La Cámara Federal de Casación Penal le dio el golpe de gracia al patrimonio de los condenados por la causa Vialidad. La Sala IV rechazó los últimos planteos defensivos y ordenó ejecutar el decomiso de 111 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez. El objetivo judicial es resarcir de manera efectiva al Estado nacional por el fraude de la obra pública santacruceña, estimado en $685.000 millones.

El fallo detalló con precisión el origen de los inmuebles que pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su administración y eventual venta. La Justicia decomisó 84 propiedades a nombre de Báez, una de la ex presidenta, 19 que fueron transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, y siete distribuidas entre las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto.

Los abogados de la ex mandataria intentaron frenar la medida argumentando que varios bienes de los hijos fueron heredados de Néstor Kirchner o cedidos antes de la investigación. En la misma línea, la defensa de Báez exigió pruebas sobre el vínculo exacto entre las propiedades y el dinero del delito. Sin embargo, el tribunal desestimó de cuajo estos argumentos, considerando que exigir una reconstrucción contable perfecta resulta irracional y terminaría vaciando de contenido la pena.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña conformaron el voto mayoritario y explicaron que, frente a casos de criminalidad económica organizada, alcanza con probar una coincidencia temporal y económica razonable. Por su parte, el magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular el decomiso exclusivamente sobre los 19 bienes heredados por los hijos, pero su postura minoritaria no prosperó en la resolución final.

Esta contundente decisión cerró el último capítulo patrimonial pendiente del expediente, luego de que la Corte Suprema confirmara las sentencias en junio del año pasado. Actualmente, Cristina cumple su pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución.

Dilema opositor: qué hacer con Cristina

El decomiso era la única pieza suelta en el engranaje. El plazo legal para que los condenados respondieran de manera solidaria por el multimillonario agujero fiscal venció en agosto de 2025, pero la ejecución de los bienes quedó en suspenso por la catarata de apelaciones presentadas. Con esta nueva firma, Casación despejó definitivamente el camino para recuperar los activos.

En sus fundamentos, la Cámara destacó que esta medida busca neutralizar los beneficios económicos generados a través de la corrupción. Los jueces señalaron que el dinero robado al Estado se transformó y se mezcló con activos lícitos con el paso de los años, por lo que resulta materialmente imposible trazar una línea directa y exhaustiva hacia cada propiedad adquirida por la familia Kirchner o el grupo empresario.

Ahora, la totalidad de los 111 inmuebles quedará bajo custodia y administración del máximo tribunal del país. Este proceso de recuperación forma parte del marco normativo para delitos contra la administración pública, y marca un punto de no retorno para las defensas, que ya no cuentan con recursos ordinarios disponibles para evitar el desprendimiento de las millonarias propiedades.

TC