La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su respaldo a la iniciativa del Poder Ejecutivo orientada a modernizar las relaciones laborales, al considerar que una actualización normativa puede aportar previsibilidad, orden y reducción de conflictos en el mundo del trabajo.

No obstante, desde la entidad subrayaron que una reforma de esta magnitud requiere un debate profundo y un marco legal integral, pensado no solo para resolver problemas actuales sino también para acompañar la dinámica productiva de los próximos años.

Uno de los puntos centrales señalados por el sector tiene que ver con el impacto de la litigiosidad laboral, especialmente en el entramado PyME. Según advierten, muchas empresas enfrentan sentencias con montos que resultan imposibles de afrontar, una situación que no solo compromete la supervivencia de las firmas sino que también pone en riesgo los puestos de trabajo.

En ese contexto, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se consolide como criterio general de actualización de condenas la combinación de IPC más intereses, un esquema que —según sostienen— provoca una multiplicación desproporcionada de los montos y puede derivar en cierres de empresas.

Además, remarcaron que este mecanismo colisiona con la normativa vigente que prohíbe la indexación de sumas de dinero, como lo establece la Ley 23.928 y sus modificatorias.

Desde CADAM acercaron una serie de iniciativas para avanzar hacia un esquema más equilibrado:

Plantearon retomar un sistema basado en tasas bancarias, promediando tasas activas y pasivas, como se utilizó históricamente. El objetivo es lograr valores razonables y previsibles, evitando saltos que desvirtúen el sistema.

Propusieron derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita las denominadas “cuotas solidarias” u otros aportes similares. Según explicaron, estos costos adicionales suelen surgir de negociaciones donde muchas empresas no están representadas y, además, carecen de control efectivo sobre el destino de los fondos.

También señalaron que los aportes o contribuciones especiales previstos en convenios colectivos —cualquiera sea su denominación u objetivo, incluidos los vinculados a capacitación o sostenimiento institucional— deberían ser estrictamente optativos, y no una carga obligatoria para el empleador.

Otra de las propuestas apunta a que el empleador deje de actuar como agente de retención de cuotas sindicales. En ese esquema, la afiliación y el pago quedarían bajo la responsabilidad directa del trabajador y la entidad gremial correspondiente.

En relación con la llamada “industria del juicio”, desde el sector mayorista apoyaron la adopción de herramientas que desincentiven reclamos infundados. En particular, plantearon que, ante demandas manifiestamente exageradas o sin sustento, las costas judiciales sean asumidas de manera solidaria entre el demandante y su abogado.

Asimismo, impulsaron cambios en el procedimiento laboral para que los expedientes avancen por el impulso de las partes y se habilite la caducidad de instancia cuando un juicio queda paralizado durante períodos prolongados.

Desde CADAM remarcaron que el objetivo final es avanzar hacia una legislación laboral moderna, clara y equilibrada, que garantice derechos, reduzca conflictos y evite abusos, pero que al mismo tiempo permita que las empresas —en especial las PyME— puedan seguir produciendo y sosteniendo empleo.