La causa que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos se encamina hacia un nuevo hito. Finalizado ya el plazo para la presentación de un refuerzo de argumentos de todas las partes, comenzó a correr el plazo para el llamado a las audiencias de apelación ante la cámara de Casación. El Código establece veinte días hábiles, pero -se sabe- los tiempos de Comodoro Py suelen ser otros.

Mientras tanto, esta semana la sala IV, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazó el pedido de la fiscalía para mantener las cautelares contra los exfuncionarios absueltos. Diego Luciani y Sergio Mola pretendían que Julio De Vido, Héctor Jesús Garro, Abel Fatala y Carlos Kirchner continuaran con sus bienes y libertad ambulatoria inhibidos, a pesar de no haber recibido penas por parte del Tribunal Oral. Casación rechazó la solicitud, aunque habilitó el camino para que la Corte defina en última instancia.

Al mismo tiempo, las defensas de los condenados presentaron sus respectivas ampliaciones argumentales en el marco del denominado “trámite de oficina”. El último en hacerlo fue Lázaro Báez, representado por el abogado Juan Villanueva. En un escrito de 125 páginas, el empresario patagónico pidió que se revoque su condena por el direccionamiento de 51 licitaciones de rutas en Santa Cruz en base a nuevos ejes argumentales. Entre ellos, arbitrariedad, confusión entre licitaciones de obras nuevas con contratos de mantenimiento, falta de prueba contundente sobre la defraudación e inconsistencias para pedir la aplicación de la figura de asociación ilícita.

“No existe prueba pericial sobre la que pueda sustentarse el juicio de reproche por el delito de administración fraudulenta”, dice la defensa de Báez. Es porque el peritaje oficial no arrojó resultados contundentes y fue el propio Tribunal el que se constituyó en “perito” al momento de los fundamentos del fallo. Así todo, los jueces admitieron que no pudieron llegar a una cifra exacta de la supuesta defraudación. La defensa habló de una “ceguera voluntaria autoinfligida” y reclamó la absolución del empresario.

Cristina Kirchner, por su parte, y el resto de los condenados ya hicieron sus respectivas presentaciones con nuevos argumentos y material probatorio. La causa se encamina hacia la decisiva instancia de las audiencias de apelación, que podrían ser convocadas este mismo año, al compás del proceso de las elecciones presidenciales.