Tras dos días de intensas negociaciones y luego de aprobar el Presupuesto y la Ley Impositiva 2026, la Legislatura bonaerense volvió a estancarse este viernes en el punto más sensible del paquete fiscal: la autorización para que el gobernador Axel Kicillof tome deuda por u$s3.035 millones, más otros u$s500 millones para empresas provinciales, herramienta que el Ejecutivo considera indispensable para poder sostener la gestión el año próximo.

La sesión en la Cámara de Diputados cayó por falta de quórum y el debate se trasladará a las sesiones extraordinarias del martes 2 de diciembre, el último día posible antes del recambio legislativo, cuando La Libertad Avanza sumará bancas.

Desde temprano, en ambos cuerpos se respiraba un clima de desconfianza: intendentes presionando por fondos, bloques opositores reclamando garantías y un oficialismo con recelos internos que complicaron el panorama.

A las 10:14, el titular de la Cámara baja, Alexis Guerrera, reanudó el cuarto intermedio iniciado el miércoles. Pero en el recinto solo se sentaron 39 legisladores: los 37 de Unión por la Patria (UxP) y dos del bloque Nuevos Aires. La UCR, el PRO y La Libertad Avanza evitaron bajar, dejando la sesión sin los 47 presentes necesarios para iniciar el trámite.

El punto que terminó de trabar la negociación es el mismo que viene frenando las conversaciones desde el miércoles: la definición del esquema de distribución del Fondo para Municipios dentro del paquete de endeudamiento. "Eso hizo caer la sesión, porque los cargos están sobre la mesa a la espera de que cada sector designe los nombres para los lugares que tenían", contó un ministro provincial a Ámbito.

El Gobierno propuso asignar el 8% del total -más de $340.000 millones- a las comunas y distribuir ese monto mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), o bien a través de una fórmula mixta que combine CUD e ingresos municipales. Desde el Ejecutivo defienden este criterio por considerarlo automático, objetivo y alineado con los mecanismos habituales de transferencia.

Pero en sectores tanto del oficialismo como de la oposición surgió otra propuesta: canalizar los recursos mediante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (Profide). Ese esquema implicaría que cada municipio presente proyectos ante una comisión, y que la Legislatura evalúe y apruebe cada desembolso. Sus impulsores argumentan que esto permitiría garantizar transparencia y evitar posibles arbitrariedades en la asignación.

El Ejecutivo rechaza de plano ese formato. Sostiene que habilitar al Poder Legislativo a intervenir en la distribución de fondos implica invadir facultades propias del Gobierno y que, en la práctica, convertiría a los intendentes en “gestores permanentes” frente a una bicameral que debería autorizar cada obra o transferencia.

Gran foto del momento en que @SergioMassa nos pide que hagamos el esfuerzo de citar a una nueva sesión para presionar a la oposición a definir si nos da o no las herramientas de Gobernabilidad! pic.twitter.com/LUd7Od66BF

“Propusimos coparticipar el 8% del endeudamiento y asegurar un tercio de ese fondo en tres cuotas con un coeficiente objetivo. Pero quieren que sea la Legislatura la que defina el reparto, algo imposible de aceptar”, señaló el ministro.

El funcionario agregó que parte de los legisladores que impulsaban el mecanismo alternativo -entre ellos representantes de La Cámpora y del Frente Renovador- proponían crear dos instancias: una comisión del Ejecutivo encargada de elevar los proyectos y una bicameral legislativa que los aprobara. “Pedimos buscar otra vía porque el Poder Legislativo no puede manejar recursos del Ejecutivo. Eso obligaría a los intendentes a pedir cada giro ante la bicameral”, explicó.

La misma fuente insistió en que la propuesta oficial era clara: usar el CUD o la combinación CUD más ingresos como criterio objetivo. “Ellos insisten en un sistema donde la Legislatura determine caso por caso, y eso no lo podemos aceptar”, resumió. Según su lectura, la negociación llegó a “un punto de no retorno”.

Desde el kicillofismo señalan, con evidente malestar, que parte del massismo y de La Cámpora habrían mantenido conversaciones con dirigentes de la UCR y del PRO para que no bajaran al recinto, con el objetivo de exhibir la parálisis como un desacuerdo entre el oficialismo y la oposición.

Según esa versión, planteada por un legislador del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la maniobra buscó encubrir diferencias dentro del propio peronismo y proyectarlas hacia afuera. “Quisieron instalar que la traba estaba en la oposición, cuando la discusión era interna”, sintetizó el diputado.

En el Gobierno descartan que la discusión por los cargos haya sido el motivo del fracaso legislativo. “Ese tema está acordado y no explica la caída de la sesión. Estamos dispuestos a ampliar el directorio del Banco Provincia de ocho a doce miembros y a cubrir vacantes en el Tribunal Fiscal y en el Consejo de Educación. Lo único que no vamos a discutir ahora es la Corte”, sostuvo una fuente con acceso al despacho de Kicillof.

