En el marco de la causa YPF, la Argentina informó a la jueza Loretta Preska su decisión de cooperar con la entrega de los mensajes y correos electrónicos solicitados por la justicia estadounidense. En la presentación judicial, el Gobierno pidió además una nueva prórroga para cumplir con el requerimiento: el plazo, que ya había sido extendido hasta el 4 de noviembre, ahora se busca postergar hasta el 21 de noviembre.

Según fuentes del caso, el objetivo de la solicitud es contar con tiempo adicional para gestionar el consentimiento de los 35 funcionarios y exfuncionarios cuyos intercambios fueron requeridos como parte de la investigación. La jueza Preska había pedido que el país presentara las comunicaciones o justificara su imposibilidad de hacerlo, dentro de los plazos fijados.

El escrito presentado por los abogados que representan al Estado argentino detalla que se está trabajando en obtener la autorización individual de las personas involucradas, en línea con los procedimientos de privacidad que impone la legislación local. La cooperación, aclararon, no implica una admisión sobre el contenido de los mensajes, sino una disposición a facilitar el proceso judicial.

La decisión de colaborar marca un cambio de tono en la estrategia de defensa del Gobierno, que hasta hace unas semanas insistía en la dificultad técnica y legal para acceder a esos registros. En esta etapa, la prioridad parece ser evitar nuevas sanciones procesales y mostrar buena voluntad ante el tribunal neoyorquino.

Fuentes allegadas a la defensa remarcaron que la gestión involucra tanto a actuales funcionarios como a exintegrantes del gobierno anterior, y que el procedimiento se realiza “de manera individual y confidencial”.

La jueza Preska deberá resolver en los próximos días si concede la prórroga solicitada y bajo qué condiciones se avanzará con la entrega del material. El tema es seguido de cerca por el Ministerio de Economía y por la Procuración del Tesoro, dado que forma parte de la etapa final del proceso tras el fallo adverso que dejó al país expuesto a un reclamo millonario.

Mientras tanto, el Gobierno busca ganar tiempo sin volver a tensar la relación con el tribunal, en un escenario donde cada presentación puede influir en la negociación de los próximos pasos judiciales.