A través del Decreto 463/2025 publicado este miércoles en Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la disolución de tres fondos fiduciarios: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). La medida se enmarca en un proceso más amplio de revisión y eliminación de estructuras,que ya alcanzó a otros 26 fondos similares.

Según los fundamentos del decreto, los fondos en cuestión registraban un "uso ineficiente de los recursos públicos, deficiencias en los mecanismos de control y una escasa o nula rendición de cuentas", bajo los informes realizados de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional había sido creado en 1997 con el fin de asistir a las provincias y al Estado Nacional en el financiamiento de obras de infraestructura económica y social. No obstante, tras casi tres décadas de funcionamiento, auditorías de la SIGEN revelaron falencias en la aplicación de los fondos y en la devolución de los préstamos otorgados, "lo que derivó en pérdidas millonarias para el Estado".

Frente a este diagnóstico, el Ejecutivo consideró que su continuidad no resultaba conveniente y resolvió su cierre, priorizando una aplicación más racional y eficiente de los recursos públicos. Solo se usó $70 millones de $26.000 millones disponibles.

Entre 2022 y 2023 se transfirieron al fideicomiso $26.000 millones, pero solo $70 millones se utilizaron efectivamente en la finalidad específica del fondo. La SIGEN advirtió falta de planificación estratégica, escasos controles sobre las inversiones, contrataciones indebidas y graves deficiencias en los procesos administrativos.

Pese a la disolución del fideicomiso, el Sistema Federal de Manejo del Fuego —como política pública de fondo— continuará vigente. Para ello, se mantendrá la contribución obligatoria del 3‰ de las primas de seguros, que será administrada directamente por el Ministerio de Seguridad, bajo los principios de la Ley 24.156, que regula la administración financiera del Estado Nacional.

Por último, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) —anteriormente denominado FONDEAR— fue eliminado tras detectarse una gestión irregular y deficiente. La SIGEN observó que los fondos fueron destinados a inversiones temporarias sin vínculo con los fines establecidos, además de señalar demoras e incobrabilidad en el recupero de los préstamos, y fallas graves en el registro y control de las operaciones.

Con estas decisiones, el Gobierno Nacional continúa avanzando en su plan de reordenamiento del Estado. “Estas medidas son parte de una política que busca una gestión pública transparente, ágil y eficaz, en la que cada peso del contribuyente sea bien utilizado”, indicó el comunicado oficial.