Luego de no incluir la adenda en el dictamen y tras arduas negociaciones con representantes del PRO en el Congreso, el Gobierno nacional incorporará al proyecto del Presupuesto 2026 el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que Nación mantiene con el distrito. El acumulado desde agosto supera los $350 mil millones y continúa en aumento semana tras semana. La iniciativa se tratará este miércoles en Diputados.

El reclamo que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le transmitió al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la cartera del Interior, Diego Santilli, en diferentes reuniones a lo largo de las últimas semanas no había permeado en las filas libertarias parlamentarias que, de manera express y en horas de la tarde, habían dispuesto dictaminar sobre la Ley de Leyes sin la aclaratoria solicitada.

Tal como informó Ámbito, la Comisión de Presupuesto que preside el mileista Alberto “Bertie” Benegas Lynch -en reemplazo del "expatriado" José Luis Espert- firmó el texto que reunió apoyo mayoritaria. La iniciativa, que cosechó 28 firmas, proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI.

Pero el dato que marcó la jornada fue que, pese a la insistencia, el oficialismo no había incorporado al proyecto el artículo que pedía Ciudad para que se explicite la obligación de pago del Ejecutivo nacional. Y sus aliados PRO expresaron su descontento al momento de la firma al pronunciarse en disidencia parcial. Fernando De Andreis y Daiana Fernández Molero, dos macristas de pura cepa que integran la comisión, expusieron el descontento.

Consultados por Ámbito, en el partido que preside el exmandatario Mauricio Macri explicaron que la decisión respondía a la negativa del oficialismo de incorporar la aclaratoria sobre la deuda que el Gobierno nacional mantiene con el distrito porteño. El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ratificó a este medio dicha postura.

Sin embargo, tras presentarse en queja, también pusieron manos a la obra y activaron líneas de negociación con el oficialismo para intentar encausar la situación. En el macrismo veían margen para discutir y llevar agua para su molino. Consideraban que, pese a estar firmado el dictamen, el proyecto aún podía ser susceptible de cambios, incluso en la antesala de la votación. “Hay tiempo aún para negociar. Hasta 10 segundos antes de votar seguiremos insistiendo”, expresó una fuente del partido. Y así fue.

Según comentaron fuentes parlamentarias a este medio, Ritondo fue quien tomó la posta y contactó a su excolega en el recinto, Santilli, ahora representante del Ejecutivo y quien administra las discusiones con los gobernadores sobre fondos, en el marco de la necesidad del oficialismo de juntar los votos para la aprobación del Presupuesto.

El artículo, que se incluirá en el texto final a tratarse este miércoles, dice lo siguiente: "Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos" CSJ 1865/2020".

La disputa entre la Ciudad y la Nación en materia de coparticipación se retrotrae al 2016. En aquel entonces, el presidente Macri elevó el coeficiente que recibía el distrito desde el 1,4% al 3,7% bajo el pretexto del traspaso de la Policía. En 2020, el gobierno de Alberto Fernández retrotrajo el porcentaje al 2,3% alegando que superaba ampliamente los fondos requeridos por el área de Seguridad: aseguraban que debía ser el 1,4% histórico más un 0,92% adicional de coparticipación, en lugar del plus de 2,35% otorgado por Macri.

En aquel entonces, la administración del Frente de Todos resolvió que una vez que se aprobara la ley del traspaso, el coeficiente volvería al 1,4%, a los que se le sumarían $24 mil millones anuales, actualizables trimestralmente. Desde diciembre del 2020, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó a cobrar el 1,4.

Con la llegada de Milei y Jorge Macri a sendas administraciones, se firmó el entendimiento bajo el manto de la Corte Suprema que le añadió un 1,55% al monto total hasta alcanzar los actuales 2,95 puntos. Nación se comprometió a abonar el 1,4% de coparticipación por goteo diario y el 1,55% adicional -que deriva del fallo de la Corte- mediante una transferencia semanal los días viernes, monto equivalente a $20.000 millones.

