatorio".

PS