El ex ministro de Salud Ginés González García quedó procesado en la causa conocida como “Vacunatorio vip”, por peculado de bienes y abuso de autoridad. Además, se ordenó un embargo en su contra por la suma de 130 millones de pesos.

La resolución fue dictada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la causa en la que se lo investigó porque permitió aplicar en el ministerio de Salud a determinadas personas las primeras dosis de las vacunas del Covid-19 cuando escaseaban.

En su momento, cuando fue indagado, el exministro alegó que las personas que se dieron las vacunas estaban amparadas por resoluciones del Ministerio y quienes recibieron las vacunas eran personas de riesgo ante el contagio de coronavirus.

También quedaron procesados Alejandro Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la entonces Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Guille, secretario privado de González García; Alberto Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas.

A otros de les dictó falta de mérito: Lucrecia Raffo, Silvia Bacigalupo y Graciela Torales.

Ginés quedó en la mira porque habría “ilegítimamente ordenado, ejecutado, o avalado en infracción a los deberes inherentes a su cargo que el 18 de febrero 2021 se trasladara al Ministerio de Salud un equipo de vacunación del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas con dosis de la vacuna contra el Covid-19 y asignadas a dicho establecimiento, y se vacunara indebidamente a distintas personas, entre ellas Horacio Verbitsky, Jorge Taiana, Eduardo Valdés".

La magistrada concluyó que ninguno cumplía con los criterios para vacunarse de acuerdo a lo establecido por los lineamientos de las resoluciones dictadas por el ministerio. No integraban las categorías de “Personal de Salud” o eventualmente “Personal Estratégico”.

“Las dosis asignadas al Hospital Posadas no podían ser utilizadas para vacunar a la población en general, sino exclusivamente para el personal de salud y, en casos excepcionales, para el personal estratégico cuya labor era fundamental”, indicó la jueza.

“Las vacunas distribuidas a centros nacionales, como el Hospital Posadas, estaban disponibles y asignadas para un número limitado de categorías que formaban parte del orden de priorización establecido de acuerdo con las necesidades del Estado. Esto implica que las dosis asignadas a los centros nacionales estaban destinadas a vacunar al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, excluyendo cualquier otra categoría”

También se procesó a Ginés por “haber ordenado y ejecutado respectivamente, la orden ilegítima para que” Costa “se trasladase el 01/02/2021 al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde junto con 5 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignadas al Ministerio de Salud, y vacunara indebidamente a este último; a su esposa, Hilda Beatriz González, a sus hijas, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde, y a Carlos Alberto Mao”.

“Toda actividad en la cual tenga participación el Estado, como todos los bienes involucrados en esta, siempre han merecido una especial protección por parte de la ley penal, pero no puedo dejar de destacar el contexto en el cual sucedió este desvío, y por ende el especial valor que poseían estos bienes en ese entonces”, dice uno de los párrafos del fallo.

La jueza había reabierto el caso por orden de la Cámara Federal Porteña que dispuso continuar con la investigación.

Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez pidieron indagatorias por abuso de autoridad y peculado de bienes.

“La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del Personal de Salud y eventualmente del Personal estratégico”, señalaron los fiscales en su momento.