El desvío de 3% de los aportes para la constitución del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) tendrá (si es aprobado en el Congreso) un costo no menor para las cuentas públicas, del orden de los u$s2.500 millones anuales, según estimaciones privadas.

De acuerdo al proyecto de ley de modernización laboral enviado el jueves por el Poder Ejecutivo al Parlamento, el FAL se nutre del 3% del aporte obligatorio de los empleadores, pero a cambio se reducen los aportes patronales por igual monto.

“No queda claro cómo el sistema previsional (las cuentas públicas consolidadas) va a cubrir los, aproximadamente, $330.000 millones mensuales (0,5% del PBI anual)” advierte un informe elaborado por Empiria Consultores.

Otros cálculos privados de fuentes consultadas por Ámbito estiman que la pérdida de ingresos para el Estado podría rondar entre u$s2.000 millones y u$s2.500 millones anuales.

Para tener una referencia, estos montos equivalen a una fracción que va de 0,30 a 0,38% del producto bruto interno, o entre la quinta y la cuarta parte del superávit primario del Tesoro Nacional previsto para 2026.

Este fondo, orientado a atender el problema de las indemnizaciones por despido, no tiene costos ni para los trabajadores ni para los empleadores, pero supone un desfinanciamiento para el sistema de seguridad social.

Por esta razón hubo funcionarios de alto nivel que plantearon la necesidad de buscar otras alternativas, según se comenta en la Casa Rosada. Sin embargo, dicen que finalmente se impuso el criterio del ministro de Economía, Luis Caputo, en el sentido de que estos aportes contribuirán a desarrollar el mercado de capitales de la Argentina -que hoy tiene un tamaño mínimo - y, además, serán compensados por la creación de nuevos puestos de trabajo.

Las autoridades prevén completar la reglamentación de los mecanismos para instrumentar estos fondos en los próximos diez días. Como se sabe, la iniciativa contempla que sean instrumentos a nombre de las empresas, creados específicamente para atender las indemnizaciones por despido y constituidos en sociedades controladas por la Comisión Nacional de Valores.

El estudio de Empiria recuerda que el mercado privado no genera empleo formal desde 2011 y sostiene que “La legislación vigente, obsoleta -cuyo cuerpo principal data de 1974- no fue inocua, sino que alentó una reforma laboral de hecho, sin los beneficios de una reforma de jure, pero sí con los costos de la informalidad y precarización de los contratos de trabajo”.

Precisa que el mercado laboral argentino hoy tiene 21 millones de trabajadores: 6,3 millones de asalariados privados formales (29% del total), 3,4 millones asalariados públicos (16%, 300 mil nacionales, 2,3 millones provinciales), 5,7 millones asalariados informales (27%) y 5,8 millones cuentapropistas (27%). En este último universo conviven monotributistas (2,2 millones), autónomos (400 mil) y cuentapropistas informales.

La evolución de los últimos años revela el deterioro en el mercado de empleo ya que, en comparación con 2012, mientras los empleos privados en blanco – los de mayor calidad- crecieron sólo 3%, los asalariados informales aumentaron 22% y los cuentapropistas 49%.

A partir de estos números, la consultora concluye que “Bajo la rigidez normativa actual, quedó demostrado que la variable de ajuste no es la cantidad de empleo (como fue en la década del 90) sino el precio (salarios más bajos) y la calidad (preponderancia del trabajo informal o por cuenta propia)”.

La iniciativa elevada al Congreso contempla fijar un límite para la actualización en los juicios laborales (de inflación más 3 puntos, anual) y no devengar intereses sobre intereses. Apunta, de esta forma, a combatir la imprevisibilidad del monto de la indemnización en caso de interrupción del vínculo, una incertidumbre que desincentiva la contratación formal.

Otra fuente de litigiosidad son los accidentes. Los juicios asociados crecieron hasta 2017, cayeron hasta 2022 y volvieron a crecer desde entonces, mientras que los accidentes efectivamente ocurridos muestran una caída continua desde 2010, señala Empiria. Hay más de 300 mil juicios sin resolver. Además, uno de cada cuatro juicios iniciados en el último año fue en PyMEs .

Otro tema importante es la disparidad en las cargas que muestra el mercado local con relación al mundo. Se señala que en Argentina las contribuciones patronales y aportes personales como porcentaje del ingreso llega a casi 35%, más del doble que en Estados Unidos (15%) y cinco veces lo que pagan las empresas en Chile (7%).

Ante una pregunta de Ámbito, la central sindical cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al considerar que su implementación implica obligaciones nuevas para los empleadores y un impacto directo sobre el financiamiento del sistema previsional. Según la CGT, cada empleador deberá abrir una cuenta separada y de uso específico en alguno de los fondos autorizados por la Comisión Nacional de Valores, lo que constituye una carga obligatoria.

Los recursos acumulados en esas cuentas tendrán como fin exclusivo el pago de indemnizaciones laborales. Sin embargo, la central remarca que el empleador no estará obligado a utilizar el dinero del FAL cuando se produzca una desvinculación, lo que —a su criterio— no garantiza el cobro efectivo para los trabajadores.

Otro de los puntos señalados por el sindicalismo es que los fondos del FAL serán inembargables, de modo que los trabajadores no podrán ejecutar esos recursos en caso de conflicto. Además, el mecanismo solo alcanzará a empleados registrados con más de doce meses de antigüedad, dejando afuera tanto a quienes no alcanzan ese tiempo de servicio como a los trabajadores informales, a quienes la CGT considera especialmente desprotegidos.

La central también advierte que el FAL comenzará a responder por extinciones laborales únicamente después de recibir al menos seis aportes mensuales obligatorios. Esto implica que el esquema deberá acumular fondos durante medio año antes de estar en condiciones de cubrir eventuales indemnizaciones.