El Congreso aprobó una nueva ley que atravesó varias reescrituras antes de llegar al texto final, con el acompañamiento de distintas fuerzas políticas. El tema fue analizado en Ronda de Editores, el espacio de +Perfil, en paralelo al paso por la Argentina de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cuyas declaraciones volvieron a poner el foco en las condiciones que el organismo espera del país.

Georgieva remarcó que la Argentina viene mejorando su nota crediticia ante las calificadoras de riesgo porque puede mostrar capacidad de pago de su deuda. Ese diagnóstico se cruza con una agenda legislativa cargada, que incluye la reforma laboral, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la discusión del nuevo RIGI.

Según se explicó, el FMI y buena parte de las calificadoras de riesgo observan si el país está en condiciones de cumplir con su palabra. Eso implica cumplir las leyes y cumplir con el pago de las deudas, algo directamente vinculado a la seguridad jurídica.

Ese punto vuelve a discutirse cada vez que se pone en duda la confianza en la Argentina por parte del círculo rojo y de los mercados internacionales.

Georgieva destacó la reforma laboral como un inicio para atacar otro problema estructural del país: la informalidad y el trabajo no registrado. Habló de la necesidad de incentivar a las pymes y planteó que el conflicto central no pasa por la cantidad de empleo, sino por la calidad de esas condiciones laborales.

La titular del FMI pidió además avanzar rápido con el resto de las reformas pendientes, antes de que el Congreso se paralice de cara al año próximo. "Tenés que avanzar por acá, no esperes al año próximo porque se te va a paralizar el Congreso", fue la síntesis del mensaje que trasladó al Gobierno.

En paralelo avanza en el Congreso la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, un debate más técnico que apunta a otorgarle al organismo una función concreta: sostener el valor de la moneda y prohibir la emisión y los préstamos del Banco Central tanto al gobierno nacional como a provincias y municipios.

La otra gran reforma en discusión es el nuevo RIGI, orientado a atraer grandes inversiones extranjeras a partir de un cumplimiento claro de las leyes. Ambos proyectos se suman a una agenda legislativa que ya arrastra tensión propia.

El 15 de septiembre vence el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe el Presupuesto 2027, en un año marcado por lo electoral. Ese envío se cruzará de manera directa con la negociación por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que corre en paralelo.

Con las provincias se abre otro capítulo, con dos escalas concretas: lo que pueda resolverse este jueves en el Senado sobre la extranjerización de tierras y el proyecto de inviolabilidad, y el nivel de participación provincial en los futuros beneficios del RIGI. El Gobierno ya empezó a hacer sus cálculos de cara a los gobernadores aliados, de cuyos votos también depende.

El desafío político y aritmético para el oficialismo no es menor. Recién el año pasado logró la sanción de su primer presupuesto, un proceso asociado a la gestión de Diego Santilli. El Ejecutivo ya envió un anticipo del Presupuesto 2027, aunque todavía resta ver cómo se resuelve el capítulo electoral que lo atraviesa.