El gobierno Nacional se apresta a oficializar al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, a través de su publicación en el Boletín Oficial. El Secretario de Justicia Sebastián Amerio se quedó con un cargo clave en su enlace con el Poder Judicial luego de protagonizar una fuerte pulseada en la que terció el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, quien incluso hizo desistir a Javier Milei de su propio candidato: un “outsider” que provenía del ámbito académico, específicamente de la UCA. Mariano Cúneo Libarona debió ceder también en la propuesta de su jefe de Gabinete, Diego Guerendiain, a quien había llegar a sugerir a viva voz. Hubo otros sectores judiciales que no alcanzaron la meta de sentar a un postulante propio en la vigésima silla del Consejo. Era un lugar disputado, lo que se cristalizó en la demora oficial en definir el nombre de su representante.

Pese a que Cúneo Libarona ya firmó, es la Secretaría de Legal y Técnica la que está trabajando contra reloj para oficializar la designación con el objetivo de que se integre en el plenario del miércoles, cuando por primera vez, el órgano de selección y remoción de jueces funcione completo, por primera vez desde que se operativizó el fallo de la Corte Suprema que devolvía su composición a 20 miembros.

Amerio se propone desembarcar con varios objetivos de gestión que intenten agilizar el funcionamiento del Consejo, que arrastra el problema sistémico de la cobertura de vacantes, hoy en torno al 30% del total. Su rol será el de cortafuegos. Más allá del contexto económico que preocupa a los jueces, la cuestión presupuestaria que atraviesa al Poder Judicial con una previsión de gastos idéntica a la de 2023 es el asunto transversal a las preocupaciones. Hasta cuándo alcanza el dinero que debe girar el Poder Ejecutivo, quien, por ahora, evita considerar “casta” a los tribunales al dirigirle sus dardos. De todas formas, según pudo saber Ámbito, el proyecto de autonomía financiera para el Poder Judicial que había prometido la gestión Cúneo Libarona entró a boxes, por ahora.

El otro asunto es igual de candente: si Mieli resucita la Ley Bases, el interrogante es si volverá a la carga con la transferencia de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La peor pesadilla para la Asociación de Magistrados que extenuó esfuerzos en enero para que fuera retirado el artículo en el dictamen de comisión que ahora quedó sin efecto y con el proyecto supuestamente resucitado en su versión original.

El flamante representante del Consejo aspira a trabajar en la agilización del proceso de designación de jueces y en el mejoramiento de cuestiones de administración, en las que le reconoce a Horacio Rosatti la mejora en la eficiencia desde que tomó la presidencia, con un trabajo continuo y sigiloso. Es un punto de contacto que preanuncia una sintonía fina con la Corte y con el bloque de jueces en lo que puede ser un nuevo esquema de alianzas dentro del Consejo que también puede sumar a los representantes del PRO (los legisladores y los abogados). También se buscará poner una ficha en el funcionamiento eficaz de todas las comisiones.

El rol requiere de un puntilloso trabajo de alianzas para construir mayorías que destraben su friccionado funcionamiento. No es sencillo. El tema presupuestario sigue siendo dominante y Amerio deberá ponerse al día con los datos finos para exprimir la creatividad de las soluciones. Representa a una administración que se muestra inflexible con el gasto e impermeable a los argumentos. Si hubiese un objetivo conceptual, así como Cúneo Libarona se puso como meta ambiciosa la de devolverle “buena imagen” al Poder Judicial, la de Amerio es dotar al Consejo de un prestigio que nadie le recuerda, en mucho por los distintos obstáculos que presenta su diseño y múltiples reformas que se sucedieron desde que fue incluido en la Constitución de 1994. De nuevo, lo relevante para un Consejo eficaz es que deje de ser noticia y para ello es esencial el esquema de alianzas que destrabe los temas, agilice la elevación de ternas y no parezca un botín de la política.

Amerio tiene varios activos que le sirven al Poder Judicial para medir su relacionamiento con la Casa Rosada: es judicial, trabajó en la secretaría penal de la Corte Suprema y Juan Carlos Maqueda es con quien tiene una relación más cercana. No es imposible que –con las salvedades del caso- pueda ser asimilado como alguien “propio”. Otra cuestión que colabora es el estándar tan bajo del que se parte: el anterior gobierno hundió cualquier tipo de relacionamiento positivo por lo que en comparación a lo que fueron cuatro años de tiroteos, casi cualquier cosa es bienvenida para el mundo judicial. La sustentabilidad de esa sensación se verá con el correr de los meses.