La Libertad Avanza activará a partir de este viernes una mesa "técnica" en el Senado para pulir el dictamen de reforma laboral con el objetivo de convertirlo en ley en febrero en la prórroga de sesiones extraordinarias del Congreso que convocará Javier Milei. Desde la CGT ya anticiparon que no están dispuestos a participar de ese espacio teniendo en cuenta que el oficialismo nunca convocó a la central obrera a debatir el contenido del proyecto a pesar de la participación de Gerardo Martínez (UOCRA) en el denominado Consejo de Mayo donde se hizo la presentación formal de la propuesta de modernización laboral.

"El proyecto ya está redactado asi que nosotros no vamos a ir. Seguramente participen senadores del peronismo pero nosotros como CGT no vamos a convalidar un proyecto que ya está dictaminado y afecta derechos laborales sin nuestro acuerdo", confirmó esta mañana ante la consulta de Ámbito una fuente calificada de la CGT. El menú de reclamos de los gremios es amplio y va desde la limitación del derecho a huelga hasta la reducción del 6% al 5% de los aportes para obras sociales sindicales, la creación de un fondo de desempleo a cargo de los empleadores financiado con una reducción del 3% de los aportes a la seguridad social que iban destinados a Anses y hasta el tope a los cálculos indemnizatorios.

Con ese objetivo, los gremios iniciaron una ronda de consultas en enero y a partir de esta semana empezarían las reuniones con gobernadores del peronismo pero también de Provincias Unidas. Los mandatarios provinciales también acumulan quejas en relación al proyecto pero no tan enfocadas en los derechos laborales, como es el caso de la CGT, sino en el capitulo impositivo de la reforma laboral. El eje de la discordia con la provincias se da en relación a los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Reducción de la Carga Tributaria que afecta la recaudación coparticipable de los gobernadores. Sólo la caída en la recaudación en Ganancias tendría un impacto negativo neto de 1,6 billones de pesos en los fondos de la coparticipación, de acuerdo a la estimación de los mandatarios provinciales quienes advierten que "la copa" se desplomó casi 20 puntos.

Un Presidente sin límites para hacer las reformas que la Argentina necesita de verdad. Capítulo: Reforma Laboral. pic.twitter.com/LeJSDJDWOa

Para intentar destrabar la resistencia de las provincias, más que de la CGT, Patricia Bullrich pondrá en marcha entre el 16 y el 26 de enero una mesa técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes, que en rigor, no tiene carácter formal teniendo en cuenta que el Congreso se encuentra en receso hasta tanto el Presidente firme el decreto de prórroga de sesiones extraordinarias a partir de febrero. La jefa de bloque de La Libertad Avanza ya anticipó que el oficialismo está dispuesto introducir cambios en el dictamen teniendo en cuenta que son solo 20 senadores nacionales propios, necesitan el apoyo de los gobernadores aliados para legar a un piso de 37 votos positivos en el recinto para blindar la aprobación del proyecto.

Los cambios ya tendrían el aval de Luis "Toto" Caputo. De hecho entre los gobernadores ya circula un paper del Ministerio de Economía donde se analiza el impacto fiscal que la reforma laboral tendría en las arcas provinciales. "Se analizó el impacto fiscal del Proyecto de Ley de Modernización Laboral. Para el caso del Impuesto a las Ganancias, debe tenerse en cuenta que el impacto fiscal será efectivo a partir del año 2027, debido a que la medida alcanza los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2026", explica el texto al que tuvo acceso Ámbito.

Con ese objetivo, Diego Santilli se sumará este viernes a la primera reunión de mesa política del año en Casa Rosada a cargo de Karina Milei y Santiago Caputo con la participación de Manuel Adorni y Martín Menem. El ministro del Interior ya activo una gira de verano por Chubut, Córdoba y Chaco para recolectar apoyos para la reforma laboral. El jueves visitará la provincia de Mendoza y el viernes recibirá a Sergio Zilloto, el gobernador peronista de La Pampa.

En el artículo 191, la iniciativa empujada por Javier Milei modificará la escala para el pago del impuesto a las ganancias de las sociedades. Esta baja de la alícuota impactaría en una menor recaudación del tributo y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias. Según el Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 p.p. del PBI. De ese monto, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades; es decir que $34,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las ganancias.