Bajo el nombre de "Ley de Libertad Educativa", esta semana el gobierno de Javier Milei presentó su reforma educativa, que pasó desapercibida luego de que, a las apuradas, el mandatario enviara al Congreso la ley de " Modernización Laboral". Entre los puntos salientes, el texto establece la implementación de voucher, declara a la educación como servicio esencial y, además, busca darle un rol central a la familia y mayor libertad a las instituciones educativas.

En un mano a mano con este medio, Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, dio su visión sobre la iniciativa. Especialista en la materia, Narodowski ponderó el impulso de la propuesta en medio del diagnóstico alarmante que hace sobre la educación en la Argentina. Sobre todo porque, de sancionarse, las escuelas dejarían de ser terminales burocráticas, para tener mayor autonomía a la hora de tomar decisiones. "Eso es algo que yo vengo proponiendo hace 30 años", dijo el exministro de Educación porteño.

Así mismo, en diálogo con Ámbito, Narodowski mostró sus reparos en torno a un tema que LLA impulsa desde la Ley Bases. Esto es, declarar a la educación como un servicio esencial. Entre otros motivos, especificó que no se trata de un servicio esencial porque tiene "tres meses de vacaciones". En este sentido, se encargó de aclarar que "la pérdida de días de clase no es mayoritariamente por huelga docente".

Asimismo, le bajó el precio a los voucher incluidos en la iniciativa oficialista, al explicar que no tienen el mismo espíritu que los que rigen en países como Suiza o Chile. Por último, el investigador señalo cuáles considera que son los puntos débiles del proyecto que, hasta ahora, no tiene fecha para ser tratado en el Congreso.

Periodista (P.): Dice que la educación “colapsó”. Incluso, escribió El colapso de la educación. ¿Cuál sería, hoy, su diagnóstico?

Mariano Narodowski (M.N): A mí me parece que “colapso”, yo lo uso en términos estrictos, es un sistema que cualquier respuesta que den sus circuitos tiende a la parálisis. El ejemplo que yo doy siempre, pero el público se renueva, es cuando vos vas con el auto y te quedas en la arena. Si vos vas para adelante, para atrás o doblás, te hundís más. Ahí está colapsada la situación. Necesitas un agente externo que te saque. Es decir, que cambies los circuitos, ¿no? Yo digo que lo que se ve es estancamiento, es colapso. No es una crisis, porque de las crisis se sale por medio de mecanismos endógenos. Hay alguien adentro de la crisis que las puede resolver. En cambio, en un colapso, no ocurre. Eso hace falta, en temas educativos, un liderazgo muy fuerte que implique un cambio de reglas de juego.

(P.): Y en este sentido, el Gobierno, de mínima, ya presentó una reforma a la Ley de educación. ¿Eso creé que es un primer paso para salir de este colapso?

(M.N): Soy de los que piensa que este colapso tiene muchos motivos. Pero uno de los motivos que tiene es que a partir de 1993, cuando se sanciona la Ley Federal de Educación, se reconfigura el sistema educativo argentino, que venía de una fase más imprecisa, más ambigua, se reordena con un Ministerio de Educación Nacional sin escuelas, escuelas dependientes de los gobiernos provinciales, y esa dependencia es una situación en donde las escuelas estatales se convierten en terminales burocráticas de los gobiernos provinciales. Las privadas tienen un margen de maniobra mucho mayor. Recordemos que en la Argentina, la educación privada es muy importante, no es marginal. Es el 35% del total a nivel país, pero representa el 50% de Buenos Aires, el 40% del Conurbano, el 50% de Córdoba Capital. Ahí hay una disparidad entre escuelas estatales y escuelas privadas. No digo que ese formato fue la causa del colapso, pero ese formato es el escenario del colapso. Y lo que hace el Gobierno es un proyecto que deja atrás ese modelo institucional que atravesó el menemismo, el kirchnerismo, el macrismo, incluso ahora. Y se va a un modelo en el cual el Ministerio de Educación Nacional sigue sin tener escuelas; los gobiernos provinciales son los que gobiernan las escuelas, pero las escuelas dejan de ser terminales burocráticas y tienen mucho más autonomía para tomar decisiones. Eso es algo que yo vengo proponiendo hace 30 años.

(P.): ¿Y qué tipo de decisiones podría tomar una escuela si se sancionara esta ley que, al día de hoy, no puede tomar?

(M.N): Por ejemplo, en el proyecto, entre el 70% y el 80% de los contenidos los define Nación y la provincia, pero hay entre un 20% y un 30% los define cada escuela. El calendario escolar, la escuela lo puede adecuar a las necesidades de la gente. Puede generar orientaciones. No estoy hablando de orientaciones religiosas, que son para la escuela privada, pero orientaciones en arte, en ciencia… Puede contratar en forma autónoma a sus propios docentes. Hoy, en una escuela estatal, a diferencia de una escuela privada, es muy difícil tener un equipo docente, porque las escuelas no eligen docentes, los docentes eligen escuelas. Entonces, es muy difícil armar un equipo. En las escuelas estatales hay mucha rotación docente. Eso la familia lo tiene muy claro. Esto lo va a evitar. Es decir, lo que se hace es empoderar al director y a los docentes. En vez de que el Gobierno te diga qué es lo que tenés que hacer, te tiene que preguntar qué necesitas, y el gobierno tiene que acompañar, financiar, gestionar los recursos para que a la escuela le vaya mejor.

