A partir de la aprobación de la ley Bases, Javier Milei contó con un año de facultades delegadas que vencieron el pasado 9 de julio. Bajo el argumento de la reforma administrativa, el Ejecutivo intervino organismos autárquicos en áreas que habían quedado por fuera del proyecto sancionado, como la seguridad, la ciencia, la salud y la cultura. Es por eso que bloques de diputados ya preparan una iniciativa unificada para rechazar los decretos presidenciales.

Existen dos coincidencias en los decretos de Casa Rosada: el momento de su oficialización y la concentración de áreas. Dos días antes del vencimiento de las facultades delegadas, por caso, el Gobierno determinó reformas en 65 organismos y fondos fiduciarios. Además, se reglamentaron absorciones a gran escala de organismos: como ejemplos, Economía recibió el INTI y el INTA; Salud obtuvo la dirección de cinco hospitales e institutos especializados; para Seguridad fueron Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal.

En simultáneo a la acción judicial que revirtió esta semana la reforma en dos organismos (Vialidad Nacional y la Marina Mercante), en la Cámara baja apuntan a convocar a una sesión en donde también se incluyan los proyectos dictaminados de emergencia en salud pediátrica -tras la movilización de trabajadores del Hospital Garrahan- y la ley de financiamiento universitario. Solo resta determinar fecha (última semana de julio o primera de agosto) y listado de decretos. “Habría que seleccionar los 8 o 10 que son más significativos“, plantearon desde el provincialismo. “Los quilombos que podemos resolver por la vía parlamentaria son poquitos", sintetizaron desde el peronismo.

Esta semana, referentes de organismos científicos se convocaron en la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a los DNUs.

En ese marco, Ámbito pudo conocer que existen acuerdos generalizados para avanzar dentro de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. "No hablamos de ningún decreto en particular, pero no es falta de voluntad sino de consensos y oportunidades", señalaron desde Democracia para Siempre, otra de las bancadas que se suele sumar al pelotón que antagoniza con el oficialismo. De sumarse estos espacios de forma unánime, se conseguiría una mayoría simple para rechazar los decretos con un antecedente directo: Javier Milei fue el primer presidente al que le derogaron un DNU desde que se establecieron, en el 2006.

“Las reformas que se hicieron fueron de fondo, entonces excedieron las delegaciones de la ley Bases, que eran por cuestiones administrativas: si fuera así, la ley dice claramente que no se pueden modificar o eliminar competencias, y eso es lo que se hizo”, planteó la entrerriana Carolina Gaillard (Unión por la Patria) en diálogo con este medio y en referencia a la reforma de la Policía Federal, una de las prioridades para derogar del peronismo junto a los decretos vinculados a organismos culturales y al Banco Nacional de Datos Genéticos. “Lo que hizo el Ejecutivo es disolverlos de manera encubierta, porque les sacó la autarquía, es decir, el manejo de fondos”, agregó.

El santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal), coincidió: “Les eliminan el CUIT y así les quitan la personería y centralizan sus recursos”. Con el respaldo de su bloque, el diputado presentó un proyecto para rechazar el decreto que interviene seis institutos científicos e industriales, entre los que se encuentran el INTI y el INTA. El DNU hace hincapié en la ejecución de un inventario de su flota, maquinaria, inmuebles y terrenos para la venta. "Hay un negocio inmobiliario detrás y la intención de desmantelar todo", plantearon desde la oposición. “Se pone en riesgo contratos de millones de dólares con Japón y Paraguay, porque Argentina hoy está haciendo asistencia técnica a esos países con equipamiento del INTI”, subrayó Paulón para Ámbito.

En la oposición, observan la posibilidad de reunir apoyos de la UCR y el PRO.

Ambos entrevistados enfatizaron la necesidad de abordar los decretos que reforman al Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. “Queda discutir cuál es el lugar que tienen en el temario; parecieran tener una prioridad subalterna", admitieron desde uno de los bloques que priorizan el tema. Desde la Cámara baja también advirtieron la necesidad de blindar cualquier medida judicial. El Senado ya tomó esa iniciativa, con un proyecto sobre Vialidad Nacional que ya fue girado a las comisiones de Presupuesto e Infraestructura para su dictamen.

Existe otro elemento que le preocupa al Gobierno: continúa la insistencia para reformar la Ley 26.122 sobre el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que le otorga mayores potestades al Poder Legislativo. Hasta ahora, ambas Cámaras debían tener una mayoría en contra de los DNUs; de aprobarse el proyecto que se encuentra dictaminado -y que se iba a tratar en la sesión del 2 de julio, suspendida en medio de un escándalo- solo bastaría con uno de los dos recintos. “Creo que es indispensable que salga este año, porque hoy están las condiciones numéricas en ambas cámaras para que esto salga si algunos de los que dicen que apoyan dejan de especular y apoyan”, destacó Paulón.

Aunque con énfasis en la última semana antes del final de las facultades delegadas con las que contaba el Poder Ejecutivo, alguna de las reformas más significativas realizadas por decreto durante este 2025 fueron: