La Sala II de la Cámara Federal porteña revocó este jueves la decisión judicial que había rechazado el planteo de nulidad presentado por las defensas de los hermanos Kovalivker y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el expediente que investiga presuntas maniobras ilícitas en compras del organismo.

Los jueces ordenaron profundizar la investigación sobre el origen y autenticidad de los audios que dieron inicio al caso, cuya procedencia y veracidad aún no están claras. La resolución se dictó con mayoría de los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun, mientras que Eduardo Farah votó en disidencia y propuso confirmar lo actuado.

El expediente se inició por denuncias basadas en audios difundidos en medios periodísticos, en los que se escucharía a una persona atribuida a Spagnuolo describir supuestos hechos de corrupción dentro de la ANDIS.

Para los camaristas Boico e Irurzun, esa incertidumbre invalida el rechazo de la nulidad dictado en primera instancia: “La incertidumbre existente desde el inicio de esta causa no sólo impide receptar las pretensiones recursivas de las defensas sino que también torna impropio avalar la decisión que las rechaza apoyada en constancias hoy ausentes”, señalaron.

Los jueces remarcaron que la Cámara no puede asumir, sin prueba, que se trató de grabaciones hechas por un particular y admitidas como válidas.

“Resulta estéril argumentar sobre la admisibilidad de grabaciones efectuadas por particulares cuando esa afirmación no se encuentra respaldada en el expediente”, indicaron.

Por esa razón ordenaron al juez de primera instancia Sebastián Casanello identificar el origen de las grabaciones, analizar su veracidad y despejar los interrogantes vigentes, antes de volver a pronunciarse sobre la nulidad.

Los abogados de los imputados habían denunciado que los audios podrían ser falsos, adulterados, editados o incluso producto de inteligencia artificial, y que fueron incorporados sin cadena de custodia ni peritajes. También alertaron por una supuesta violación al derecho a la intimidad.

A su vez, la querella –Fundación Poder Ciudadano– pidió confirmar la resolución y avanzar en la investigación, mientras que el Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Franco Picardi sostuvo que los audios funcionaron como un inicio de la causa pero no les asignó valor probatorio.

El camarista Eduardo Farah se apartó de la mayoría y votó por confirmar la decisión de primera instancia. Para él, el pedido de nulidad se basa en “meras hipótesis” que “desmerecen la seriedad del planteo”: “La decisión no puede basarse en conjeturas”, sostuvo.

Farah remarcó que, más allá de la edición o dudas sobre los audios, su contenido aporta datos verosímiles y concretos sobre supuestas maniobras en la ANDIS que justifican investigar. También citó jurisprudencia que admite grabaciones aportadas por particulares y sostuvo que, si hubo irregularidades, deben evaluarse como cuestiones de valor probatorio, no como nulidades.

En este sentido, recordó que las denuncias incluirían otros elementos previos que apuntaban a irregularidades en la agencia, como notas periodísticas de 2024 y 2025.

Con la decisión de la mayoría, el expediente vuelve al Juzgado 11, subrogado por Casanello que deberá: verificar el origen de los audios, analizar su autenticidad mediante peritajes y reevaluar la nulidad una vez reunida esa información.

Mientras tanto, la investigación penal continúa abierta, pero bajo la obligación de despejar las incógnitas que dieron origen al caso.