(P.): Un director de escuela, ¿está formado para esta nueva modalidad? Y, de ser así, ¿tiene margen para atender tantas variables? Hoy hay muchos frentes abiertos: chicos que van al colegio al comer; casos de violencia; colegios que se caen a pedazos.

(M.N): Hay varios puntos en tu pregunta. El primero es que el director, las decisiones que tiene que tomar, tienen que ver con ser una terminal burocrática. O sea, de todo eso decide poco. Por ejemplo, para que tengas una idea, si a un chico le duele la cabeza en la escuela, el Gobierno le impide al director darle un ibuprofeno. Tiene que tener una autorización firmada por los padres. El Código Civil dice que la responsabilidad de cualquier daño siempre va a ser de la escuela. Eso la ley lo cambia, un poco. Es cierto que hay muchas tareas que tienen que hacer hoy los directivos que no son pedagógicas. Por ejemplo, ocuparse de la comida. Pero uno entiende que si está más empoderado, va a poder organizarse mejor. Otra cosa es que tiene que dedicarse mucho a lo administrativo. Bueno, con esta ley las escuelas estatales van a poder destinar al personal docente que hace otras tareas a que haga tareas administrativas. O va a poder reclamarle al Gobierno que les mande apoyo administrativo. Es decir, el centro de la educación deja de ser el gobierno y pasas a la escuela.

(P.): Y los directores, ¿están preparados?

(M.N): Hoy, no. Claramente no, porque nunca lo hicieron. ¿Y los funcionarios estatales están preparados? De ninguna manera. Si no, no estaríamos en una situación de colapso. Entonces, yo prefiero experimentar a ver qué pasa con el empoderamiento de las escuelas. Por supuesto que el gran dilema es si las escuelas van a estar acompañadas o no. Hoy, igual, tampoco están acompañadas. Pero me parece que ahí sí hay un desafío. Y más allá, la reforma toca varios puntos.

(P.): Y más allá de esta autonomía, ¿qué otros puntos destaca del proyecto?

(M.N): El examen final del secundario, el Examen Nacional de la Enseñanza Secundaria (ENES), me parece buenísimo. Copiaron el modelo brasileño, el modelo de Lula. Es un examen voluntario en el que los chicos hacen una prueba. No es una evaluación a Aprender, es una prueba, un examen, que evalúa toda la educación básica desde la primaria. Entonces, podés tener el título secundario, pero vos necesitás una señal de que realmente sabés. Una señal para el mundo laboral, para poner en tu LinkedIn. Una señal para la universidad, aquellas universidades que quieran seleccionar alumnos. En Brasil, los estudiantes incluso que terminaban en escuelas privadas, daban la prueba y, si les iba mal, los padres iban a la escuela a decir: “Que pasó, porque ustedes me dijeron que esta era una buena escuela. Incluso hasta pagué por venir a esta escuela”. Tiene muchos aspectos positivos.

(P.): ¿Hay rechazo en la comunidad docente a este tipo de evaluaciones? ¿O a los censos que propone el proyecto de ley?

(M.N): Bueno, hay algunos sectores radicalizados que están en contra de las pruebas estandarizadas. Eso pasa en todo el mundo, porque el canon, el mainstream educativo mundial, es progresista y piensa que las evaluaciones estandarizadas son neoliberalismo, monstruos, etc. Muchos pensamos, la mayoría piensa que no es un tótem, pero sí es un indicador muy importante. Entonces, en la Argentina, había muchos que no lo hacían. Esto va cambiando. Cada vez hay más chicos que hacen las pruebas a Aprender, pero hay como un mundo, una opinión experta en educación que está en contra de eso. Los docentes, la verdad que no sabemos qué piensan los docentes. Yo lo que veo es que cada vez hay menos resistencia, y lo mido, porque cada vez hay más chicos que responden a las pruebas a aprender. Eso significa que los docentes lo habilitan más.

(P.): Hablando de los docentes, el proyecto propone declarar a la educación un servicio esencial. ¿Comparte esa idea?