Hasta el mes de agosto, el Ministerio de Economía cumplía a rajatabla con lo firmado. Sin embargo, desde entonces comenzaron a acumularse los impagos del 1,55%. “Al día de hoy ronda los $350.000 millones”, calculan en los despachos de Uspallata, sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron al alcalde porteño, Jorge Macri.

En las reuniones que Macri mantuvo con Caputo, Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el pedido que se le trasladó al Ejecutivo nacional fue que se incluyera en el Presupuesto 2026 la aclaratoria en donde se especifiquen la obligación de Nación de hacer frente a las responsabilidades económicas que debe cumplir con el distrito capitalino. Así lo hizo saber el propio jefe de Gobierno.

"Las obligaciones de pagar entre estados tienen que estar expresadas en el Presupuesto. Así que sí, esa es una condición que se la planteé nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la comisión de Presupuesto, espero que podamos destrabar eso", afirmó a Radio La Red en la antesala de uno de los encuentros.

En ese entonces también dejó en claro que el planteo hacia la administración nacional se trasladó a las filas del equipo amarillo que tiene sede en el Congreso. Los diputados del PRO que representan a la Ciudad tenían el mandato del alcalde de presionar a los libertarios para que se incorpore la modificación. Finalmente, tras idas y vueltas y sobre la chicharra, el texto incorporará el acuerdo.

De todas maneras, hasta tanto el Ejecutivo no retome los pagos, la deuda continuará su curso alcista de a $20.000 millones por semana. Para el Gobierno nacional, el gasto semanal representa cifras similares a las que en las últimas semanas transfirió a gobernadores aliados que acudieron a la Casa Rosada para reclamar por obras, en tiempos en que el Ejecutivo cuenta los votos uno a uno.

Como contó Ámbito en base a datos recabados por Politikón Chaco, la administración nacional aceleró en las últimas semanas el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia distritos gestionados por gobernadores dialoguistas que en tiempos de rosca se acercaron a la Casa de Gobierno para intercambiar promesas. El informe de la consultora indica que hasta el 12 de diciembre, el giro ATN supera a los enviados en los últimos cinco meses en conjunto: los desembolsos rondan los $43 mil millones.

Tuvieron como destino final tres distritos: Tucumán captó $ 20.000 millones el 10/12; mientras que el viernes 12/12 se le pagó a Misiones $ 12.000 millones y a Chaco otros $11.000 millones. Se espera que reciban fondos Catamarca por $10.500 millones; Entre Ríos por $7.000 millones; y Salta por $6.000 millones.

Afrontar los costos totales de la deuda con CABA supondría una reducción sustancial del superávit que mes a mes viene acumulando el equipo de Caputo. De acuerdo a cifras difundidas por Economía este martes, el Sector Público Nacional (SPN) registra un superávit financiero acumulado del 0,6% del PBI. El superávit primario de noviembre arrojó $2.128.009 millones, mientras que el superávit financiero fue de $599.954 millones.

La deuda de CABA se ubica en $350.000 millones, un monto sustancial para Nación en el marco del ajuste presupuestario que lleva adelante sobre las cuentas nacionales, donde se observan recortes en jubilaciones y en áreas como Obra Pública, Educación y Ciencia, entre otras. Sin embargo, la demora en los pagos semanales también representa una afectación a las arcas del distrito que conduce Jorge Macri, cuyo balance anual arroja resultado positivo en medio de recortes en las estructuras del Estado porteño, pero también de fuertes desembolsos en obras de infraestructura, a contramano de Nación.

La firma en disidencia parcial del dictamen abría un panorama de incertidumbre para la sesión de este miércoles, que ahora, con el acuerdo sobre la mesa, parece cerrarse. Finalmente, el partido amarillo, a través de Ritondo, logró articular la necesidad del alcalde Macri y logró un resultado favorable para la Ciudad. Ahora resta saber si el proyecto consigue luz verde del Congreso o no.