La Justicia Federal de La Plata procesó a dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la causa por el fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes. El juez Ernesto Kreplak consideró que Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó fueron partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales.

La resolución también contempla lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en una víctima. Además, el magistrado dispuso un embargo de $500.000 millones para cada una, la inhibición general de sus bienes y mantuvo la prohibición de salir del país.

Ambas exfuncionarias habían sido detenidas el mes pasado y luego recuperaron la libertad. Ahora continuarán el proceso sin prisión preventiva, ya que Kreplak rechazó mantenerlas detenidas mientras avanza la investigación.

En una resolución de casi 300 páginas, Kreplak sostuvo que durante la gestión de Bisio se apartaron criterios técnicos y procedimientos administrativos que debían aplicarse frente a las irregularidades detectadas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez señaló dos situaciones puntuales. Una fue una reunión realizada el 14 de enero de 2025 entre autoridades de la ANMAT y representantes de ambos laboratorios, de la que no habría quedado un registro oficial. La otra estuvo vinculada con la falta de firma de una carta de advertencia a HLB Pharma que, según la resolución, impedía expresamente que la empresa comercializara determinados medicamentos.

Lugones, bajo presión por el fentanilo y la crisis del PAMI

Para Kreplak, esas decisiones significaron un insuficiente ejercicio del control sanitario que correspondía a Bisio como máxima autoridad de la ANMAT. El magistrado también analizó el vínculo que la exfuncionaria mantenía con el Ministerio de Salud de la Nación.

Respecto de Gabriela Mantecón Fumadó, quien estaba al frente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el juez cuestionó el manejo de los procedimientos administrativos y los tiempos utilizados para avanzar contra los laboratorios.

La exfuncionaria había ampliado su declaración este martes y buscó desligarse de las consecuencias del caso. En ese testimonio sostuvo que el sector donde se elaboraba el fentanilo no había sido inspeccionado en noviembre de 2024, porque no existían reportes que señalaran problemas de calidad en esa línea de producción.

Según su explicación, la inspección a Laboratorios Ramallo se había concentrado en otras áreas, a partir de incumplimientos detectados previamente. La exdirectora del INAME afirmó que esas deficiencias eran críticas, pero que no alcanzaban a la zona destinada a fabricar fentanilo.

Mantecón Fumadó también sostuvo que el laboratorio produjo distintos lotes de fentanilo en diciembre de 2024, entre ellos los 31202 y 31244, y que recién tomó conocimiento de los reportes relacionados con ese medicamento el 5 de mayo de 2025. A partir de esa información, aseguró que ordenó darle prioridad al análisis del caso.

La resolución de Kreplak dedica parte de su análisis a la relación entre la ANMAT y el Ministerio de Salud. Según el magistrado, Bisio transmitía hacia la cartera sanitaria información sobre los procedimientos contra HLB Pharma y Ramallo y, al mismo tiempo, recibía directivas sobre cómo avanzar.

En ese contexto, el juez incorporó declaraciones de las exfuncionarias sobre el ministro de Salud, Mario Lugones, y sobre una instrucción para avanzar “con cautela” frente a las irregularidades encontradas en Ramallo.

Kreplak consideró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal a Lugones por los hechos investigados. Según explicó, las decisiones que surgen de la causa no permiten sostener que su intervención haya favorecido la producción de los hechos que provocaron las muertes y lesiones.

Distinta fue su conclusión sobre Bisio. El juez entendió que la exadministradora tenía la máxima responsabilidad dentro de la ANMAT y que, pese a su rol como intermediaria entre el organismo y el Ministerio de Salud, sus propias decisiones se apartaron de las obligaciones que debía cumplir.

La causa investiga la producción y comercialización de medicamentos elaborados por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ambos vinculados al empresario Ariel García Furfaro, quien permanece detenido.

El expediente comenzó a avanzar con mayor fuerza durante 2025, cuando se detectaron irregularidades en lotes de fentanilo destinados al circuito sanitario. La investigación busca determinar cómo se produjo la contaminación, qué controles fallaron y quiénes tuvieron responsabilidad en la fabricación, distribución y autorización de los medicamentos.

LB/MSS