(M.N): No, no lo comparto. La educación no es un servicio esencial de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Es un tema técnico. Un servicio esencial no puede tener tres meses de vacaciones. Un servicio esencial es un servicio que no se puede cortar en ningún aspecto. Las escuelas se cortan todos los fines de semana. Entonces, me parece que está mal. Salvo casos aislados, la pérdida de días de clase no es mayoritariamente por huelga docente. Es por problemas de infraestructura, porque no hay agua, porque no hay electricidad, porque llueve y no se puede llegar, por ausentismo docente, o por ausentismo de los alumnos. Esos son los motivos. Entonces, declarar servicio esencial tampoco aportaría mucho. Y otro problema es que, cuando declarás servicio esencial, es porque un sindicato formalmente declara una huelga. Entonces, declara una huelga de colectivos, pero tiene que circular una determinada cantidad. En los proyectos que se presentaron para declarar a la educación servicio esencial, se plantea que tiene que haber un porcentaje de docentes, básicamente para cuidar a los chicos, no para enseñarles. Con lo cual, no se cumple el motivo.

La ley declara a la educación servicio esencial.

(P.): Bueno, pero le resolvería la vida a los padres, por lo menos.

(M.N): Le resolvería la vida a los padres, exactamente. Pero bueno, el concepto de servicio esencial es que haya colectivo para hacer todo el recorrido. No que te dejen a mitad de camino. Creo que si se sanciona una cosa así, la justicia lo va a revertir y creo que con motivos razonables para revertirlo. Pero hay otro tema. Hay otro motivo, que es el siguiente: un sindicato establece una huelga. Tiene que estar el servicio esencial. Si no está el servicio esencial, cuando hay este tipo de normativas, al sindicato se lo multa. El problema es que acá nosotros tenemos muchas organizaciones gremiales, que no tienen ninguna inscripción, que son docentes autoconvocados. Sería difícil de aplicar esto.

(P.): Desde que asumió Milei, hay menos paros docentes, ¿a qué se lo atribuye?

(M.N): Paradojalmente, los gobiernos que tienen políticas salariales más restrictivas siempre tienen menos paros. Lo mismo pasó con Menem.

(P.): El proyecto busca darle un rol más protagónico de la familia. ¿Cree que la familia está preparada para involucrarse; debe involucrarse?

(M.N): La idea de que las familias no están preparadas me parece una formulación elitista. Pensar que nosotros, los intelectuales, los políticos, las administraciones provinciales somos los que sabemos decidir y las familias no saben. En lo que no estoy de acuerdo es que el protagonismo sea de la familia. El protagonismo tiene que ser de los docentes. Porque, como en un hospital, el protagonismo es del director del hospital, los jefes de servicio y de los médicos, que son los que saben. Se podrán equivocar, después habrá mala praxis, no lo sabemos. Pero ellos son los que saben. Me parece que lo que sí vale en el tema de las familias es en la elección de escuela. O sea, que los padres tengan información para elegir escuela. Y por eso también está bueno: que con la ley podamos saber los resultados de Aprender por escuela. Hoy está prohibido.

(P.): ¿Y por qué hoy está prohibido?

(M.N): Porque estigmatiza. Literal, esa es la frase que usa la ley. Dice que no puede hacer público ni por escuelas, ni por docentes, ni por alumnos. Esta ley dice que de docentes y de alumnos no se puede hacer público. Entonces, vamos a poder saber si la escuela a la que mando a mi hijo tiene buenos o malos resultados respecto a otras escuelas.

(P.): ¿Qué opinión le merece la implementación de los voucher?

(M.N): Voucher significa que el Gobierno, en vez de financiar a la escuela (estatal y privada), como es ahora, financia a la familia. La familia va con ese voucher, lo presenta y si hay muchas familias, la escuela puede subsistir. Si no hay muchas familias, hay pocos vales, la escuela no puede subsistir porque no tiene recursos. Ese es el principio básico. La idea es que compitan las escuelas para generar mejor educación y que los padres vayan tomando decisiones. Eso en la ley no está. Es libre elección de escuelas, y se le da a la provincia la posibilidad del voucher como una forma de financiamiento. Pero dice voucher, beca, ayuda económica, bono... No es un sistema de voucher estilo Suecia o Chile.

(P.): ¿Hay algún punto del proyecto que lo alerte? Algo que diga, “esto puede salir mal o no comparto”…

(M.N): Yo creo que la dirección es correcta, pero hay mucho de todo esto que va a depender de la implementación. Y para la implementación, hay un esquema que yo no comparto que es que buena parte de las decisiones que se van a tomar, las toma el Consejo Federal de Educación, que es la reunión del ministro de Educación de las 24 provincias y el de Nación. Y en eso no cambia nada y yo creo que es un grave error.

(P.): ¿Por qué?

(M.N): Porque ese Consejo toma resoluciones que son vinculantes y el Consejo funciona como si fuera un Senado. Por mayoría de provincias. Entonces, ponele que a la hora de tomar una decisión, tengas a Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires Córdoba, Santa Fe Mendoza, Tucumán y Salta en una posición de minoría y tienen que aplicar una norma. Ahí tenés el 85% de la población de los chicos argentinos. Eso genera un montón de distorsiones. Creo que es inconstitucional porque, además, el ministro de Educación es un cargo no electivo es administrativo que está a tiro de decreto. Me parece que eso podría llegar a entorpecer de hecho hoy funciona de una manera complicada pero podría llegar a entorpecer algunas decisiones.