Una advertencia sobre el límite de la supervivencia del sector privado marcó el encuentro entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y el delegado del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, Max Alier. Los empresarios le plantearon al organismo multilateral que la hoja de ruta del Gobierno encierra un riesgo sistémico para el mercado interno: la apertura comercial, ejecutada en pleno ciclo recesivo y sin un alivio en la carga tributaria, amenaza con borrar del mapa a las empresas que no logren acortar su brecha de productividad.

La reunión, presidida por el titular de la entidad, Natalio Mario Grinman, tuvo como objetivo formal la presentación de los lineamientos del último informe sobre el programa con Argentina del organismo, que evalúa las perspectivas de la economía bajo la actual administración. Si bien en la entidad existe un firme respaldo al ordenamiento macroeconómico y a la búsqueda del equilibrio fiscal, el clima interno está marcado por un creciente nerviosismo frente a los daños colaterales de la transición sobre el tejido productivo tradicional.

El punto clave giró en torno a la apertura de la economía. Los miembros del Consejo Directivo plantearon una inquietud: cómo harán para sobrevivir los sectores más rezagados en productividad a medida que el Gobierno elimine las barreras al comercio internacional. Hoy, la economía argentina sigue siendo una de las más cerradas a nivel global en términos de comercio exterior sobre el PBI, indicaron en la CAC, según pudo saber PERFIL. Sin embargo, un proceso de liberalización acelerado, aplicado en medio de una severa retracción del consumo interno, enciende las alarmas de una crisis de rentabilidad en el eslabón comercial y de servicios.

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Esta preocupación empresaria contrasta y, a la vez, dialoga con las propias advertencias del FMI. En el Staff Report el organismo multilateral reconoce explícitamente los riesgos asociados a la apertura. El documento subraya que "serán necesarios mayores esfuerzos para mitigar los costos de dislocación asegurando que las ganancias del sector primario en auge se traduzcan en beneficios de base amplia a través de sectores y provincias". Mientras el programa económico confía en que los sectores extractivos generarán efectos indirectos positivos en el empleo hacia los servicios, la cúpula del comercio advirtió que, en el "mientras tanto", las empresas que dependen del mercado doméstico corren serios riesgos.

El otro gran frente de inquietud ante Alier fue la cuestión tributaria. La CAC aprovechó la visita del representante internacional para reiterarle al FMI frente a sus recomendaciones técnicas en materia fiscal. La entidad dejó en claro que considera "inapropiada", bajo las actuales circunstancias recesivas, la propuesta del organismo de sostener la consolidación fiscal mediante la ampliación de la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y a través de un incremento del Monotributo.

Fuentes que participaron del cónclave aseguraron que el mensaje transmitido fue que sumar presión fiscal sobre la clase media asalariada asestará un golpe letal a un consumo que ya transita una fase de franco amesetamiento, licuando en términos reales los ingresos de los hogares.

Este planteo choca con la hoja de ruta estructural que el FMI diseñó para la Argentina. El documento técnico del organismo detalla que, como sostén del ancla fiscal, se está trabajando en un plan de reformas para reducir gradualmente los impuestos distorsivos, al tiempo que se simplifica el sistema tributario y se amplía la base impositiva mediante la racionalización de exenciones y regímenes especiales.

Pero la visión de la CAC es que "sin un incremento de los ingresos personales, una mayor presión tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia solo reduciría los niveles de consumo, ahogando una recuperación de la que comienzan a observarse los primeros síntomas".

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Además, los empresarios advirtieron al organismo de crédito que un encarecimiento significativo del Monotributo —o el traspaso forzado de sujetos adheridos al Régimen General— generaría un "efecto contrario al del aumento de la recaudación" esperado, empujando masivamente a miles de pequeños contribuyentes hacia la informalidad estructural.

Donde sí hubo plena coincidencia de diagnóstico entre el establishment y los técnicos de Washington fue en la evaluación sobre el esquema impositivo provincial y el impacto de la evasión. Durante la reunión, la CAC mostró una profunda preocupación por la elevada informalidad reinante en el país. Esta evasión sistémica genera que la carga impositiva recaiga siempre sobre el mismo universo reducido de empresas formalizadas, repartiendo el costo del Estado de manera injusta e inequitativa.

En esa misma línea, el reclamo empresarial apuntó directo al corazón del financiamiento de los gobernadores: los impuestos en cascada y altamente distorsivos como Ingresos Brutos, Sellos y las diversas tasas municipales, especialmente la de Seguridad e Higiene. Para el sector del comercio y los servicios, estas exacciones subnacionales constituyen, hoy por hoy, "la mayor preocupación actual para el sector empresario", operando como un freno de mano a la inversión privada.

Este diagnóstico está calcado en el análisis elaborado por el FMI, quien en el documento indicó que las provincias y los municipios dependen del distorsivo impuesto a los Ingresos Brutos y de muchos otros impuestos y derechos, que se suman a la carga fiscal de la Argentina y al costo de hacer negocios.

En la visión de la entidad que conduce Grinman, cualquier reforma tributaria integral que busque ser exitosa y no un mero parche para alcanzar la meta de déficit cero debe incluir obligatoriamente a las jurisdicciones locales como sujetos activos del ajuste. La postura de la cámara exige que gobernadores e intendentes avancen en reformar sus estructuras fiscales, forzándolos a reducir el gasto público en términos reales y, en simultáneo, a bajar la presión de los tributos que asfixian la rentabilidad empresaria.

AM