La pulseada por la falta de obras en la Autopista Presidente Perón (tercer anillo alrededor de la Capital Federal) es en todos los frentes. Ahora, el gobierno bonaerense recurrió a la Justicia Federal y obtuvo una medida cautelar que obliga a Nación a realizar tareas de mantenimiento y a presentar un informe de avance en 15 días.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín (a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto) hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por la Provincia en la que exige a Vialidad Nacional “mantener y reforzar las medidas de cierre, señalización y prevención en todos los tramos inconclusos o no habilitados” para el acceso peatonal o vehicular no autorizado.

También ordenó al organismo nacional “proceda a verificar el estado e intervenir para su reparación, reposición o adecuación” donde se hayan detectado deficiencias en sistemas de contención, como guardarraíles o defensas.

Ocurre que esta autovía, a la que le faltan 30 kilómetros, no tiene movimiento de máquinas desde diciembre de 2023. Pero como las tareas se frenaron, quedaron sectores sin preservar; banquinas sin señalizar, divisores a medio terminar y otras irregularidades que -según el planteo- representan un "riesgo para la seguridad vial de los conductores".

Sin embargo, el fallo de Tezanos Pinto no aceptó otro reclamo de la administración de Axel Kicillof: rechazó la ejecución de obras globales de iluminación, bacheo masivo, diseño de desvíos alternativos o la entrega de un informe técnico integral, argumentando que no correspondía dictar órdenes genéricas e indiferenciadas sobre toda la traza. La Provincia pretendía que Vialidad Nacional reanudara los trabajos.

El reclamo presentado en Tribunales refleja las quejas vecinales y otras denuncias de dirigentes que advierten sobre el riesgo que implica la paralización de todos los trabajos en el trazado. La “Autopista Presidente Perón” se parece a una obra interminable. Los primeros movimientos comenzaron hace 15 años. De los 83 kilómetros totales previstos para unir el Camino del Buen Ayre con la Ruta Provincial 2, hay unos 52 km habilitados. Y un 63% a 65% de avance general para el resto, aunque con sectores enteros frenados, con maquinaria detenida y cierto grado de abandono o vandalismo en zonas específicas.

Sólo se logró alguna tarea puntual de bajadas gestionadas a nivel local o por acciones privadas, como en Canning, partido de Ezeiza.

Hace dos meses, la Provincia le reclamó a la gestión libertaria el traspaso de la jurisdicción de este camino: quería “provincializar” ese trazado, para terminar las obras paralizadas desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Para eso, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, envió un pedido formal al ministro de Economía, Luis Caputo. No hubo respuesta.

Entonces se activó la variante judicial. “Solicitamos a la Justicia que intime al gobierno nacional a traspasar las obras que tienen paralizadas en la autopista. Esta resolución judicial es un gran paso para lograr ese objetivo. La inacción y desidia de Milei y Caputo debe tener un límite. Son millones las personas que se verían beneficiadas si ellos continúan las obras o podemos terminarlas desde Provincia. En estos 3 años Nación no avanzó un kilómetro. Y sabemos que los fondos los tienen, pero priorizan en dibujar superávits y en los negocios financieros”, explicó Katopodis a Clarín.

En su recorrido, la autopista cruza doce municipios del conurbano: San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui. Se pensó como un canal para descomprimir el tránsito en el resto de las vías de circunvalación del área metropolitana, como el Camino de Cintura (Ruta 4) y la Ruta 6. Además, potenciar la conexión entre el norte, el oeste y el sur del Gran Buenos Aires.

Pero la ejecución fue lenta y discontinua. Desde el primer anuncio pasaron cuatro presidentes (Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei) y tres gobernadores (Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof), pero la obra nunca llegó a completarse. El último avance se registró en diciembre de 2023, cuando se habilitó un tramo de 10 kilómetros. Faltan otros tramos de 31 kilómetros.

Ahora por vía de la Justicia, Vialidad debería iniciar un proceso de reparación y de mantenimiento. Y además reportar -en dos semanas- el avance de esa exigencia impuesta por el fallo. Como se trata de una “cautelar” estas solicitudes se deben cumplir en los próximos seis meses. Y mientras, el juzgado considera que los gobiernos deberían ponerse de acuerdo para avanzar con el final del trazado y con el mecanismo para preservar la autovía.

SC