Una investigación divulgada este martes concluyó que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro tuvo "plena conciencia y participación activa" en un frustrado plan de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Sumado a esto, de acuerdo con la pesquisa de la Policía Federal (PF), el ultraderechista también tuvo "pleno conocimiento" de un supuesto plan para matar a Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de octubre de ese año.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes envió la investigación de la Policía Federal sobre el supuesto intento de golpe de Estado orquestado por el expresidente y los suyos a la Fiscalía, que deberá decidir ahora si presenta una acusación contra los 37 sospechosos, que comprenden varios militares y asesores cercanos al exjefe de Estado. También levantó el secreto de sumario, pero mantuvo la confidencialidad de las versiones del coronel Mauro Cid, quien fue "mano derecha" del exmandatario.

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El tamaño y la complejidad de la investigación, recopilada en unas 800 páginas, hace que la posible imputación de Bolsonaro y su núcleo más cercano, entre ellos el exministro de Defensa Walter Braga Netto, no llegue, en caso de hacerlo, hasta febrero de 2025. Dentro de los acusados se encuentran además el exdirector de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el exjefe de Seguridad de la Presidencia Augusto Heleno Ribeiro, y el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

Entre las revelaciones de la pesquisa, consta, por ejemplo, que la Policía Federal concluyó que Bolsonaro tenía "plena conciencia" y "participación activa" en el complot, que buscaba subvertir el orden constitucional. Al respecto, sostiene que el expresidente "planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva" sobre la trama golpista, que no se consumó por "circunstancias ajenas a su voluntad".

En esa línea, la investigación consideró que, en diciembre de 2022, el plan se "abortó" en el último momento por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército, a pesar de que el núcleo cercano de Bolsonaro se habría reunido con ellos. Los entonces comandantes del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, y de la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior, afirmaron ante la Policía que el plan contaba con el visto bueno del expresidente.

Uno de los encuentros analizados por las autoridades es el que se produjo en el Palacio de la Alvorada el 7 de diciembre de 2022, cerca de expirar el mandato de Bolsonaro y con Lula como presidente electo. En él, según el general Freire Gomes, se leyó un plan de actuación que contó con el apoyo del entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, quien también fue acusado.

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Sobre los "borradores golpistas" que se encontraron en el domicilio del exministro de Seguridad Anderson Torres y en la sede del PL en Brasilia, el informe recogió que Bolsonaro recibió dichos textos, que incluían la detención de De Moraes y del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Incluso llegó a remitir una corrección de los escritos, siendo que también habría convocado a los comandantes de las Fuerzas Armadas para presentar el documento con el objetivo de presionar a los militares para que se unieran al golpe.

La policía concluyó que Bolsonaro también tuvo "pleno conocimiento de la planificación operativa (Puñal Verde y Amarillo)", orquestada supuestamente por un grupo de militares para asesinar a Lula, a su candidato a vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

La investigación apunta hacia varios hechos que se produjeron durante la campaña electoral y una vez finalizadas aquellas elecciones de octubre de 2022 en las que salió vencedor Lula y cuyo triunfo Bolsonaro tardó días en reconocer mientras se intensificaban las protestas de sus seguidores.

En ese sentido, la causa recoge una trama organizada para desinformar, atacar las instituciones y poner en tela de juicio la fiabilidad del proceso electoral, así como incitar a los militares a auparse en armas. También se investiga su financiación y el uso ilegal que se hizo de la agencia de Inteligencia brasileña.

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Asimismo, incluye todo el contenido del teléfono de Cid, las revelaciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas que se opusieron a la trama y el plan destapado que incluía el asesinato del propio Lula y Alckmin. Por otro lado, los hechos violentos del 8 de enero de 2023, si bien relacionados con esta supuesta trama para sacar al presidente izquierdista del poder, están siendo investigados en otra causa.

Los 37 sospechosos están acusados de intento de golpe de Estado, cargo que acarrea penas de hasta doce años de cárcel; pertenencia a banda criminal, con hasta ocho años de prisión, y abolición violenta del Estado de derecho, con máximas de ocho años. Corresponde ahora al fiscal general Paulo Gonet decidir si procesa al expresidente y los demás investigados por los delitos señalados por la policía, si archiva el expediente o si solicita nuevas diligencias de los investigadores.

A raíz de la divulgación del informe, Bolsonaro negó este lunes haber participado en conversaciones sobre el plan golpista tras su derrota en las elecciones de octubre de 2022. Asimismo, atribuyó la investigación de la Policía Federal a una "persecución política" en su contra.

"Nunca he debatido un golpe de Estado con nadie. Si alguien venía a hablar de un golpe de Estado conmigo, yo preguntaba: '¿Y el día después? ¿Cómo nos encontramos ante el mundo?'. La palabra golpe de Estado nunca ha estado en mi diccionario. Nunca haría nada fuera de las cuatro líneas de la Constitución. Se puede resolver todo en las cuatro líneas", planteó en una rueda de prensa al defenderse de las acusaciones.

Y agregó: "Tienen que estar involucradas todas las fuerzas armadas, si no, no existe golpe. Nadie va a dar un golpe con un general de reserva y media docena de oficiales".

Durante su intervención ante los periodistas, el expresidente señaló que es víctima de una "persecución política", asegurando que puede ser detenido en cualquier momento. "Puedo ser arrestado ahora, cuando me vaya de aquí", manifestó desde el Aeropuerto Internacional de Brasilia.

En ese sentido, el exmandatario acusó a Moraes, a quien considera su enemigo político y un "dictador", de actuar fuera de "la ley" para impedir su regreso al poder. Bolsonaro pretende ser candidato en las elecciones de 2026, pero se encuentra inhabilitado por la justicia debido a una condena en otro proceso por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral brasileño.

MB / Gi