La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que apelará la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que restituyó la vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El fallo judicial dejó sin efecto la cautelar que había suspendido más de 80 artículos de la norma, y reactivó su aplicación en todo el país, lo que reabrió el conflicto por su constitucionalidad.

En paralelo, en la conducción de la central sindical remarcaron que mantendrán la estrategia de cuestionar el núcleo de la controversia, centrado en la eventual constitucionalidad de los artículos incluidos en la denominada “modernización laboral”.

Tras la resolución del tribunal de alzada en materia laboral que dejó sin efecto la cautelar dictada en primera instancia, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, le confirmó a Clarín que la organización sindical recurrirá el fallo que anuló la suspensión establecida por el magistrado del fuero laboral.

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En ese marco, afirmó: "Este rechazo lo vamos a plantear en la marcha el 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador, cuando vamos a reivindicar nuestros reclamos y una crítica fuerte a la modernización laboral del Gobierno".

Este jueves, en el interior de la CGT se desarrollaron varias reuniones respecto de la forma en que se debería expresar el rechazo al fallo que habilita la implementación de la modernización laboral impulsada por la administración libertaria.

Fuentes de la sede de la calle Azopardo señalaron que, más allá de la apelación formal ante la Cámara, el objetivo será avanzar sobre el eje sustancial del planteo, con la intención de demostrar la posible inconstitucionalidad de una porción significativa del articulado incluido en la iniciativa legislativa.

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En ese contexto, reconocen que la presentación del recurso extraordinario por parte del oficialismo ante la Corte Suprema contribuyó a acelerar de manera indirecta los tiempos de intervención del tribunal de alzada, lo que, según admiten, explicaría la resolución conocida este jueves. "Igual la Corte va a tardar en expedirse sobre este caso", indicó Rodríguez.

Pese a la defensa del Gobierno frente a las presentaciones de la CGT, el triunvirato que encabeza la conducción sindical observa con atención los fallos individuales que limitaron la aplicación de determinados artículos de la reforma, entre ellos los vinculados al régimen de indemnizaciones.

En ese sentido, señalaron: "Un trabajador de Córdoba logró un fallo a favor porque le querían pagar la indemnización en cuotas y la Justicia le concedió que sea todo junto", apuntó el sindicalista.

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La resolución de la Cámara Laboral se dio a conocer en el marco de la Jornada de Proveedores y Mayoristas realizada en el hotel Sheraton de Pilar, donde más de 200 ejecutivos manifestaron su apoyo a la decisión judicial, en un encuentro que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carmen Álvarez Rivero, y del subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño.

"Estamos celebrando la entrada en vigencia de la Ley porque, a pesar de los intentos de muchos por boicotearla, hemos logrado avances significativos”, sostuvo el vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Armando Farina.

Entre los ejes destacados mencionó la eliminación de la ultraactividad y de los convenios colectivos vigentes; la preeminencia de acuerdos de menor escala sobre los de alcance general; medidas orientadas a reducir lo que el Gobierno llama “industria del juicio”; mecanismos de flexibilidad como el Banco de Horas y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

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Durante el encuentro en el Sheraton, los empresarios subrayaron la necesidad de avanzar en la reglamentación que habilite la negociación de paritarias por empresa, así como la participación del sector en las mesas de negociación salarial, con el objetivo de eliminar los llamados “costos ocultos” que la CADAM señala de manera sistemática desde hace años.

Según expusieron, estos conceptos suelen incorporarse en las discusiones salariales bajo la figura de “autobeneficios” para las partes firmantes. Entre ellos, mencionaron la Contribución Solidaria al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que, según presentaciones judiciales, recauda más de $30.000 millones anuales y se destina a determinadas cámaras empresarias bajo el argumento de financiar capacitaciones laborales que, en los hechos, no se brindan.

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Por otra parte, se hizo referencia al seguro complementario de retiro obligatorio “La Estrella”, que representa un costo adicional del 1,6% sobre el salario. Desde CADAM advirtieron que estos mecanismos incrementan el costo laboral total, afectan la competitividad del sector formal, incentivan la informalidad y obstaculizan la creación de empleo registrado.

Al respecto, la senadora Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado señaló: "Ustedes son la micro, trabajan con costos, márgenes, riesgos, trabajo, por eso festejo junto con CADAM la entrada en vigencia de la Reforma Laboral, que ha dado luz porque ahora se sabe qué es sueldo y que no", dijo.

NG