La caída de Nicolás Maduro puso bajo los reflectores uno de los frentes más delicados de la economía venezolana: la deuda externa. El país latinoamericano es dueño de lo que es considerado uno de los mayores defaults soberanos aún sin resolver a nivel global.

Tras años de recesión profunda y un esquema de sanciones de Estados Unidos que dejó al país prácticamente fuera del sistema financiero internacional, Venezuela entró en default del pago de su deuda a fines de 2017. El incumplimiento alcanzó tanto a los bonos emitidos por el Estado como a los títulos colocados por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Desde 2017, el pasivo se fue engrosando. A los montos originales se sumaron intereses impagos y una creciente batería de reclamos judiciales derivados de expropiaciones realizadas en años previos, lo que elevó el volumen total de obligaciones muy por encima del valor nominal de los bonos en default.

Los bonos de Venezuela suben un 25% y la deuda de la petrolera estatal escala un 28% tras la intervención de EEUU.

En ese contexto, la deuda venezolana mostró cierta recuperación en los mercados desde la asunción de Donald Trump en enero de 2025, impulsada por apuestas especulativas vinculadas a un eventual cambio de régimen político. A continuación, un repaso por el tamaño del pasivo, quiénes concentran los reclamos y qué margen existe para una eventual reestructuración.

Según consignó Reuters, el país acumula cerca de u$s60.000 millones en bonos en situación de default. Si se suman las obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales internacionales, la deuda externa total se ubica entre u$s150.000 millones y u$s170.000 millones, según el criterio utilizado para computar intereses y sentencias judiciales.

Archivo. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el PBI nominal venezolano alcanzará los u$s82.800 millones en 2025.

El Fondo Monetario Internacional proyecta que el PBI nominal venezolano alcanzará los u$s82.800 millones en 2025. Con esos números, la relación deuda/PBI oscila entre 180% y 200%, un nivel que condiciona cualquier intento de normalización financiera.

Uno de los instrumentos más emblemáticos es el bono de PDVSA con vencimiento original en 2020, respaldado por una participación mayoritaria en Citgo, la refinería estadounidense controlada por la petrolera venezolana. Ese activo se transformó en una pieza central de las disputas legales en tribunales de Estados Unidos, donde distintos acreedores buscan recuperar parte de sus acreencias.

El prolongado régimen de sanciones que rige sobre el país latinoamericano - incluida la prohibición de operar deuda venezolana - convirtió una tarea de extrema dificultad la identificación precisa de los tenedores actuales. Aun así, se estima que la mayor parte de los bonos está en manos de inversores internacionales especializados en deuda en dificultades, comúnmente conocidos como “fondos buitre”.

Además, también forman parte de los acreedores empresas que obtuvieron compensaciones a través de arbitrajes internacionales por expropiaciones dispuestas por Caracas. Tribunales estadounidenses validaron indemnizaciones multimillonarias a compañías como ConocoPhillips y Crystallex, convirtiendo esos fallos en reclamos ejecutables contra activos venezolanos en el exterior.

En paralelo, se multiplican los demandantes con sentencias firmes que buscan cobrar a través de PDV Holding, la sociedad que controla Citgo. Un tribunal de Delaware contabilizó alrededor de u$s19.000 millones en reclamos habilitados para la eventual subasta de esa participación, un monto que excede con creces el valor estimado de los activos de la refinería.

Además, Venezuela mantiene deudas bilaterales con países como China y Rusia - países que exigieron la liberación de Maduro -, que prestaron financiamiento para los gobiernos de Hugo Chávez y del mismo Maduro.

La diversidad de acreedores, los procesos judiciales abiertos y la fragilidad política anticipan un camino largo y complejo para cualquier reestructuración formal de la deuda.

Un eventual acuerdo soberano requeriría, en principio, el respaldo de un programa del FMI que establezca objetivos fiscales y criterios de sostenibilidad. Sin embargo, Venezuela no mantiene consultas regulares con el organismo desde hace casi veinte años y continúa excluida del financiamiento del prestamista multilateral, lo que refuerza la incertidumbre sobre los próximos pasos.