Sin embargo, aun con ese visto bueno, el capítulo institucional sigue metiendo ruido en la oposición.

Por un lado, La Libertad Avanza rechaza tajantemente la ampliación del directorio del Bapro: considera que sumar sillones políticos es un gesto de “casta”. Ese rechazo coloca al PRO en un tironeo complejo: necesita negociar lugares y fondos para los municipios, pero cualquier acercamiento al peronismo puede ser utilizado por LLA para cuestionar su alineamiento.

Y todavía queda pendiente para mañana a las 10 de la mañana el tratamiento de la deuda de casi 3700 millones de dólares que Kicillof solicitó a la Legislatura. Monto que casi duplica la cantidad que la provincia necesita para rollear la deuda que ya tiene. O sea, hay deuda NUEVA.… https://t.co/z8vPEJ9k90

Por otro lado, la UCR ni siquiera terminó de acordar quién ocuparía los cargos que le corresponden en los organismos y directorios, lo que dificulta cualquier compromiso concreto. A eso se suma un condimento adicional: este viernes volvieron a circular presiones para incluir en la negociación las vacantes de la Suprema Corte bonaerense, pese a que el Ejecutivo ya avisó que ese tema quedará para más adelante.

Aunque las tensiones entre el massismo, el kirchnerismo y el kicillofismo siguen latentes, en el recinto el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, apuntó toda la responsabilidad hacia la oposición por haber frustrado el debate. En un discurso extenso y de fuerte tono político, el legislador camporista recordó que la sesión había quedado en cuarto intermedio a pedido de los propios bloques opositores y que, en las últimas 48 horas, “se exigía diálogo y se hicieron todos los intentos” desde el Ejecutivo y desde la Cámara baja para alcanzarlo.

Tignanelli subrayó que ministros, funcionarias y representantes del gobernador mantuvieron conversaciones con presidentes de bloque y dirigentes opositores “para acercar posiciones”, pero aseguró que hubo una decisión deliberada de impedir el avance de la Ley de Financiamiento. “Parece haber una voluntad clara de que esta ley fundamental para la provincia no pueda votarse”, dijo.

Enfatizó además que el endeudamiento solicitado no corresponde a deudas asumidas por la actual gestión y recordó que quienes hoy se niegan a dar quórum “eran oficialismo cuando se contrajeron esos compromisos”. En ese marco, pidió a los bloques opositores que “entren en razones” y asuman su “responsabilidad histórica”: “Fueron electos para defender los intereses de los bonaerenses, no los propios”, sentenció.

En paralelo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan de Jesús, reforzó públicamente esa posición. A través de un posteo en redes sociales, señaló que del lado de Unión por la Patria “hay acuerdo, responsabilidad y vocación de diálogo” y remarcó que la prioridad es avanzar con los tres proyectos enviados por Kicillof: Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Financiamiento.

Tal como quedó reflejado en la sesión del miércoles pasado en la Legislatura, del lado del oficialismo hay acuerdo, responsabilidad y vocación de diálogo. Es absoluta prioridad avanzar con el conjunto de los tres proyectos enviados por el Gobernador: Presupuesto, Ley Impositiva…

El legislador del Partido de la Costa afirmó que estas herramientas no responden a una necesidad del Ejecutivo sino “a una necesidad de las y los bonaerenses”, porque permiten sostener servicios esenciales, asistir a los municipios, continuar obras y fortalecer áreas estratégicas como salud, educación y seguridad.

“El bloque está listo para sesionar y aprobar cada proyecto. Vamos a seguir construyendo consensos con responsabilidad”, expresó, y llamó a la oposición a acompañar con la misma actitud para destrabar los acuerdos ya conversados durante la semana con el Ejecutivo.

Pese a esta postura pública, la realidad legislativa impone una cuenta ineludible: para aprobar la toma de deuda se requieren dos tercios en ambas cámaras, lo que obliga al peronismo a alcanzar, primero, los acuerdos internos y, luego, a conseguir al menos 24 diputados y 10 senadores fuera del bloque.

Ante el desplome de la sesión, la negociación quedó otra vez en manos del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Ambos serán los encargados de coordinar reclamos municipales y aceitar un acuerdo político que aún parece lejano.

En las próximas horas se oficializará la convocatoria a extraordinarias para el martes 2 de diciembre. Esa será la última oportunidad del oficialismo para sacar la Ley de Financiamiento antes del recambio, que dejará una Legislatura más compleja y con mayor peso libertario.

En el Ejecutivo la preocupación es explícita: “Sin ley de endeudamiento, el Presupuesto es imposible de ejecutar”, admiten cerca de Kicillof, recordando que en 2026 vencen casi u$s1.000 millones que requieren refinanciamiento.

Con el fondo municipal sin cerrar, los cargos aún bajo discusión y una oposición partida entre necesidades territoriales y presión libertaria, la política bonaerense se encamina a un fin de semana de rosca intensa y a un martes que definirá el mapa económico y político del año que viene.